La actividad que desarrolla Anfas en Nafarroa puede verse compometida si no se mejora la financiación pública, según ha advertido en el Parlamento su presidente, Javier Goldáraz, quien ha asegurado que la asociación, con 139 trabajadores, 511 voluntarios y 2.487 socios para atender a 1.318 personas con discapacidad intelectual y trastorno de desarrollo, tiene «un futuro incierto».

«No vengo a pedir un favor ni vengo a pedir caridad, vengo a reclamar justicia y a reivindicar derechos», ha dicho, y ha pedido «un trato justo» para una asociación con 60 años de vida que «llega a donde la administración no lo hace» y que «acompaña a las personas en todas las etapas de su vida, lo que exige adaptarse a los cambios y a las necesidades que se van creando y estar en el lugar donde residen, con sus apoyos naturales».

Esta atención descentralizada significa «poner a las personas en el centro», ha precisado, y subrayado que están allí donde se les necesita, «porque todas las personas deben ser ciudadanos de pleno derecho» y para hacerlo realidad, «las buenas intenciones, los nobles deseos y palmadas en la espalda no sirven».

Según Goldáraz, se trata de «no dejar a nadie atrás», pero para eso Anfas necesita «certezas, seguridad y compromiso», porque «ya ha vendido todo su patrimonio» y los socios «no pueden seguir adelantando» más dinero sin saber si lo van a recibir.

Tras recordar que han sido merecedores de la Medalla de Oro de Nafarroa, entre otros reconocimientos, ha reclamado «una dotación acorde» a sus características, porque «si las necesidades y gastos más básicos no están cubiertos, no podemos seguir».

«Con el agua al cuello»

«Estamos con el agua al cuello», Anfas necesita una solución «de continuidad» porque «300.000 euros es el déficit que tenemos cada año», ha agregado, y criticado un sistema «injusto» de subvenciones al fomento del asociacionismo, según les «reconocen» los técnicos del Gobierno.

En este sentido, el trabajador Pablo Morentin ha indicado que es «injusto e insuficiente» y además «no se reparte de forma equitativa», y al respecto ha comentado que en 2020 recibieron por esta vía 132.000 euros, un 56% menos que en 2008, que Anfas recibe del Gobierno 75 euros por usuario mientras otras asociaciones obtienen 575, o que hasta el momento, por gastos covid les han dado «0 euros».

Helena Gallego ha destacado, por su parte, la importancia de la labor descentralizada que realiza Anfas «para la promoción de la autonomía de las personas» y valorado unos servicios trasversales como la prevención de riegos laborales, que en la pandemia han dado «seguridad» a usuarios y trabajadores, pero, sin embargo, fomento del asociacionismo «no valora nuestra implantación en zonas, ni nuestra historia ni el número de personas a las que atendemos».

«No queremos pelearnos (con otras asociaciones) ni dividir Anfas» para concurrir a la convocatoria con sus siete sedes de forma independiente, lo que «supondría quedarnos con toda la partida», pero sí que «se nos trate con la particularidad que tenemos» y la solución, que «no es cuestión de un año, necesita ser consolidada en el tiempo», lo que implica cambiar un sistema «perverso», ha concluido.

Terminadas las intervenciones, todos los grupos han reconocido y valorado el papel de Anfas. Navarra Suma ha mostrado además su apoyo a las reivindicaciones y anunciado una iniciativa en el Parlamento, mientras que el PSN ha dicho que las estudiará buscando consensos políticos y con otras asociaciones.

Por su parte, Geroa Bai ha considerado que se trata de un «problema estructural» que debe abordar el Gobierno, EH Bildu e I-E han planteado la necesidad de una reforma fiscal que dote a la Administración del dinero suficiente para atender las necesidades, y Podemos ha ofrecido su trabajo para ver «cómo reconducir» la situación.