![Imagen del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (HANDOUT/AFP)](/media/asset_publics/resources/000/776/957/article_main_landscape/Blinken_ONU.jpg)
Estados Unidos ha marcado este miércoles su regreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de tres años de ausencia durante la Administración Trump, con la advertencia de que lo usará para denunciar las «violaciones a las libertades fundamentales» en China, Rusia o Venezuela, e intentará reducir su sesgo «antiisraelí».
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha intervenido por primera vez en este foro, celebrado en formato virtual debido a la pandemia, para manifestar que Washington vuelve a confiar en el Consejo para promover «libertades fundamentales», pero no a cualquier precio, ya que este órgano, en su opinión, necesita cambios.
El Consejo debería reconsiderar, por ejemplo, «su desproporcionado enfoque contra Israel» o el hecho de que entre sus miembros haya frecuentemente regímenes autoritarios», según Blinken, quien ha opinado que «los que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser miembros».
Las frecuentes condenas del Consejo de Derechos Humanos a Israel fueron precisamente usadas por el anterior presidente estadounidense, Donald Trump, para abandonar este órgano en 2018, aunque en contraste Blinken ha anunciado hoy que Estados Unidos se presentará como candidato a formar parte de él para el trienio 2022-24.
El Consejo de Derechos Humanos, que se reúne unas tres veces al año durante varias semanas para debatir los principales problemas globales en la materia, se compone de 47 miembros que se renuevan parcialmente cada año, y actualmente tiene en su bancada a países como Rusia, China, Venezuela o Cuba, muy criticados por Washington.
Todos ellos han sido mencionados en su discurso por Blinken, quien ha señalado que Washington usará el foro para «seguir denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán» así como «las atrocidades» cometidas en China o «cuando las libertades fundamentales son atacadas en Hong Kong».
Al Gobierno ruso le ha exigido una vez más que «libere inmediatamente y sin condiciones a Alexei Navalni y otros cientos de ciudadanos rusos erróneamente detenidos por ejercer sus derechos», y también ha recordado los ataques a las libertades fundamentales en Birmania, Siria o Corea del Norte.
«Esperamos trabajar con nuestros socios en este órgano y con las ONG de todo el mundo para garantizar que el Consejo cumple su función y efectivamente contribuye a la mejora de los derechos humanos en el mundo», ha resumido el jefe de la diplomacia norteamericana.
Blinken también ha reconocido que «Estados Unidos no es perfecto, pero trabajamos cada día para mejorar y rendir cuentas», haciendo gala de una apertura que, ha afirmado, no suele observarse en regímenes autoritarios «que violan los derechos humanos con impunidad».
Rusia: «El Consejo no necesita una reforma»
Blinken ha intervenido pocos minutos después de que lo hiciera su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien frente a las peticiones de cambio del secretario de Estado estadounidense, ha asegurado que el Consejo de Derechos Humanos «no necesita una reforma radical en su estatus», aunque sí ha concedido que precisa de «algunos ajustes».
Evitando referirse directamente a Estados Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores ruso ha criticado a algunos gobiernos occidentales por ignorar las llamadas desde Naciones Unidas para que se suspendan las sanciones unilaterales a determinados estados con el fin de favorecer la entrega de ayuda humanitaria durante la pandemia.
En este sentido, el ministro de Exteriores ruso ha lamentado «la politización de las cuestiones humanitarias y el intento de usar la pandemia para castigar a gobiernos». También ha denuncaido la proliferación de «campañas agresivas de noticias falsas que dañan la estabilidad política en los Estados y aumentan el desorden y la violencia».
El principal foco del discurso de Lavrov, sin embargo, se ha centrado en Ucrania, ya que el ministro ha acusado al país vecino, junto a las naciones bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) de discriminar a su población de habla rusa.
El ministro ha asegurado que Ucrania «ha comenzado un proceso para retirar el lenguaje de las minorías nacionales de la arena pública y de la educación», pese a que el idioma ruso es utilizado por entre el 30 y el 50% de la población nacional, dando pasos «hacia la destrucción del multilingüismo y el multiculturalismo».
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