El excomisario José Villarejo ha salido de prisión una vez que el juez de la Audiencia Nacional español Manuel García Castellón ha acordado su puesta en libertad con una serie de medidas cautelares.

Villarejo ha salido pasadas las 18.30 de la cárcel madrileña de Estremera con la advertencia de que ahora va a poder hablar para defenderse.

«Es la única razón por la que me han tenido preso, para que no hablara», ha manifestado Villarejo a los periodistas nada más salir de prisión con un parche en el ojo izquierdo, debido a los problemas médicos que sufrió hace unas semanas, una boina y una mascarilla con la bandera española estampada.

«Pensar sobre el bien y el mal»

«Lo único que quiero es defenderme», ha señalado Villarejo, que ha vuelto a atribuir al exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán su estancia en prisión, un tiempo, ha dicho en tono irónico, «de meditación» para «pensar sobre el bien y el mal».

«Soy comisario de Policía y he tenido el honor de trabajar para mi país, y digo lo de siempre: las cloacas no generan mierda, la limpian», ha añadido.

«Me lo han robado todo, pero no me pueden robar que siga creyendo en la justicia porque entonces mi vida no habría tenido sentido», ha zanjado.

Medidas cautelares

El magistrado le ha impuesto las medidas que pedía para él el fiscal: comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, prohibición de salida de territorio estatal y retirada de pasaporte, «con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo», y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

En el auto, señala también que se han asegurado las responsabilidades civiles posibles del investigado disminuyendo el riesgo de ocultación de activos, y con ello la posibilidad de que puedan acordarse medidas menos gravosas e igualmente efectivas para garantizar su presencia en el proceso, atenuando los indicadores de riesgo de fuga y reiteración delictiva que señalaba el fiscal.

El juez asume como principal argumento para acordar la excarcelación el mismo que ha planteado la Fiscalía: que el excomisario debe quedar en libertad ante la imposibilidad de poder juzgarle antes de noviembre, cuando cumple el límite máximo de cuatro años desde que se decretó su prisión preventiva.

Además, comenta que el estado actual de las piezas que conforman la causa tampoco «permite su inmediata conclusión» ni su enjuiciamiento antes de noviembre.

Prisión preventiva, pena anticipada

Concluye así que el mantenimiento de la prisión preventiva «ya no resulta materialmente idónea para garantizar la sujeción del investigado al procedimiento», puesto que «pudiera convertirse en una pena anticipada y comprometer, en consecuencia, el derecho a la presunción de inocencia».

Sin embargo, advierte a Villarejo de que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas puede llevar a valorar la modificación de su situación personal.

Pese a dejarle en libertad, también pondera una serie de circunstancias personales, familiares y sociales de Villarejo, que, junto a la «gravedad de los hechos» investigados, reflejan «la persistencia del riesgo de fuga» y de reiteración delictiva y la necesidad de adoptar esas nuevas medidas cautelares.

Entre ellas figura su integración, «como máximo responsable», en una organización criminal, a la que también pertenecería su «círculo familiar más próximo»; el control de «importantes activos patrimoniales fuera de España», su falta de arraigo laboral o su «amplia red de contactos, que le permitirían residir fuera» del Estado eludiendo a la Justicia.

Tiene también en cuenta que durante la causa se le ha incautado «documentación con pluralidad de identidades», pasaportes en blanco y «grandes cantidades de dinero en efectivo», que podrían contribuir a «la planificación de una fuga»; y menciona la «facilidad acreditada» para trasladarse a distintos países, dentro y fuera de Europa.

El riesgo de volver a delinquir es, dice el juez, «actual y permanente», dado que Villarejo «seguía controlando» hace unos meses desde la cárcel «una ingente documentación» con una «doble finalidad: lucrarse y chantajear» a particulares e instituciones mediante su «difusión programada» para obtener así «su impunidad o al menos a corto plazo, su libertad», hechos que motivaron la apertura de una pieza separada.

Riesgo de fuga

El riesgo de fuga también se incrementa con la cercanía del juicio de las tres piezas (Iron, Land y Pintor) por las que será juzgado a partir del 13 de diciembre y en las que Villarejo está acusado de varios delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y extorsión en grado de conspiración, por los que la Fiscalía pide para él, en conjunto, 99 años y 8 meses.

La Fiscalía, y también la defensa de Villarejo, pedían este miércoles su excarcelación después de que la sección cuarta desestimara el recurso de súplica del Ministerio Público contra su decisión de dejarle en libertad en esas tres piezas.

Quedaba así en prisión por la treintena de piezas restantes en instrucción, cuyo estado de tramitación, dice el magistrado, tampoco «permite su inmediata conclusión y, por tanto, tampoco su enjuiciamiento antes de la fecha de expiración del plazo máximo de prisión provisional».

En su escrito al juez, la Fiscalía exponía que al haber desestimado la Sala su recurso y no haber asumido la situación personal de Villarejo en las otras causas, así como por haber señalado el juicio después de que venza el plazo máximo de la prisión preventiva, la libertad provisional devenía inevitable.

Por otra parte, el juez García-Castellón ha citado este jueves al comisario Villarejo por videoconferencia para que declare por dos de la treintena de piezas de las que componen la causa 'Tándem', la 26 y la 29.