La batalla se va preparando, la proposición de ley sobre la ‘Protección patrimonial de las lenguas regionales y su promoción’, que se votará este jueves en la Asamblea Nacional, podría cambiar el estatus legal de las lenguas minorizadas del estado a diferentes niveles, y sobre todo podría ayudar a su expansión a través de la enseñanza en primaria y en secundaria. La de mañana será la segunda lectura en la cámara baja, después de que esta retirase los artículos dedicados a la enseñanza en la primera, y que el Senado los volviese a incluir.

Aunque las razones para el optimismo son más bien reducidas, el resultado es difícil de prever, ya que las fuerzas a favor y en contra están determinadas, y muy divididas. En esta votación se medirá la fuerza entre el poder del centralismo parisino, y el cada vez más reivindicado regionalismo del resto de los territorios del Hexágono. Y es que, si en las regiones que existe una lengua propia las voces a favor entre los políticos tienen una gran fuerza, la situación varía mucho una vez llegados a París.

El de las lenguas del estado es un tema especialmente sensible, ya que según los defensores de la ‘Libertad, igualdad y fraternidad’ se trata de un claro ataque a la unidad del estado. El razonamiento que establece que se trata de una afrenta contra la unidad de la República, en donde el segundo artículo de la Constitución establece que el francés es el idioma del estado, me parece comprensible aún no estando de acuerdo. En cambio el lento asesinato de las lenguas minorizadas en nombre de la igualdad siempre me ha resultado, además de claramente colonizador, bastante difícil de integrar como una posición defendible tanto lógica como filosóficamente.

El centralismo parisino nos dice que la ‘igualdad’ está en ser como ellos, y por supuesto hablar como ellos, e incluso, con el mismo acento que ellos. Pero cuando la igualdad no se trata de ser iguales, sino tener derechos iguales para establecer tus características y tu propia identidad, el sentimiento colonialista saca todas sus armas.

Los batallones avanzados ya han empezado a luchar antes de la gran batalla. El pasado 31 de marzo, la comisión de Asuntos Culturales y de Educación de la Asamblea Nacional estableció cuáles serán los artículos de la proposición de ley que se votarán. Contra toda previsión, se aceptó el artículo que legalizaría la educación totalmente en lengua regional en los centros públicos, sin que pudiese considerarse inconstitucional. Pero el Gobierno ya ha presentado una enmienda contra ello.

Por el contrario, se rechazó el artículo sobre la tarifa que paga cada ayuntamiento por la escolarización de cada alumno de su localidad, y que establecería que se debería de pagar también cuando el menor va a un centro asociativo, como las ikastolas, en otra localidad. Para integrarlo en la votación, también se ha presentado una enmienda que ya ha conseguido 136 firmantes. Los intríngulis de la ley y la complejidad de algunos artículos no son pocos, pero en estos momentos la batalla principal está en esos dos flancos.

En este cara a cara que es esta segunda votación, no pocos diputados han tenido que posicionarse entre las directivas establecidas por el partido en París y lo demandado por los votantes locales a los que representan. Muchos, en la primera lectura, simplemente no estuvieron presentes, evitando así hacer una elección, como fue el caso de los diputados vascos. Pero ahora la sociedad les ha obligado a tomar partido, y es en este juego de equilibrios en donde se ganarán o perderán las batallas.