Por siete votos contra cinco, el Tribunal Constitucional portugués ha aprobado un texto que reconoce la «legítima tensión entre el deber de protección de la vida y el respeto a la autonomía personal en situaciones límite de sufrimiento» y por ello propone que se pueda «resolver por la vía de opciones político-legislativas (...) como la anticipación de la muerte asistida por mediación a petición de la propia persona». Para ello demanda al Parlamente leyes «claras, precisas, previsibles y controlables»

En cuanto a los casos de sufrimiento extremo, el Constitucional considera que no se puede determinar «con las reglas de la profesión médica», por lo que no ha aplicado la censura constitucional. Sin embargo, los jueces han estudiado la norma en su conjunto y consideran que es «desacorde con el principio de determinabilidad de la ley».

El Constitucional responde así a una petición de fiscalización preventiva planteada por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que cuestionó la «excesiva indeterminación» de la norma aprobada en enero por el Parlamento.

La decisión de Rebelo de Sousa fue aplaudida por la derecha y ultraderecha portuguesa y por la Conferencia Episcopal, mientras que el Partido Socialista, socio mayoritario del Ejecutivo, pedía «serenidad».