ELA, LAB, CCOO, Satse, Steilas y ESK se concentraron ayer ante Lakua, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Donostia para protestar por el abuso de la temporalidad en el sector público, «la más alta del Estado español y de Europa».

Cifran su tasa en un 40%, prácticamente el doble de la temporalidad registrada en el sector privado de la CAV, donde se sitúa en un 23%.

Para acabar con ella, consolidar los actuales empleos y ofrecer servicios públicos de calidad a la ciudadanía, se necesitarían crear «20.000 nuevos puestos de trabajo», según la estimación realizada por el representante de LAB Gorka Berasategi.

Denunció que «más de 50.000 de los 150.000 empleados» del sector público son interinos y se encuentran en «una situación insostenible». Agregó que «en algunos casos llevan más de 20 años trabajando».

El representante de ELA Igor Eizagirre denunció «el desmantelamiento de los servicios públicos» y reclamó a las instituciones que «apuesten por crear empleo y consoliden el trabajo a los cerca de 60.000 trabajadores temporales».

«Es inadmisible que de cada diez trabajadores públicos en Euskadi cuatro sean temporales», manifestó Eizagirre, antes de denunciar «la clara» apuesta de Lakua de «privatizar los servicios públicos».

ELA considera, en este contexto, que la tasa de temporalidad del 40% solo se puede explicar como paso previo imprescindible para la subcontratación y la privatización.

Eizagirre instó a convocar una OPE que «garantice los puestos interinos» y tenga en cuenta la experiencia para que «los que están ahora trabajando se queden» en la función pública. Reclamó, al tiempo, la retirada de la Ley del Sector Público que plantea el Gobierno de Lakua, ya que «no es válida» al consolidar las tasas de interinidad.

Berasategi también puso sobre la mesa «el aumento de la carga de trabajo, mientras falta personal» y puso de manifiesto la existencia de puestos de trabajo que no constan en ningún papel ni boletín oficial.

5.000 puestos con «fraude» en Osakidetza

«Osakidetza reconoce que hay casi 5.000 puestos de trabajo que tienen fraude y no están en la plantilla estructural», concretó a modo de ejemplo.

Pablo García de Vicuña, representante de CCOO, defendió también la convocatoria de una OPE y la consolidación del empleo actual de interinos, puesto que «han demostrado que son válidos para realizar su trabajo».

Los sindicatos exigieron a todas las instituciones públicas que impulsen procesos extraordinarios de consolidación de empleo.