El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido de nuevo a su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de las acusaciones por no investigar las denuncias de torturas en su etapa como juez de la Audiencia Nacional española.

Así ha quedado reflejado en la respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por la diputada Miriam Nogueras (JuntsxCat) a raíz de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en ese sentido.

«En ninguna de las sentencias a las que se alude en la pregunta se establece una condena por torturas, sino por la extensión de la investigación que no recayó en ningún momento en un órgano jurisdiccional del que fuese titular el hoy ministro del Interior, tampoco en la Audiencia Nacional, sino que se recayeron en órganos judiciales territoriales que son los competentes por razón de la materia», señala el Gobierno español.

Hay que matizar que sí hay una condena europea que apunta a torturas, aunque todo el resto se reduzcan a no haberlas investigado: es la del caso de Igor Portu, en el que Estrasburgo determinó que se produjo «trato inhumano». Fue una de las redadas ordenadas por Grande-Marlaska. En este artículo se puede leer la declaración judicial del detenido, refiriendo en detalle las torturas sufridas.

La condena por la denuncia de González Etayo

En concreto, la diputada de Junts aludía en su pregunta por escrito a una condena del TEDH del pasado mes de enero que obliga al Estado español a indemnizar con 20.000 euros a Iñigo González Etayo.

La Corte de Estrasburgo consideró que no se investigó suficientemente la denuncia en la que el vecino de Barañain relataba que había sufrido torturas estando bajo custodia policial cuando fue detenido en enero de 2011 en el marco de una operación contra Ekin.

Nogueras recuerda en su escrito que «no es la primera vez» que Estrasburgo condena al Estado español por violar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

«Esta condena es de una mayor gravedad, si cabe, ya que el juez instructor del caso es el actual ministro del Interior», asegura la representante de Junts, que añade que Grande-Marlaska «acumula ya siete condenas del TEDH por no investigar torturas».

«¿Puede ser ministro de un Gobierno que se presume democrático quien siendo juez ha sido condenado hasta en siete ocasiones por no investigar torturas?», se pregunta la diputada catalana.

La pregunta de los propios detenidos

Tras conocerse la sentencia del TEDH, los propios detenidos en el operativo de la Guardia Civil en enero de 2011 conocido como Aztnugal (por la petición de ayuda de uno de los arrestados) preguntaron directamente al ministro español de Interior si era «conocedor del trato cruel, inhumano y degradante que estábamos sufriendo en dependencias policiales».

«Solo se nos ocurren dos posibles respuestas. En primer lugar, que sí lo sabía. En ese caso, es evidente que se convierte en cómplice necesario, como mínimo, de lo que nos estaba pasando. En segundo lugar, que no lo sabía. En este caso, entendemos que sería un incompetente, ya que recaía en él la función de garantizar nuestra seguridad física y sicológica en comisaría», comentó Gorka Mayo, uno de los cinco arrestados en aquel operativo.