En el Estado español en 2019 había casi 147.000 niños y niñas inmigrantes en situación administrativa irregular, una realidad de la que no se escapa Euskal Herria. Según los datos aportados por Save the Children y la Fundación porCausa en el informe «Crecer sin papeles», en la CAV el porcentaje de menores sin la documentación requerida se sitúa en un 6,33, mientras que en Nafarroa es del 2,27%. El miedo a ser descubiertos y, por tanto, a la apertura de un expediente de expulsión marca el día a día de estos menores y de sus familias.

En entrevista a NAIZ, Jennifer Zuppiroli, experta en infancia en movimiento de la ONG y coautora de este trabajo, desgrana las consecuencias de no tener un permiso de residencia o un Número de Identificación de Extranjero. Reclama la regularización de estos menores y sus familias, más aún en un contexto de pandemia, y subraya que «el valor moral de una sociedad se nota en cómo trata a sus niños y niñas y a los más débiles».

El informe «Crecer sin papeles» destaca como denominador común el miedo. ¿En qué se plasma en el día a día de estos niños y sus familias?

Los adultos sienten miedo a que si acceden al centro de salud o si intentan escolarizar a sus hijos o inscribirlos en cualquier otra actividad o servicio, les pidan cualquier tipo de documentación y  entonces salga a la luz su situación de irregularidad y ser denunciados por ello, con el riesgo que ello acarrea de apertura de un expediente de expulsión. También tienen miedo de que les separen de sus hijos. Viven en un limbo muy sutil en el que saben que tienen ciertos derechos, pero que hay otras muchas cosas de las que están excluidos.

El miedo les invade cada vez que tienen que entrar en contacto con un funcionario público. Tenemos que entender que en sus países de origen, la manera de funcionar tal vez es muy distinta; puede ser que identifiquen a funcionarios públicos en general con personas que colaboran con la Policía. Esa conciencia de que les consideramos ‘irregulares’ y hasta ‘ilegales’ hace que se sientan expuestos a un peligro cada vez que interactúan con servicios públicos. Ha habido casos de muy malas prácticas como el de una mujer a la que la Policía le abrió un expediente de expulsión por no tener papeles cuando fue a comisaría a denunciar ser víctima de violencia de género. Por suerte, no es algo sistemático, pero la irregularidad expone a estos inmigrantes al trato que quiera darle la otra persona en ese momento según la información y formación que tenga sobre los derechos que tiene la población en situación irregular.

Los niños y niñas sufren una doble discriminación porque se enfrentan a obstáculos para acceder a derechos y servicios que teóricamente tienen reconocidos como la educación. Hemos oído muchas historias de niños y niñas que no pueden solicitar el certificado oficial del curso porque se les exige una documentación que no tienen o no pueden cumplir todos los requisitos para terminar el ciclo escolar debido a que no pueden realizar las prácticas por no poder tener un contrato o porque no pueden participar en la excursión de fin de curso que les da créditos académicos. Esto aleja a ese menor de la posibilidad de tener éxito escolar.

En cuanto a la salud, es verdad que tienen el acceso gratuito garantizado, pero sabemos que en algunas comunidades autónomas cuando sus progenitores pierden el permiso de residencia pierden la tarjeta sanitaria y eso implica que las familias tengan que costearse tratamientos farmacéuticos para los cuales no tienen medios económicos.

Debido a la irregularidad administrativa de sus padres, el riesgo de pobreza y vulnerabilidad es mucho mayor respecto a cualquier otro colectivo. Hablamos de niños y niñas que viven en casas que tienen peores condiciones porque sus progenitores no pueden ser titulares de un contrato de alquiler. Las condiciones de la vivienda están muy relacionadas con el éxito o el fracaso escolar.

En la presentación, el director general de Save the Children, Andrés Conde, se refirió a «la brecha de espacio» junto a la «brecha educativa». Expuso la paradoja de que han recibido kits de escritorios, pero que muchas familias no tienen espacio físico para colocarlos.

Efectivamente. Esto nos conduce una vez más a las condiciones de la vivienda y su impacto en la vida cotidiana, algo de lo que casi nunca se habla. Estar en situación irregular y, por tanto, carecer de documentación o de un permiso te excluye de la posibilidad de acceder a un piso digno y en condiciones, ya sea en alquiler o compra. Esto implica que a menudo tengan que convivir varias familias, por lo que ese niño o niña no tendrá un cuarto propio o una sala donde estudiar, con unos horarios preestablecidos y donde habrá gente entrando y saliendo a cada rato.

El informe pone como ejemplo el caso de Gabriel, chileno de 18 años, con Trastorno del Espectro Autista y a quien la falta de privacidad, los cambios de vivienda y el hecho de tener que compartir una habitación con su madre y su hermano de cuatro años le han provocado un cuadro de tristeza y de baja autoestima. O el de Sara, una niña colombiana de ocho años que recibe atención sicológica por problemas de adaptación.

Nos preocupa mucho la salud mental de los niños y niñas que están en situación irregular y que por ello viven en un contexto de presión y tensión. Es evidente que si sus padres y madres trabajan en un sector informal, mal pagado, no tienen una buena vivienda... todas esas preocupaciones repercuten en el día a día de estos menores, lo que les genera mucha angustia y miedo a los demás. Les transmitimos la sensación de que no son ciudadanos de pleno derecho. Todo esto puede tener impactos muy fuertes en la infancia. Nuestro punto de partida es que siempre debería de prevalecer el interés superior del niño por encima de cualquier otra consideración derivada de su situación migratoria o de la de sus progenitores.

Uno de los objetivos de «Crecer sin papeles» es romper el silencio. Los compañeros de Sandy, paraguaya, no entendían por qué no podía ir con ellos al viaje de fin de curso. No alcanzaban a comprender el concepto sin papeles. ¿Se deben abordar estas situaciones de manera abierta para, precisamente, romper ese silencio?

Sin duda debería ser algo a abordar, pero también hay que intentar dar una solución. Evidentemente, es muy importante sensibilizar e informar a las personas que están alrededor de las familias y de los niños sobre su condición y cómo esta les afecta en su día a día. En general, creo que los derechos sociales y humanos de las personas deberían ser algo que se enseña en las escuelas, pero también necesitamos una sociedad que reclame esos derechos para toda la población y que sea consciente de que hay excepciones de esa ciudadanía plena de la que disfrutamos la mayoría de las personas y pida que esos mismos derechos de los que gozamos lleguen hasta el último niño o niña.

Choca que el estatus administrativo de los niños inmigrantes dependa exclusivamente del desus progenitores cuando España ha ratificado la Convención de Derechos del Niño.

Es verdad que tenemos una normativa bastante inclusiva en el sentido de que reconoce el acceso a la educación y a la salud, pero entra en contradicción con Ley de Extranjería, porque en el momento en que un niño o una niña es reagrupado depende del permiso de residencia de sus progenitores. Hemos propuesto incluir en la Ley de Extranjería una mención expresa a que todos los niños y niñas se considerarán regulares como se prevé con la infancia no acompañada y tutelada por los sistemas de protección autonómicos en el Art 35.7 LOEX: Pedimos que sea considerada regular, a todos los efectos, la residencia de todos los menores de edad en España.

¿Y, qué ocurre con los menores inmigrantes no acompañados?

Están en una situación de más aguda vulnerabilidad por el hecho mismo de no tener familiares en España, un referente para su cuidado que pueda apoyarles en ese tránsito a la vida adulta y a alcanzar un nivel de emancipación que les permita una vida digna. La infancia tutelada tiene reconocida la regularidad hasta los 18 años. Si para cuando cumplen la mayoría de edad no se les expide un permiso de residencia, el acceso a derechos básicos se ve totalmente obstaculizado por la falta de papeles.

El informe hace hincapié en la siguiente reflexión: «El modo en que una sociedad se comporta con los grupos de población vulnerable establece el rasero de su dignidad colectiva».

Así es. Los niños y niñas son el futuro y como sociedad, con un Estado de derecho establecido y reconocido, tenemos la tarea de no dejar a nadie atrás y de reconocer de manera plena los derechos de la infancia.

La pregunta, afirma Save the Children, no es si se debe regularizar a estos 147.000 menores, sino cuándo y cómo.

El valor moral de una sociedad se nota en cómo trata a sus niños y niñas y a los más débiles. La mitad de los 147.000 menores en situación irregular tienen menos de 10 años; un 40%, menos de 5 años. Creo que es todo lo que necesitamos saber para impulsar un proceso que haga que estas familias puedan acceder al apoyo que necesitan y que merecen por ser parte de nuestra sociedad. Es necesario entablar una conversación en la que digamos cuántos niños y niñas vamos a regularizar, los plazos… Debe haber un proceso de regularización para las familias con menores a su cargo.

¿Ve posible esa regularización?

La vemos posible y necesaria. Pedimos que se regularice tanto a los niños en situación irregular como a los progenitores de los que dependen. En circunstancias excepcionales como una pandemia, es el momento de adoptar medidas excepcionales para lograr esa inclusión. El lema es que nadie se quede atrás.

Cuanto más esperemos, más irregularidad se irá generando. Esta situación podría complicarse aún más a causa de la crisis del coronavirus, la caída del empleo entre la población migrante y su impacto en los permisos de residencia. De acuerdo con nuestras estimaciones, el número de personas migrantes en situación irregular en España podría verse incrementado en un número superior a los 160.000 trabajadores, un incremento del 42% sobre las cifras actuales. En cuanto a los menores, podría haber 13.000 casos más.