La nueva Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que eleva a 35 años la edad desde la que empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores, elimina el Síndrome de Alienación Parental (SAP), obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia.

El texto ha sido aprobado con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC y BNG, el voto en contra de Vox y del PNV y la abstención de PDeCAT y EH Bildu.

Tras su votación en el Pleno del Congreso, el proyecto de ley tendrá que seguir su tramitación en el Senado.

Ampliar la edad

Uno de los últimos cambios introducidos en el texto es la ampliación de la edad a partir de la cual comienza a contar el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores.

El texto inicial contemplaba elevarla de los actuales 18 años de la víctima a 30 años, pero ahora este umbral se eleva hasta los 35 años gracias al acuerdo alcanzado este mismo miércoles entre PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, Más País y BNG.

Actualmente, el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores empieza a contar cuando la víctima cumple la mayoría de edad y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

Entre las modificaciones incorporadas a la ley también destaca la eliminación del Síndrome de Alienación Parental (SAP),  por el que algunos padres acusan a su expareja de manipular a su hijo en su contra.

Asimismo, se obligará a utilizar la prueba preconstituida, es decir, el testimonio grabado, hasta los 14 años del menor afectado, para evitar su revictimización.

Igualmente, se amplía de 6 a 12 meses el plazo para el cese de tutela de la administración sobre los menores en situación de desamparo que hayan abandonado voluntariamente el centro de protección y se encuentren en paradero desconocido.

Entre las novedades que ya introducía el texto presentado por el Gobierno español en junio de 2020 destaca la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato.

Igualmente, la ley incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; crea una nueva figura, la del «coordinador de bienestar y protección», que deberá estar en todos los colegios; aborda el problema del bullying, así como la violencia contra colectivos vulnerables y aquella cometida a través de Internet.

EH Bildu y PDeCAT

Durante el debate de la ley, los grupos que se han abstenido, EH Bildu y PDeCAT, han anunciado que lo hacían con un «sentimiento amargo» debido a que consideran que en la norma hay «una invasión competencial», tal y como han precisado por parte de ambos grupos la diputada Mertxe Aizpurua y el diputado Sergi Miquel i Valentí, respectivamente.

Por este mismo motivo y con «harto dolor de corazón» anunciaba su voto en contra el diputado del PNV, Iñigo Barandiaran.

También ha mostrado su rechazo a la invasión de competencias el diputado del BNG Néstor Rego, pero su grupo ha votado a favor porque apoyan la mayor parte del contenido del texto, como el derecho del menor a ser escuchado, algo que han destacado prácticamente todos los grupos parlamentarios. Por su parte, ERC ha dado un sí pero crítico, según han precisado fuentes del grupo parlamentario .

El cercano caso de Basauri

La elevación de la cifra de prescripción del delito de pederastia nos remite al caso del entrenador de Basauri, denunciado entre 2018 y 2019 por siete personas que le acusaron de abusar sexualmente de ellas cuando eran niños.

La causa prescribió porque las vejaciones denunciadas se produjeron 30 años antes.