![Manifestantes entre el humo de los gases lacrimóngenos en Rangún. (Sai Aung Mai/AFP)](/media/asset_publics/resources/000/778/170/article_main_landscape/myanmar.jpg)
Al menos 18 manifestantes han muerto y 30 han resultado heridos este domingo en Myanmar por la represión de la Policía y el Ejército en las protestas contra la junta militar, según datos de la ONU, en el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de febrero.
«En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal», ha denunciado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
Según las informaciones recogidas por este organismo, las muertes han ocurrido como resultado de los disparos contra manifestantes en Rangún, la mayor ciudad del país, Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik.
Las fuerzas de seguridad han abierto fuego de manera indiscriminada para reprimir las manifestaciones masivas que exigen a los militares que devuelvan el poder y liberar a los políticos detenidos tras la asonada.
El número de muertos, que con los 18 de hoy ascienden a 22 por los disparos directos de los uniformados desde el golpe, podría aumentar dada la violenta represión desatada por las autoridades a lo largo del país.
«Birmania es un campo de batalla», ha denunciado el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, al describir en Twitter la situación actual del país.
La Policía ha utilizado balas de goma, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes, que en Rangún han levantado barricadas improvisadas para frenar las acometidas.
A pesar de las cargas y violencia policial, los manifestantes regresaban una y otra vez a hacer frente a la Policía, apoyada en las calles de la antigua capital por unidades militares.
479 detenidos el sábado
Desde hace semanas, centenares de miles de personas se manifiestan en contra de la junta militar y exigen la puesta en libertad de todos los arrestados tras el golpe de Estado, entre ellos la depuesta líder, Aung San Suu Kyi.
El canal público MRTV, ahora bajo control militar, informó anoche de la detención el sábado de 479 personas acusadas de «protestas contra el Estado» durante una de las jornadas más violentas desde el levantamiento.
En el mes de manifestaciones se calcula que más de 1.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria e ilegal, y que entre ellos hay varios responsables políticos, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y profesionales médicos.
La Oficina de la alta comisionada de la ONU ha señalado que solo este domingo se han detenido al menos 85 profesionales médicos, estudiantes y siete periodistas que estaban en las protestas.
La junta militar asegura, por su parte, que la Policía utiliza la fuerza mínima contra las manifestaciones y la Policía ha amenazado «tomar acciones legales» contra los líderes de las manifestaciones.
Los militares destituyen al embajador ante la ONU
Por otra parte, el Ministerio birmano de Asuntos Exteriores ha destituido al embajador de Myanmar en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado. Kyaw Moe Tun pidió el viernes en un discurso frente a la Asamblea General de la ONU medidas contundentes para terminar con el Gobierno militar.
El Ministerio acusa a Kyaw Moe Tun de cometer un delito de «alta traición» contra el país y de «abusar de los poderes y responsabilidades» durante su intervención, que terminó con el gesto de alzar tres dedos popularizado entre la oposición a los militares.
El relator especial de la ONU para Myabnmar, Tom Andrews, ensalzó el gesto de valentía de Kyaw Moe Tun y pidió que los países actúen contra el Gobierno militar.
El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.
A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011, el Ejército mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país.
La junta militar la encabeza el general golpista Ming Aung Hlaing, acusado de genocidio en el Tribunal de La Haya por la campaña militar contra la etnia rohinyá en 2017 en el oeste del país.
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