![El magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal, junto a los jueces Andrés Martínez y Juan Ramón Berdugo. (POOL EFE)](/media/asset_publics/resources/000/560/080/article_main_landscape/ts-proces.jpg)
El tribunal que juzgó la causa del procés ha señalado que se opone a «cualquier forma de indulto, total o parcial», a los 12 líderes independentistas catalanes. Los magistrados consideran que «no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad» de las penas a las que fueron condenados, que «no hay prueba o indicio de arrepentimiento» por parte de ellos y que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas «desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva» y «pretenden que el Gobierno corrija» la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
La Sala, presidida por el juez Manuel Marchena, afirma que las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta «pierden cualquier justificación cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos».
Defiende, del mismo modo, que la pena «solo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición». El Supremo se introduce en una valoración política de los distintos sucesos ocurridos en Catalunya en otoño de 2017, remarcando que los condenados realizaron una «engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores».
El informe cita de forma concreta al presidente de Òmnium Jordi Cuixart que en su respuesta a la Sala afirma que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito. El tribunal encabezado por Marchena señala que esas palabras son «la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable» y que expresan «una actitud antidemocrática».
Asimismo el Supremo añade que el indulto, «contrariamente a lo que sugieren algunas de las solicitudes presentadas en nombre de los condenados, no puede presentarse como una segunda instancia ante el Gobierno de la nación ni como el último mecanismo para reparar la supuesta vulneración de derechos fundamentales».
El Tribunal Supremo también hace referencia a la petición de amnistía del propio Cuixart. «Esa preferencia por la amnistía, justificada en momentos políticos de transición de un sistema totalitario hacia un régimen democrático, prescinde de una enseñanza histórica que evidencia que, en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales».
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