El Arateko, Manu Lezertua, ha entregado este martes el informe 2020 a la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Bakartxo Tejeria. En el mismo se recogen 9.860 actuaciones, de las que 6.437 corresponden a quejas y consultas.

El propio Lezertua ha explicado ante los medios que, a consecuencia de la pandemia, ha disminuido el número de quejas y consultas presenciales; si bien se ha mantenido el número de expedientes de queja presentados, más de 2.500, el 43% de ellos relacionado con los derechos sociales de la ciudadanía.

En este sentido, conviene señalar que se han incrementado ligeramente las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social: 497 frente a las 468 de 2019. De estos expedientes de queja, cerca del 88% se refieren a problemas diversos relacionados con el funcionamiento de Lanbide y a la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

«Los problemas se situaban en las dificultades para obtener documentos de bienes y certificados de empadronamiento; para la presentación de documentos en los registros, porque las administraciones estaban cerradas; por el colapso de los sistemas telefónicos o para la reserva de cita previa en dichas administraciones», ha explicado Lezertua.

Intervenciones policiales

También se ha referido de «forma somera» a las reclamaciones por las intervenciones de la Ertzaintza y de policías locales en el control de las restricciones impuestas para hacer frente al covid-19.

En el informe anual se recogen 252 quejas dirigidas al área de Seguridad, la mayoría al Departamento de Seguridad de Lakua y al Ayuntamiento de Bilbo.

«En general, las administraciones han cumplido de modo aceptable su deber de colabora con el Ararteko. No obstante, esta institución sigue encontrando importantes obstáculos para desarrollar sus funciones», asevera la Oficina del Defensoría del Pueblo, que advierte de que «una parte significativa de las quejas recibidas» en este ámbito guarda relación con los estados de alarma decretados y con la «severa limitación de derechos fundamentales que esa situación de excepcionalidad ha conllevado».

«Las quejas se han referido primordialmente a actuaciones policiales realizadas en el marco del control del cumplimiento de las medidas restrictivas del derecho a la libertad  de circulación establecidas como consecuencia del primer estado de alarma, sobre todo durante el confinamiento domiciliario, respecto de las que se ha denunciado un eventual uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, detenciones carentes de justificación y actuaciones discriminatorias por razón del origen racial», añade.

Y recuerda que «alguna de las actuaciones ha afectado a personas en situación de exclusión  social grave y extrema vulnerabilidad social, y a otra que padecía una enfermedad mental».

A este respecto, el informe señala que «ha sido también motivo de queja la supuesta situación de hostigamiento y acoso policial que se vive en el barrio de San Francisco de  Bilbao, así como la tensión creciente que esa circunstancia está generando, y que se añade a la que deriva de la vulnerabilidad social en la que se encuentran muchas de las personas que residen en el barrio».