Han reclamado un inventariado de los edificios con amianto de Gipuzkoa. ¿Qué persiguen?

Llevamos 20 años reclamando un inventario del amianto instalado. En mayo de 2002, el Parlamento de Gasteiz lo aprobó por unanimidad pero, al día siguiente, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos se lavaban las manos. Hemos presentado innumerables mociones en los ayuntamientos, salvo honrosas excepciones como Hernani y poco más, continúan haciéndose los sordos. Miles de toneladas de materiales con amianto continúan instalados en los edificios, con el agravante de que su vida útil ha caducado, se están descomponiendo, liberando fibras letales que pueden ser inhaladas por el vecindario, incluidos los animales, y enfermar. Si en Iparralde, para comprar o vender una vivienda, se requiere un Certificado Libre de Amianto, ¿Por qué no extenderlo a toda Euskal Herria?

La exigencia va más allá del ámbito laboral.

En el encuentro internacional de asociaciones de víctimas, celebrado en octubre de 2018 en Cataluña, decidimos alertar de otra posible oleada de cáncer por amianto, ahora por contaminación ambiental. Tenemos unos responsables institucionales muy «europeos» pero rápidamente se olvidan de los compromisos adquiridos con las decisiones del Parlamento Europeo: Erradicar el amianto del territorio de la UE antes de 2032. Como siempre, se cumplirá tarde y mal, probablemente con multas, pero nadie hablará de las muertes que causará tanta negligencia.

Es necesario tener en cuenta que en las tareas de reparación o demolición de edificios construidos en los 60, 70 y 80, sin inventario previo, se liberan fibras cancerígenas, cuyo nivel de seguridad es cero. Si no las separamos, contaminamos los residuos de construcción a reutilizar, eternizando el problema. Además, el coste que supone la retirada legal (contratar una empresa especializada y la gestión de los residuos) favorece la piratería, es decir, la retirada sin medidas preventivas, que continúen apareciendo enfermedades y el vertido incontrolado de residuos. Por ello, creemos que la Diputación de Gipuzkoa debe subvencionar la retirada del amianto cumpliendo normas y los ayuntamientos perseguir al pirata.

¿Disponen de algún censo de inmuebles afectados?

Ya nos gustaría. Casi todas las casas construidas en los años 60, 70, 80 –también en los 90– tienen materiales de amianto, incluso escuelas. Observamos innumerables pabellones industriales, cobertizos en caseríos y chabolas de huertos. Tampoco podemos olvidar que kilómetros de tubería de la red de abastecimiento de agua es de fibrocemento. Estamos logrando romper el muro de silencio que durante años lo ha ignorado. Estoy convencido tristemente de que hay que colocar muertos encima de la mesa, el testimonio de enfermos terminales y demandar por los daños.

Siempre señalo con envidia, cómo hace unos años, el Gobierno Regional de Aquitania, alertaba a todas las instituciones y profesionales por el daño causado por una tormenta veraniega de granizo en cubiertas o tejados de numerosas instalaciones y las normas de actuación estricta para su retirada o reparación, algo impensable en nuestros cargos institucionales. Tal vez, quienes han estado realizando informes de eficiencia energética tengan algún dato...

¿En Araba y Bizkaia no lo plantean?

Ya nos gustaría, aunque vista la voluntad de quien gobierna es escaso el recorrido. Los ayuntamientos tienen enorme responsabilidad y capacidad para actuar, alguno como el de Laudio actuó como el empresario más impresentable. Tampoco observo interés en investigar los vertidos incontrolados. Espero que los ayuntamientos realicen un censo de edificios con amianto antes de 2023, aprobando un plan de eliminación tras la Ley de Residuos que, próximamente, apruebe el Consejo de Ministros. Si posteriormente no cumplen, tendrán que responder ante los tribunales.

¿Detectan un incremento en el número de casos de enfermedades vinculadas al asbesto?

Sin duda. El Instituto de Estadística contabiliza 182 mesoteliomas entre 1999 y 2019 en Gipuzkoa, que continúan en aumento. Son muchos los expertos que cifran entre 10 o 15 muertes más, por cada mesotelioma (afectados de asbestosis, cáncer bronquio-pulmonar, laringe…). La clave es visualizar y lograr su reconocimiento. Nuestras sospechas se han confirmado tras autopsias de fallecidos por EPOC, que han desvelado de que se trataban de mesoteliomas no diagnosticados.

La credibilidad de Asviamie aumenta y logra que más cánceres pulmonares afloren y se reconozcan, pese a que la mayoría de los sanitarios incumplen el Decreto 1299/2006, al no comunicar la sospecha de una enfermedad profesional. No vale culpar exclusivamente al hábito tabáquico de todos los problemas respiratorios si has trabajado con amianto y fumaste. ¿Por qué olvidarnos de un asesino como el amianto?

Que los inscritos en el listado de Osalan de personas expuestas al amianto aumente, de 6.521 en enero de 2014 a 11.392 en diciembre de 2020, demuestra que hay más personas en vigilancia y conciencia. Cuando tengo noticias del fallecimiento de algún compañero de trabajo en Orbegozo por cáncer pulmonar, me lleva a pensar mal y acierto. No podemos esperar que el sistema visualice las muertes causadas por su insostenible y nocivo modelo de producción.

No vale culpar exclusivamente al hábito tabáquico de todos los problemas respiratorios si has trabajado con amianto y fumaste

En ese contexto, ¿por qué la Seguridad Social sigue negándose a reconocer muchos casos?

Todavía hay mucho negacionista, como los inspectores de Trabajo, que ignoran la doctrina del Tribunal Supremo y afirman que no existía legislación antes de los 80. En otras ocasiones, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) incumple los convenios de colaboración y rechaza las prestaciones por falta de información de la exposición. Resulta duro que, mientras las empresas incumplieron la obligación de informar y registrarse en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), el enfermo tenga que demostrar 30 o 40 años más tarde dónde estuvo expuesto al amianto. La ayuda de los viejos sindicalistas es crucial para las pruebas. Hay muchas resistencias y presiones, pero estamos doblegándoles.

El Congreso español aprobó dar pasos hacia la creación del fondo de compensación para las víctimas. Ahora, toca la tramitación y sacarlo adelante. ¿No le preocupan los matices?
¡Ojo, han decidido tramitar la ley! Veamos si es aprobada, qué recursos se destinan y para quiénes. Nadie pide perdón por el daño causado, que es el primer paso. Hubo responsabilidad de Estado, junto a la empresarial. Las víctimas laborales son resultado del incumplimiento generalizado de la legislación. No garantizaba la protección de la salud pero si se hubiera cumplido y las autoridades exigido, se habría ahorrado mucho sufrimiento. Urge lograr una reparación del daño, especialmente para quienes la empresa contaminante desapareció sin sucesión o las que por su tamaño micro, hacen inviable reclamar la indemnización de daños o recargos por falta de medidas de seguridad, sobre todo, para quien no tiene derecho siquiera a las prestaciones de la Seguridad Social. Me refiero a las mujeres que enfermaron por lavar la ropa o por los vertidos de las empresas. Nos quedan muchos años de lucha.

¿Es optimista?

No, la verdad. Lo real es que hasta el PNV, en algún momento, ha dicho que no comparte la idea de ir más allá de los temas de Seguridad Social; es decir, nada de los asuntos relacionados con la contaminación ambiental o prestaciones a familiares. La pelea por el fondo, que ahora algunos quieren hacer semántica si de compensación o indemnización, ha sido muy diferente en el resto del Estado.

Durante años me vi obligado a discutir con colectivos de víctimas, o sus despachos jurídicos, contrarios al fondo por el interés corporativo de abogados que nos acusaban de destruir el movimiento de lucha. Su ofensiva se destapa ahora, con la línea de enmiendas como la investigación del cáncer o los coeficientes de jubilación anticipada, erradicar el amianto, etc, en una misma ley. Reivindicaciones que más allá de que sean justas, las competencias afectarían a diferentes ministerios, lo que supondría facilitar una vía de escape al PSOE.

La extensión de las reclamaciones que tenemos en Euskadi es más amplia, abarca a pequeñas empresas que han desaparecido... He estado participando en las conversaciones por una Ley Integral del Amianto y han saltado chispas en el sentido de que hay gente que dice que lo importante es la prevención y no tanto la indemnización. Coincide que hay quien no tiene ningún interés en el fondo y la grave situación económica puede ser la excusa perfecta para no abrir el melón de las compensaciones. Abrirlo, aunque fuese con pequeñas cantidades, no eliminaría todas las reclamaciones a las empresas pero conseguiría unos mínimos para gente que no tiene nada. Va a estar complicado y depende de las fuerzas que presionen y ahí es donde está fallando el resto del Estado.

No podemos esperar que el sistema visualice las muertes causadas por su insostenible y nocivo modelo de producción

En el debate, se citó en varias ocasiones a las mujeres que fallecieron por su contacto con el amianto. ¿Sigue siendo otra asignatura pendiente?

A la hora de constituir el fondo, es irrenunciable que se haga justicia a las mujeres que se contaminaron lavando la ropa de trabajo de sus familiares. Las empresas estaban obligadas a lavar la ropa y lo incumplieron de forma generalizada. Estas mujeres no tienen derecho ni a las prestaciones de la Seguridad Social. Es la misma situación de quienes fallecieron o fallecerán a causa de la contaminación ambiental provocada por vertidos, como los de Tochi Ibérica, en el barrio de Altza de Donostia. Quiero recordar a la madre de Juanmi Gutiérrez, el difunto director del documental ‘‘La plaza de la Música-Historias del Amianto’’, que murió por un mesotelioma pleural causado por vivir frente a la empresa Paisa de Errenteria, cuyo extractor de polvo, colocado para hacer más respirable el ambiente de trabajo, arrojaba las fibras al balcón donde ella tendía la ropa lavada y cuidaba sus flores.

Si todo el mundo ve esa necesidad de compensar a las víctimas, ¿por qué ha tenido que pasar tanto tiempo?

No sería tan optimista. Tal vez el deterioro de la imagen empresarial por las demandas y los años que llevamos reclamando el fondo en Euskadi han creado un ambiente favorable. La percepción no es similar en otras comunidades, incluso no compartían nuestra demanda del fondo, pues las reclamaciones han sido casi exclusivamente contra Uralita, La Naval o grandes empresas.

Tras años de dura lucha, parece que los tribunales están sentenciando a favor de las víctimas. ¿Tiene esta percepción?

Sí, con la excepción del juez Ricardo Bandres, el «negacionista» del Juzgado número 4 de Donostia, con ilógicas e injustas sentencias, pese a los varapalos que ha recibido. Sin duda, también hemos aprendido cómo ganar la batalla, acumulando pruebas, testigos, peritos cualificados, no queremos jugar en la ruleta de la suerte.

¿Sigue ocultando Osakidetza el origen de muchas muertes relacionadas con el asbesto?

Tenemos una Osakidetza reduccionista, que ha olvidado la atención primaria y las enseñanzas de Bernardino Ramazzini que, en el siglo XVII, recomendaba a sus alumnos: ‘Pregunta en su lecho al enfermo cuál es la fuente de su sustento, pues puede ser el origen de la enfermedad’. En consecuencia, no hace nada por cumplir el Decreto 1299/2006. El problema se sitúa en que las empresas no registraron a la mayoría de los trabajadores expuestos. En Osakidetza no hay constancia de la exposición, se opta por culpar al tabaco.

Además, la mayoría de enfermedades aparecen cuando ya no trabajas. Es fundamental que quien trabajó con amianto se registre en Osalan. Posibilita que, tras un ingreso hospitalario por cualquier patología, aparezca “trabajador del amianto” y aunque algunos profesionales no dan parte a Osalan, si les orientan a reclamar y ponerse en contacto con nosotros.