35 años después, el caso de Mikel Zabalza ha entrado en un bucle absurdo si no fuera por lo dramático del caso: diferentes tribunales (desde 1995 a 2010) determinaron que la conversación entre Gómez Nieto y Perote sobre su muerte en Intxaurrondo no tenía carácter de prueba, y llegados a 2020, cuando todo el mundo ha oído ya ese audio y comprueba lo contrario, el ministro del Interior español dice que solo promovería la desclasificación de ese documento si se lo pidieran los tribunales.

La perversión del asunto llega al punto de que Marlaska dice que no cabe actuar desde el Gobierno porque «no podemos hacer investigaciones paralelas».

Mientras, ya nadie defiende la versión oficial (tampoco lo hizo ayer Fernando Grande-Marlaska en el Congreso). Y la ciudadanía vasca ha vuelto los ojos a este tema irresuelto o lo ha descubierto por primera vez en el caso de los más jóvenes. Así que la interpelación ayer del PNV al exjuez de la Audiencia Nacional estaba muy justificada, pero no sacó a Marlaska de su trinchera: este es asunto de la Justicia.

Para cerrar este círculo, el ministro se encargó de elogiar una acción judicial que no solo no ha llegado a vista oral, sino que ni siquiera ha atendido pruebas evidentes como esta conversación entre el agente Pedro Gómez Nieto y el jefe operativo del Cesid Juan Alberto Perote. «La investigación judicial ha sido minuciosa, larga, compleja y pormenorizada», enumeró el ministro, elogiando «el arrojo de aquellos jueces» que «llegaron a condenar torturas en algún caso», entre los que citó a Joaquín Giménez y al luego también ministro Juan Alberto Belloch.

En la misma línea, aseguró haber leído los autos: «Hubo una pluralidad de diligencias, hubo autopsias a instancias de la acusación y no había divergencias suficientes» (respecto a la versión oficial, cabe colegir de sus palabras).

En cuanto a la grabación de Intxaurrondo que arroja aún más luz sobre el caso, Grande-Marlaska trató sibilinamente de quitarle importancia: «Ahora hemos tenido conocimiento del audio, pero no del contenido porque ya había aparecido previamente y había sido valorado», argumentó.

Esta mención no es baladí porque recuerda que ni la Audiencia Nacional ni la de Gipuzkoa tuvieron a bien admitir como prueba la transcripción de la conversación ni posteriormente el audio. Un antecedente que complica que las acusaciones puedan lograr ahora una reapertura del procedimiento, aunque Marlaska –¿sarcásticamente?– les invitó a intentarlo.

PNV da voto de confianza y EH Bildu, «decepcionada»

«Usted puede hacer algo, puede instar al Gobierno a desclasificar estos documentos», insistió Aitor Esteban a Fernando Grande-Marlaska. «Abran los archivos», le emplazó en la réplica.
Aunque por la literalidad parezcan frases muy imperativas, el portavoz del PNV autor de la interpelación utilizó sin embargo un tono muy comedido, que el ministro agradeció expresamente. Esteban le concedió incluso que este asunto «es un marrón para usted». Y acabó trasladando al exmagistrado un voto de confianza: «Yo le seguiré esperando en este caso».

EH Bildu, por contra, no puso paños calientes tras ver al ministro lavarse las manos en este asunto. Nada más concluir esta comparecencia, la portavoz del grupo, Mertxe Aizpurua, tildó sus palabras de «decepcionantes y dolorosas» añadiendo que «demuestran una vez más que los poderes del Estado quieren mantener la tortura en silencio y en la más absoluta impunidad décadas después».

«El Gobierno no puede mirar a este lado ante pruebas de este calado y miles de casos de torturas», dijo Aizpurua, antes de retarle a «investigar qué ocurrió en Intxaurrondo durante décadas» y en paralelo «dar pasos firmes para avanzar en la paz y la convivencia».

EH Bildu había formulado anteriormente peticiones de explicaciones por este caso al ministro de Interior y también a la Defensa, pero no fueron admitidas a trámite.