La cúpula del PSOE se ha asegurado que no haya movimientos sísmicos en el partido hasta el último trimestre de 2021, que en estos tiempos de crisis resulta una eternidad. La decisión de aplazar el 40. Congreso Federal a fines de octubre con la excusa de la pandemia apunta en esa dirección, porque los congresos regionales serán todos después del central, según la tradición del partido. Por tanto, la mayor caja de resonancia de la disidencia interna estará apaciguada por muchos meses más.

El presidente del Gobierno gana así oxígeno tras la subida de tono de alguna oposición interna que viene asomando, como la del barón manchego García-Page, tras la consolidación de la mayoría apoyada en la izquierda y partidos soberanistas. Un nuevo equilibrio que no es tampoco del agrado de los liderazgos del PSOE de Extremadura y Aragón, más proclives a pactos con la derecha, pero sí apoyado por el socialismo mediterráneo del tridente Iceta-Puig-Armengol y del de la CAV y Nafarroa.

Según Ferraz, la maquinaria del «calendario precongresual» se iniciará en setiembre y se establecerán las fechas de reuniones en las diferentes autonomías. Fuentes del PSOE señalaron a GARA que hasta ahora los únicos que han manifestado interés en competir en primarias por el liderazgo local son una fracción de los socialistas andaluces. Sin embargo, no se descarta que en Galicia y Madrid pueda haber renovación de cargos, especialmente por no haber obtenido buenos resultados autonómicos. En donde tampoco gobiernan, como Murcia, Cantabria y Castilla y León, las cúpulas regionales están alineadas a Moncloa y los refrenda la mejora electoral de 2019.

Lo que se descarta es el intento de defenestraciones allí donde el sanchismo no impera: el artículo 226 de los estatutos del partido establece condiciones muy difíciles de cumplir para abrir primarias contra un líder que ocupe la presidencia autonómica. El único alto cargo partidario vacante y que podría decidirse es el de portavoz, aunque de facto lo oficia el ministro José Luis Ábalos.

Batería legislativa
2021 no será 2020. Un año legislativo del cual se espera más que del  anterior, signado por la pandemia y los estados de alarma. Moncloa tiene en carpeta varios proyectos, algunos ya en tratamiento legislativo, varios de los cuales prometen una ardua negociación con su socio.

Fuentes del grupo parlamentario afirmaron a GARA que los proyectos (es decir, impulsados por el Ejecutivo, ya que las proposiciones son iniciativa del Congreso) que tienen prioridad para ser discutidos en los próximos meses son la ley de cadena alimentaria, la ley de memoria democrática, la de infancia y adolescencia y la de igualdad de trato y no discriminación.

La primera busca reformar la ley de 2013 y cuenta con el apoyo de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Su objetivo es evitar la venta a pérdidas de productos alimenticios y mejorar la retribución de los productores, aunque las grandes patronales ya han advertido por la presunta inseguridad jurídica del concepto de coste efectivo de producción.

La Ley de Memoria Democrática está a cargo de la vicepresidenta Carmen Calvo e intentará reforzar la de memoria histórica aprobada por Rodríguez Zapatero y cubrir algunos blancos que quedaron. Entre las medidas insignia está la de buscar la reparación económica por parte de las empresas para las víctimas que sufrieron trabajo esclavo.

En tanto, la ley de infancia y adolescencia es la medalla particular que el vicepresidente Pablo Iglesias desea colgarse. Su área de Derechos Sociales está a cargo de este proyecto que quiere proteger a los menores de situaciones de violencia y abuso. Es denominada «Ley Rhodes» por las contribuciones y apoyo explícito del famoso pianista James Rhodes, inglés radicado en Madrid y víctima de abuso durante su infancia.

Con respecto a la ley de igualdad de trato, conocida como la «Ley Zerolo», es particularmente impulsada por el PSOE en honor a su ex secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo, legendario activista LGBTi madrileño fallecido en 2015. La iniciativa la desarrolló antes de morir pero el PSOE ha registrado hace pocos días el texto, que apunta a establecer sanciones a la discriminación en todos los ámbitos y a regular en ese sentido el uso de nuevas tecnologías.

¿Y la polémica Ley Trans? Pues el PSOE ha decidido bajarle el tono a la disputa que, en los hechos, lleva adelante Calvo con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Desde la formación morada recuerdan que la socialista cordobesa «no le perdona» a la dirigente de Podemos haberse quedado con las áreas de igualdad y feminismo. Seguramente el borrador tendrá algunos retoques en la negociación partidaria pero saldrá adelante porque cuenta con el apoyo del sector LGBTi del PSOE.

Chispazos por la economía
La coalición de Gobierno camina por campo minado en lo que hace a la normativa relacionada con la economía. Si bien los proyectos mencionados antes tienen casi asegurada su aprobación por la mayoría progresista, es en terreno de la ministra Nadia Calviño en donde se entra en una ciénaga.

Desde UP se muestran ansiosos por aprobar la ley de regulación de los alquileres que limitan los beneficios de los fondos buitres, pero Abalos ha admitido públicamente que «no hay una posición común». «El PSOE pidió aparcarla hasta después de las catalanas», dijeron a GARA desde la formación morada, y recalcan que uno de los puntos en conflicto es la prohibición de desahucios a familias vulnerables. La encargada de negociar con Abalos es Ione Belarra y por ahora no hay visos de unidad.

Fuentes del PSOE avisan de que también vendrán dos proyectos económicos: uno sobre fiscalidad y relación de las empresas con Hacienda y otro que, si bien no quieren adelantar mucho, tendrá que ver la regulación del accionariado y los grandes empresarios, «el funcionamiento interno».     

En la acera de enfrente aguarda Iglesias ansioso por otro tipo de medidas más ambiciosas en las que tampoco hay acuerdo: la subida del salario mínimo (lo tiene en carpeta la ministra Yolanda Díaz), la derogación parcial de la reforma laboral de Rajoy y las ayudas directas a la hostelería e industria turística.

Podemos tiene bajo la manga otra ley que traería grietas: la de protección animal, presentada días antes que estallara la epidemia de coronavirus en el Estado y que ahora podría volver, con elementos «antitaurinos», aseguran. «Muchos del PSOE son taurinos y eso puede traer polémica», admiten.

Cuando se pregunta por la coexistencia de los socios de la coalición, nadie derrocha optimismo pero tampoco ánimo de ruptura. «Las tensiones con el PSOE van a seguir», opinan desde una oficina de la vicepresidencia segunda. Desde el grupo del PSOE piden «diferenciar la buena relación entre los parlamentarios» con respecto «a lo que pasa en el Ejecutivo». Recalcan el diálogo «casi diario» entre los portavoces Lastra y Echenique.

Sobre todo, ponderan que «más allá de la crispación en los medios, en el último año se aprobaron casi 40 leyes y reales decretos». Pero 2021 no es 2020, los márgenes de maniobra son otros y, como lo muestran algunas encuestas, la coalición acusa desgaste. El tiempo y las leyes mostrarán hasta qué punto.