Stop Desahucios Euskadi ha denunciado la situación de siete familias de Intxaurrondo (Donostia) y de Sagastialde (Hernani) a las que se les ha comunicado que deben abandonar sus viviendas al finalizar los contratos improrrogables de los apartamientos dotacionales adjudicados hace cinco años.

Entre los afectados, cuyos contratos finalizaron entre mayo y julio de 2020 en Hernani y en este mes de mayo en Intxaurrondo, hay familias monoparentales, un matrimonio con menores a cargo, un anciano o una gran discapacitada, han explicado portavoces de Stop Desahucios este jueves en una rueda de prensa en la capital guipuzcoana.

Han criticado que, siendo familias vulnerables económica y socialmente e inscritas en las listas de Etxebide, se les adjudicaran apartamentos dotacionales creados para la emancipación de los jóvenes.  También han denunciado que el parque de alquiler social es «totalmente insuficiente» ante la creciente demanda en una época en la que «la precariedad ha crecido y los precios de los alquileres no han bajado en la pandemia».

La portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, ha advertido que a partir del 9 de agosto, cuando muchas familias reciban nuevas fechas de desahucios por la finalización de la última prórroga, «habrá muchas más concentraciones» para pedir al Gobiernode Lakua que movilice la vivienda vacía «de verdad», y no «con la chapuza» que han hecho.

«Cuestionar el sistema»

El Departamento de Vivienda ha respondido rápidamente con una nota en la que defiende su «esfuerzo» para incrementar el parque público de alquiler, si bien reconoce que las viviendas existentes «no son suficientes para atender la demanda actual».

Explica en su texto que los alojamientos dotacionales (ADAs) son concedidos por un periodo de cinco años, condición que conocen quienes acceden a los mismos, que son «preferentemente» jóvenes, pero también otras personas.

Estas adjudicaciones responden a unos requisitos económicos. «Pretender que se adjudiquen o mantengan adjudicaciones cuando se incumplen los requisitos, como sucede al excederse del límite de ingresos para tener el Derecho Subjetivo de Vivienda, está cuestionando el propio sistema que le dio ese derecho a la persona que entró hace cinco años con carácter preferente a otras personas en relación con esa adjudicación».

No obstante, el Departamento que dirige Iñaki Arriola asegura que «analiza cada caso minuciosamente» para evitar «situaciones de vulnerabilidad. Ninguna familia sin recursos queda desamparada. Y en concreto, en las promociones a las que hace referencia Stop Desahucios, todas las personas con derecho subjetivo cuyo contrato de alojamiento dotacional expiraba cuentan ya con una solución habitacional».