Más de cuatro décadas de una vida entregada a combatir y erradicar la tortura y los malos tratos en el Estado español. Es lo primero que viene a la mente con Jorge del Cura Antón (Premio Nacional de Derechos Humanos 2019), fundador de organizaciones como la Asociación contra la Tortura y el Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura, para el cual trabaja activamente aún, a pesar de estar jubilado.

Nacido en un pueblo burgalés, estudió ingeniería naval en Madrid pero la abandonó en el último curso. «Con los motines pro-amnistía de las cárceles en 1976 y 1977 decidí que yo iba a trabajar en esto», comenta. Funcionario de Justicia durante más de tres décadas, en las que vivió tiempos «un poco esquizofrénicos» viendo las dos caras del sistema, dice que ese trabajo le ayudó a «guardar rigor» siempre en la información.

Ahora pasa sus días teletrabajando en su piso del barrio madrileño y obrero de La Elipa, nunca se casó ni tuvo hijos. «Sería difícil vivir conmigo, me encanta la soledad», señala entre risas. Una vida puesta al servicio humanitario, e implacable, que hasta el día de hoy denuncia con contundencia, a pesar de las amenazas, los sinsabores y unas instituciones de las que dice no esperar nada y así evitar decepciones.

Pero alguien con estas batallas a cuestas no puede no tener utopías. Admite que en 1998, en un congreso, él y sus compañeros «ilusos» reflexionaban que en un futuro cercano «las cárceles ya serían consideradas una tortura en sí misma. Pero luego vino el 11-S en 2001…». A pesar de todo, sigue exigiendo al Estado español que revise su historia, reconozca el problema de la tortura, lo cuantifique y repare a las víctimas. Y el momento es propicio para ello...

En el estreno de ‘Non dago Mikel?’, el vicepresidente del Gobierno admitió que la tortura ha sido una práctica general en Euskal Herria. ¿Puede marcar esto un antes y un después en el Estado español?

Yo creo que es una buena noticia que desde parte de las instituciones se reconozca una realidad que es evidente para el que no quisiese taparse los ojos. Que esto pueda servir para solucionarlo, ojalá que sí, pero, hombre, lo veo muy difícil. Hay mucha resistencia para entender lo ocurrido en la Transición y también en el franquismo y el posfranquismo. Las declaraciones del vicepresidente pueden ser un paso adelante pero no hay voluntad política para aclarar todo esto, no solo en Euskal Herria sino en todo el Estado. Hay que reconocer lo que pasó, intentar cuantificarlo y dar una reparación a las victimas.

¿Esa resistencia en qué puede verse tangiblemente?

Hay negativas sistemáticas, prohibiciones de actos, de muestras fotográficas, querellas contra personas que sacaron libros históricos. El número de personas que fueron denunciadas porque todavía hoy en el siglo XXI se producen actos de tortura es grande, las querellas están. Es muy probable que si digo que hoy en el Estado español se tortura me caiga una querella y la admitan a trámite. Está el caso de la abogada Lorena Ruiz, por ejemplo, que porque denunció que uno de sus clientes era torturado, fue juzgada y absuelta. Se querellaron sindicatos de policías. Está el profesor Iñaki Rivera, que en TV3 dijo que en las cárceles catalanas se torturaba y fue objeto de querella de los sindicatos de penitenciarios.

El informe del Gobierno Vasco era muy exhaustivo pero no tuvo eco en Madrid ni en la esfera internacional. ¿Nadie se atreve a abrir ese cajón?

No tuvo mucho eco en los grandes medios y las respuestas institucionales fueron de silencio. Es un informe contundente y que tenga el aval del Gobierno Vasco es muy importante. Eso había que contrarrestarlo y la forma fue que no se hable, intentar silenciarlo, que nadie lo recuerde. Estos casos han dado lugar a muy pocas sentencias condenatorias. La excusa básica y repetida de las autoridades españolas, de Interior, policías y políticos, es que en España no hay torturas porque no hay sentencias condenatorias, lo cual también es falso, pero sí son pocas. Los medios y el Estado no quieren hablar de ello, pero también es cierto que la sociedad española, como casi todas, no quiere saber lo que está pasando. Ya vamos varios años en que aumenta el apoyo social a la práctica de la tortura. Hay encuestas demoledoras, algunas de Cruz Roja, en las que se ve que crece el apoyo a la tortura y los malos tratos.

La conversación que han difundido ‘Público’, NAIZ y otros medios entre un agente de Intxaurrondo y un jefe del Cesid, ¿le ha sorprendido en algo?

Esa conversación no es nueva, sí es nuevo que se haya conocido. Pero cuando surgió el escándalo del asesinato de Lasa y Zabala ya se comentó en su momento, hace 20 años, que esas conversaciones existían. Sabíamos que había una grabada. Lo terrible es que no hubo ningún movimiento de los juzgados para investigarlo. Ha aparecido la grabación al examinar la documentación, estaba ahí. La respuesta de Marlaska fue clara, «serán los juzgados los que tengan que decir si se reabre». Y también clara la negativa a que Margarita Robles, alto cargo de Interior en tiempos de Felipe González, comparezca.

Robles parece ser un ejemplo de los tantos políticos que podían saber o suponer de las torturas y callaron o no impulsaron más investigaciones, ¿no?

Sí. ¿Que no lo denunciaban por miedo a un golpe o reacción militar? Bueno. Pero deberían reconocer que no se hizo todo lo que se debía hacer. A mí me han reconocido miembros del PSE que había miedo a la hora de denunciar torturas y los GAL. Se puede decir que no se atrevían, pero ahora ha pasado 40 años. Si hubo presiones, si las hubo, hay que romperlas. ¿Y por qué no se dice ahora?

El ministro del Interior queda señalado en siete sentencias europeas por este tema: seis por no investigar denuncias y una por «trato inhumano» en el caso de Igor Portu. ¿Qué le pediría usted a Grande Marlaska?

Yo le pediría que reconozca al menos en estos casos que no investigó o no cumplió su obligación. Tendría que haberlo hecho y no lo hizo. Tomar testimonios y mandarlo a juzgado competente. En el informe del Comité Europeo se habla de que en la visita de mayo de 2011 detectaron 11 casos de alegaciones de malos tratos a personas incomunicadas, y que las 11 fueron a prisión por orden de un juez de instrucción que era él.

Jorge del Cura con María Atxabal, cuya denuncia admitió el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2013 (Marisol RAMIREZ | FOKU)

¿Cómo ha evolucionado la tortura en estas décadas y qué queda hoy de eso?

Ha evolucionado mucho. Pero hay un problema fundamental: la negativa oficial a dar datos y reconocer una realidad genera que sea difícil hacer comparativas. Hay que basarse en experiencia e intuición de lo que vi hace 30 años. En el franquismo casi nadie niega la existencia de tortura y se acepta la práctica en los primeros años de la Transición hasta 1982. Pero desde entonces la versión oficial dice que desaparece la tortura. Y eso que los colectivos de DDHH siguen denunciando casos todos los años y hay sentencias que condenan a funcionarios. La última que yo conozco por ejemplo es de hace un mes, contra unos policías en Gran Canaria contra un ciudadano senegalés.

Pero sí ha cambiado mucho desde 1982. Ahora la tortura es algo más que esporádica; no es diaria ni habitual, cierto. Antes se tendía a hacer agresiones más físicas, hoy son mas psicológicas. En el Estado español hay un problema con la tortura, habrá que reconocerlo, analizarlo y cuantificarlo. Un dato muy importante, que hay que aclarar: según el CGPJ desde 2013 hasta 2019, último año que se publicaron datos, hay 448 personas condenadas por delito de tortura. Pero no dice si son todos ellos funcionarios publicos.

¿Quiénes sufren hoy tortura o malos tratos en el Estado español?

Hay tres colectivos que son los que mas lo sufren, tortura y tratos degradantes (la matización jurídica es fundamental entre tortura y maltrato): uno, los colectivos de personas inmigrantes; dos, personas que participan en movilizaciones sociales, manifestaciones, como las del 1-O o el 15M; y tres, los presos. Interior dice que entre 2010 y 2019 hay notificadas más de 1.000 torturas en cárceles del Estado español, excluyendo el servicio de Catalunya.

En el contexto internacional, ¿dónde situaría a España en este terreno? ¿Hay situaciones similares en Europa?

Creo que, sobre todo desde el alto el fuego de ETA, actualmente estamos a nivel parecido al resto de Europa... lo cual no deja en buen lugar a Europa. En Francia, Portugal e Italia se conocen casos aberrantes, suelo conocerlos a traves de los informes internacionales. Europa ha ido a peor. Todo va dependiendo de los problemas de cada país, porque los estados no practican la tortura por hobby. La practican cuando quieren tener una mano dura para controlar; los países del sur de Europa, por ejemplo, contra la inmigración o las manifestaciones. En el caso español, hace ya 10 años que no hay denuncias por tortura en régimen de incomunicación.     

¿La UE puede funcionar como factor corrector en este asunto?

La UE siempre es factor corrector. Al Estado español lo único que le ha preocupado es el escándalo internacional. Las sentencias del Tribunal de Estrasburgo y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura dolían más. Las respuestas eran que el tribunal había sido engañado o cosas de este tipo. Ahora lo que se hace es callar y callar. Los informes del Comité suelen ser demoledores, denuncia que no se aplican las recomendaciones y que no se dan los medios. El Tribunal de Estrasburgo puede condenar por tortura a Ucrania o Moldavia pero es difícil que lo haga a España, hay muchas presiones.

Usted dice que en el 1-O en Catalunya se torturó. ¿Por qué?

Hay un informe del Relator Especial de ONU contra la Tortura que dice que la represión a las movilizaciones sociales puede ser parte constitutiva de delito de tortura. La tortura tiene tres componentes: se hace para sacar información y confesiones, tortura inquisitiva, la clásica; otra forma reconocida por la convención de la ONU es la punitiva, cuando se castiga a alguien por algo que se supone que ha hecho; y luego está la tortura coactiva, cuando se castiga a una persona o colectivo para que no haga algo. De hecho, en el 15M los Mossos están grabados diciendo que hay que generar pánico para que se vayan los manifestantes. Esto es tortura para la ONU. Es complicado entender el concepto de tortura, se suele querer simplificar.

A nivel personal, ¿qué le ha supuesto trabajar en esta cuestión? ¿Ha sufrido amenazas, presiones...?

Bueno... lógicamente sí ha habido amenazas. Debo reconocer que tuve suerte porque fueron pocas. Pero no le di tanta importancia. Hubo querellas por calumnias, pero gracias a los abogados y demás se llevó con facilidad. Sí he sentido desgaste psicológico y emocional, sobre todo en los 80 y 90; acudir a reuniones de colectivos de DDHH planteando la tortura y sentir sensación de vacío, de que me miraban como un extraterrestre o como un filoterrorista. Pero me he apoyado en los compañeros y amigos.

Lo escucho y pienso en el caso de Jordi Cuixart, un activista pacifista hace décadas, que hoy está preso. ¿Le causó un impacto personal particular?

Políticamente es una injusticia, por decir una palabra y no pasarme mucho, porque las palabras que se me ocurren no serían publicables. Es una muestra de lo mucho que nos falta para tener una democracia consolidada, una rémora que seguimos sufriendo del franquismo y la falta de educación con lo que son los derechos humanos de todos. No puede ser que una persona como Cuixart o Sànchez esté en prisión. Deja muy mal a esta sociedad. Cuando lo vi en el juicio, no pude soportarlo, y borré.

¿Siente que ha valido la pena toda esta lucha suya?

Creo que sí. Primero porque si hay algo que a mí me genera levantarme por las mañanas es pensar en la dignidad de las personas. He sido siempre escéptico pero creo que los DDHH son algo por lo que vale la pena moverse. No podemos aceptar el sufrimiento de nadie ni justificarlo. Las personas a las que he conocido en estos 40 años son las que hacen en el fondo que uno pueda verse en el espejo y decir: ‘si soy amigo de tal, es que algo valdré’.