La Diputación de Gipuzkoa ha reaccionado rápidamente tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo español de no admitir su recurso sobre la sentencia del TSJPV en relación a los peajes para camiones y ha anunciado que en breve aprobará un decreto con el objetivo de mantenerlos «como hasta ahora».

La decisión judicial ha llevado a Fenadismer a anunciar que el cobro de peajes a camiones en Gipuzkoa quedaría paralizado después de que el Tribunal Supremo español hubiera rechazado el recurso de la Diputación y las Juntas Generales. La patronal de las asociaciones de transportistas considera que esa inadmisión por «un defecto de forma» obliga a paralizar definitivamente el cobro de los peajes ilegales y discriminatorios que durante los tres últimos años se vienen exigiendo a los transportistas».

Pero, acto seguido, el ente foral ha anunciado que prepara ya una nueva norma para regular el pago por uso en estas infraestructuras, al tiempo que pide plantear una cuestión prejudicial ante la Comisión Europea.

Según ha informado a través de un comunicado la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, tras conocer la decisión del Supremo, la Diputación de Gipuzkoa aprobará estos próximos días un decreto que «permitirá mantener, como hasta ahora, el canon a los camiones que circulan en la N-I y la A-15».

Añade que la entidad foral «mantiene su firme decisión de seguir cobrando a los vehículos pesados por el uso de estas carreteras, tal y como establece la directiva europea. Por ello, seguirá dando pasos que lo permitan, como es la aprobación del citado decreto que se aprobará en los próximos días, al tiempo que seguirá avanzando en la elaboración de una nueva norma foral para su aprobación en las Juntas Generales».

Oiarbide ha recordado que la norma foral que está en vigor fue aprobada por las Juntas Generales hace tres años, permitiendo seguir aplicando un peaje para los camiones en la N-I y parte de la A-15. Sin embargo, esta fue anulada en mayo de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ante lo que la Diputación y las Juntas Generales decidieron presentar recurso ante el Supremo.

Tras los últimos acontecimientos, la titular de las carreteras ha reconocido que el ente foral «llevaba tiempo trabajando varios escenarios posibles como el que se ha abierto hoy, tras conocerse la providencia del Tribunal Supremo».

Por ello, «la elaboración del Decreto Foral-Norma que permitirá seguir aplicando los peajes, así como la redacción de la tercera norma foral están en fases muy avanzadas, de manera que el decreto podría entrar en vigor en breve».

«Seguimos defendiendo el interés común de los guipuzcoanos con normas aprobadas en Juntas Generales, donde reside la soberanía guipuzcoana y la premisa europea de que el peaje es el sistema social y ecológicamente más avanzado y por ello, daremos lo pasos que sean necesarios», ha remarcado.

Cuestión prejudicial en Europa

Además, Oiarbide ha avanzado que la Diputación de Gipuzkoa solicitará que se presente una cuestión prejudicial ante la Comisión Europea, al igual que se hiciera al conocer la sentencia contra la primera norma foral.

«Toda legislación europea debe ser consultada en instancias europeas y en estos casos no se ha realizado, generando una situación de indefensión manifiesta», ha asgurado la diputada, quien ha añadido que «la propia Comisión Europea, conociendo nuestra Norma Foral y habiendo dictaminado favorablemente el informe que ésta debe emitir, no ha actuado en contra de la implantación del peaje guipuzcoano en ningún momento».

EH Bildu: «No puede ser más grave»

En relación a esta cuestión, EH Bildu ha denunciado que la gestión que está haciendo la Diputación Foral de Gipuzkoa con los peajes «no puede ser más grave. Ha dictado dos normas forales y ambas han sido rechazadas por distintos tribunales. Y hoy hemos conocido que el recurso a la sentencia contra la Norma Foral vigente tampoco ha sido admitido por el Tribunal Supremo español».

En este sentido, la formación independentista, que este viernes ampliará su valoración sobre este tema, considera «aún más grave que, sin garantías jurídicas y teniendo esas sentencias en contra, la Diputación seguirá cobrando los peajes».