La información ha sido difundida este lunes por ‘La Lettre A’, medio especializado en informaciones de ámbitos de poder.

Adoptada el 8 de abril en la Asamblea Nacional francesa, tras su adopción en segunda lectura en diciembre en el Senado, la ley ha sido contestada ante el Tribunal Constitucional galo por 61 diputados, la mayoría de LREM y algunos centristas.

Ese grupo de diputados adscritos a la mayoría que sustenta a Emmanuel Macron esperó a la víspera de que se cumpliera, el viernes 23, el plazo para la promulgación de la ley, para presentar un recurso que se centra en el capítulo de la norma en que se aborda la aportación financiera de los municipios, clave para el desarrollo del modelo inmersivo en euskara también en el sistema de educación pública.

Según ‘La Lettre A’, ese recurso fue «directamente teledirigido» por el equipo del Ministerio de Educación, presidido por el ministro Jean-Michel Blanquer, quien defendió en el debate parlamentario la posición contraria del Gobierno francés a la ‘Ley Molac’.

Ello no impidió que, sin embargo, esa norma considerada ya como histórica fuera aprobada por amplia mayoría al decantarse un buen número de parlamentarios de la mayoría macronista por no respetar la consigna de voto del ejecutivo.

La mano ejecutora

‘La Lettre A’ sitúa como instigadora de «esa maniobra inédita» a la persona que ejerce en nombre del Ministerio la relación con el Parlamento, la consejera Constance Jacquin. El diario dice contar con un documento que atestaría esa gestión.

En la línea de lo señalado a NAIZ por el doctor en Derecho Público en la UPPA, Eneritz Zabaleta, el diario habla de lo inédito de un recurso que emane de la mayoría.

Y es que esa posibilidad de recurrir al Consejo Constitucional fue legislada en 1994 en el Estado francés cara a favorecer el equilibrio de poderes dotando así a la oposición de un instrumento de control suplementario frente a la acción gubernamental.

Dando un paso más allá el citado medio de comunicación destaca que «es del todo inédito que un recurso a cargo de diputados -además de la mayoría- emane, con toda discreción, del Gobierno».

El citado medio insiste en la ironía que marca este episodio: «El secretariado general del Gobierno deberá asegurar ante el  Consejo Constitucional, como exige el procedimiento, la defensa de un texto atacado con un submarino por uno de sus ministerios». Lo que interpreta como un golpe bajo a la democracia.

Electos vascos, escudos de la ley

El pasado viernes, electos y cargos institucionales vascos dieron a conocer una declaración por la que expresaban su rechazo a ese recurso contra la Ley Molac.

En ese escrito los electos reunidos en la sede de la Mancomunidad Vasca, en Baiona, expresaban su «enfado e incomprensión» ante el recurso, y remarcabn el consenso recabado por «una ley que constituye para nosotros una esperanza».

Tras destacar que el contenido de esa norma es objeto de «amplio consenso institucional y social» en el país, esos cargos afirmaban su disposición a «poner todos los medios para resolver una situación alarmante para nuestro territorio».