La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, ha dado este jueves luz verde al dictamen, con las enmiendas incorporadas al texto, de la que será la primera norma en el Estado español para mitigar el calentamiento global.

La futura ley prohibirá los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles –como el fracking–, obligará a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones en 2023, e impulsará la rehabilitación energética de los edificios y un despliegue de las renovables compatible con el cuidado del patrimonio natural.

El dictamen ha sido aprobado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, PNV y ERC. El PP y Más País se han abstenido, mientras que Vox ha sido el único que ha votado en contra.

Dos fechas con objetivos muy ambiciosos

Entre sus objetivos, la futura ley, que cuenta con 36 artículos, parte con dos fechas clave para su desarrollo: la primera, 2030, cuando el Estado español deberá haber reducido un 23% las emisiones de efecto invernadero respecto a 1990 (tres puntos más del texto que el Gobierno de Pedro Sánchez envió al Congreso hace ahora casi un año); y la segunda, 2050, la meta fijada para alcanzar la neutralidad climática.

Esta norma podría entrar en vigor este mismo mes de abril, dada su tramitación urgente, pendiente ya solo de su último tramite en el Senado.

EH Bildu, a favor; el PNV cambia sobre la marcha

Durante el debate en la sesión que ha mantenido la Comisión de Transición Ecológica, Oskar Matute ha asumido la necesidad de elaborar una normativa «más ambiciosa» en cuanto al volumen de emisiones, pero ha explicado que EH Bildu considera oportuno sacar adelante esta ley para salvaguardar «la pervivencia del planeta en estos tiempos de covid».

Desde el PNV, Idoia Sagastizabal ha coincidido en que esta norma es «necesaria y urgente», pero inicialmente ha anunciado su abstención indicando que «no se han dado los pasos suficientes para ligar la transición energética a la política industrial y la I+D+i estableciendo mecanismos de apoyo para que la industria gane en competitividad y posicionamiento».

Ya a media tarde, la diputada jeltzale ha explicado que el apoyo final del PNV se ha debido a «un cambio de talante en los grupos que sustentan al Gobierno que ha permitido incorporar enmiendas que impulsan la competitividad de las empresas y que respetan el ámbito competencial vasco».

En todo caso, esta ley puede frenar definitivamente el empeño del Gobierno de Iñigo Urkullu de impulsar proyectos de fracking en Araba.

Por Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde –que ha presidido esta comisión parlamentaria– ha afirmado que esta ley acaba con «una estrategia de negacionismo» padecida en el Estado.

Por ERC, Joan Capdevila ha echado en falta más ambición en políticas anticontaminantes en las grandes ciudades, si bien ha apoyado el texto. Se da la circunstancia de que Capdevila ha seguido la sesión aislado en su despacho del Congreso, al haberse detectado un caso de covid-19 en un miembro de su grupo parlamentario.