El lehendakari de la CAV , Iñigo Urkullu, ha considerado este jueves que es «muy cuestionable» la aplicación de un estado de alarma «a la carta» para las comunidades autónomas, una posibilidad que sugirió este pasado miércoles la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia. Todo ello a diez días de que pueda concluir a nivel estatal, lo que supondría el fin de los confinamientos perimetrales autonómicos o del toque de queda, una posibilidad que Urkullu ve muy peligrosa en términos sanitarios.

En vísperas de ese eventual levantamiento de la medida (por ahora el Gobierno Sánchez solo dice tener «la intención» de hacerlo y entre medio están las elecciones de Madrid), paradójicamente Urkullu ha pasado a situar esa medida como competencia estatal y no autonómica. Ha sido después de que Mendia abriera esa puerta, cabe suponer que a instancias de Madrid y quizás como mero globo-sonda.

Urkullu ha argumentado al llegar al Parlamento que la situación actual no es de una «epidemia localizada», sino de una «pandemia global», por lo que ha reiterado su apuesta por prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo en todo el Estado.

La vicelehendari segunda, Idoia Mendia, afirmó este miércoles que el estado de alarma «puede estar señalado solo también para alguna comunidad autónoma», en el caso de altos niveles de incidencia, como es el caso de Euskal Herria y sobre todo Gipuzkoa. En todo caso, Mendia habló de «seguir trabajando desde el diálogo» entre los diferentes gobiernos, por lo que todo apunta a que este debate va a dar bastantes vueltas aún hasta el 9 de mayo.

En este contexto, Urkullu ha insistido este jueves en que es partidario de prorrogar más allá del 9 de mayo el estado de alarma que se aplica en todo el Estado o, «en todo caso», de activar una vía «con garantías jurídicas». El lehendakari de la CAV parece temer que se le invite a implantar un estado de alarma particular que luego pueda ser tumbado por algún tribunal, dado que en pronunciamientos judiciales anteriores este mecanismo ya ha sido definido como competencia estatal.

De paso, en la discusión ha desaparecido curiosamente la opción y potencialidaes de una declaración de emergencia, que Urkullu ya usó el 13 de marzo del pasado año al estallar la pandemia, aunque luego quedó sepultada por la declaración de alarma estatal, y que también decretó desde mediados de agosto por el inicio e la segunda ola.

Hay que matizar que aunque se levante la alarma el lehendakari de la CAV (igual que su homóloga navarra, María Chivite) mantendrán prerrogativas como poder realizar confinamientos locales –o por euskaldes o herrialdes– e imponer limitaciones horarias o de aforos. Pero así podría llegarse a situaciones contradictorias como que no hubiera problemas para llegar de Araba a Cádiz ni tampoco para pasar a Nafarroa pero estuviera vetado pasar de Araba a Gipuzkoa o Bizkaia. Algo que no parece gustar en absoluto a Urkullu.

¿Batalla de relato de fondo?

En todo este tema existen por tanto un problema de relato para los gobernantes. De hecho, cuando los ministros de Sánchez matizan que levantar el estado de alarma es «una intención» hay que piensa que ese discurso está condicionado por la campaña electoral en Madrid. Es sabido que la candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, está explotando lo que llama «modelo Madrid», basado en evitar restricciones impopulares. Y cabe la opción, aunque quizás no sea lo más probable ya a estas alturas, de que el PSOE solo esté intentando no quedarse atrás en esa carrera «liberal».

Pero también Urkullu parece atrapado en esa necesidad de un relato «amable» para su ciudadanía. Es más llevadero para su proyección pública un estado de alarma de ámbito estatal –impuesto por Sánchez– a otro que tenga que llevar su firma.