Una plataforma compuesta por personas que trabajan en el ámbito de la lucha contra la pobreza y la exclusión ha registrado en el Parlamento de Gasteiz una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear en la CAV una Renta Básica Incondicional (RBI) para todos los ciudadanos y ciudadanas de la CAV que iría desde los 270 a los 900 euros.

Según han explicado en rueda de prensa los promotores de esta ILP, se trataría de un ingreso individual, universal e incondicional que recibirían todos los residentes en la CAV, se financiaría con los presupuestos generales y sería un derecho subjetivo, es decir que como la sanidad y la educación «prevalecería sobre cualquier circunstancia» que pueda afectar a las cuentas.

Este ingreso sería de 900 euros mensuales para las personas mayores de 18 o menores de esa edad emancipadas, de 450 euros (el 50% de la cantidad inicial) para las de 14 a 18 años no emancipadas y de 270 euros (el 30%) para las que tengan menos de 14 años.

Esta renta, calculada en función del umbral de pobreza de la CAV, tendría un carácter universal e incondicional por lo que todas las personas residentes en la CAV tendrían derecho a percibirla, con independencia de si tienen o no empleo, de con quiénes convivan, de sus otras fuentes de renta o patrimonio y de su estatus administrativo.

La RBI nunca podría ser inferior al umbral de pobreza relativa del CAV y se garantizará que su importe se incrementará en función del IPC siempre que este sea mayor que cero. Los promotores de esta ILP han remarcado que la RBI no supondría ningún recorte o menoscabo de los derechos subjetivos que actualmente conforman el estado de bienestar sino que se suma a estos.

El objetivo de esta ILP es lograr una nueva «herramienta», una nueva ley para acabar con la pobreza, que además permitiría una mayor autonomía a la ciudadanía para decidir, así como capacidad negociadora de sus condiciones laborales, elegir dónde invierte su tiempo de trabajo, entre otras.

Los promotores de esta renta han mantenido que no es una utopía y que a través de una reforma fiscal sería plenamente asumible en términos presupuestarios, por lo que han indicado que depende de si existe o no voluntad política.

Tras su registro, la iniciativa será remitida a la Mesa del Parlamento, que tendrá que decidir sobre si la tramita y si es así comenzará la recogida de las 10.000 firmas necesarias para su discusión parlamentaria, tal y como han indicado durante la presentación a los medios de esta ILP frente a la Cámara.

Han insistido en que ahora comienza un proceso «largo» y han remarcado la importancia de la movilización social para lograr esta renta.