De Sousa ha enviado de nuevo la norma al Parlamento, donde se aprobó hace casi un mes, para que los legisladores revisen el texto y corrijan »cuestiones en el plano del derecho sucesorio que el decreto no prevé», ha declarado en un comunicado.

Además pide que haya una mayor «seguridad jurídica» y exige que se establezca «por escrito» que hay «un proyecto parental» dentro de la pareja para proceder a esta inseminación cuando el donante ya ha fallecido.

La ley que ahora regresa a la Cámara permite a una mujer ser inseminada con el material genético de su pareja fallecida, siempre que se realice en un periodo de entre seis meses y tres años tras la muerte, con consentimiento previo dado en vida y se demuestre que la paternidad era un objetivo ya establecido.

En la ley no se pondrá límite al número de intentos de inseminación, que podrán efectuarse hasta que la mujer quede embarazada.

El bebé será hijo póstumo del fallecido, salvo que la madre se haya emparejado durante el proceso y la nueva pareja se registre como padre.

El incumplimiento de estos requisitos puede llevar a una pena de prisión de hasta dos años.

Cuestiones administrativas

Durante la discusión de la norma, el Ministerio Público ya pidió aclaraciones sobre «cuestiones administrativas», en concreto sobre el registro del bebé en caso de que la mujer gestante contrajera matrimonio durante el proceso.

Desde la oposición consideran que esas «cuestiones administrativas» son excusas para impedir la aprobación de una ley sobre la que la derecha portuguesa no hace más que levantar suspicacias porque no es de su agrado.

El Parlamento deberá ahora estudiar si realiza las modificaciones tal y como ha sugerido el presidente y vuelve a iniciar el proceso de aprobación de la ley, tras lo cual regresaría a la mesa del jefe de Estado para ser sancionada.

En Europa, esta técnica de inseminación está prohibida en Suiza, Alemania, Italia o el Estado francés, pero es legal en Inglaterra, Países Bajos o Grecia.