Carlos Aguiriano González, de 61 años, está a punto de ser desahuciado de la casa, propiedad del Obispado de Bilbo, donde ha vivido toda su vida. El 15 de julio será la vista judicial de la demanda de desahucio que ha puesto la institución eclesiástica. Tiene la esperanza de poder quedarse en el piso donde su familia ha vivido de alquiler durante muchísimos años y quiere regularizar su situación en base a su estado de vulnerabilidad, ya que padece esclerosis múltiple.

Cuando se casaron, sus padres fueron a vivir a Begoña, en una vivienda de alquiler de una gran propietaria. Esta destinó una parte a un hogar sacerdotal y la otra a viviendas de alquiler para sufragar los gastos de aquel. Al fallecer, legó las dos partes al Obispado y a partir de ahí la gestión la llevó el propio hogar sacerdotal.

Al principio, el alquiler de la vivienda donde aún vive Carlos estaba a nombre de su padre. Cuando falleció, en 1996, pasó a nombre de su madre. Carlos ha vivido ahí junto a su madre y su hermana. «Mi hermana tenía parálisis cerebral y mi madre siempre ha estado muy delicada de salud. Yo, toda la vida, me he ocupado de las dos», explica.

Él trabajaba desde la década de 1980 como traductor e intérprete. Pero, debido al deterioro de la salud de su madre y su hermana, a la que más tarde le diagnosticaron cáncer de mama, tuvo que dejar su trabajo para cuidarlas. Y comenzó a trabajar como cuidador no profesional, de acuerdo a la actual ley de dependencia.

Problemas con el contrato de alquiler

Ya en una situación bastante compleja, todo empeoró en 2011 con la muerte de su madre. Carlos Aguiriano González se puso en contacto con el Obispado para ver cómo podía subrogar el alquiler del piso. «Me dijeron que si lo hacía a mi nombre sería por dos años y luego se extinguiría el contrato. Y si lo hacía a nombre de mi hermana, al ser discapacitada, sería para toda la vida», explica.

Pensó que lo mejor era hacerlo a nombre de su hermana pero, siete meses después de haber fallecido la madre, murió la hermana a causa del cáncer.

«El Obispado me dijo que el contrato de alquiler lo habían subrogado a nombre de mi hermana, aunque realmente no habíamos concretado nada. Me dijeron que ya no tenía posibilidad de volver a subrogarlo», explica Carlos, señalando que a partir de la muerte de su madre dejaron de cobrarle el alquiler.

Asegura que, en un momento dado, le dijeron que se podía hacer un nuevo contrato «pero actualizado al nuevo mercado». «Yo les dije que sí, siempre que se tuviese en cuenta el estado de la casa, ya que el edificio es del año 1954 y no se han hecho grandes reformas. Además, es una casa pequeña. Finalmente, la propuesta se quedó en nada», relata.

Un mal diagnóstico que se suma a la depresión

Mientras tanto, empezó a notar problemas de salud y, tras un periplo por diferentes centros de salud, finalmente le diagnosticaron esclerosis múltiple: «Esto fue un motivo más para la depresión de la que estaba siendo tratado desde los fallecimientos tan seguidos de las dos personas en torno a las que giraba mi vida».

Al de unos años, el Obispado comenzó a desmontar el hogar sacerdotal y a trasladar a los curas residentes a otros lugares. Desde ese momento, los pisos del hogar sacerdotal permanecieron vacíos. Carlos cuenta que la abogada del Obispado se puso en contacto con él y le dijo que tenía que dejar la casa «porque iban a destinar el edificio para otros fines».

«Yo pedí otra solución y, una vez más el tema se quedó en stan-dby –añade–. Más tarde me ofrecieron una alternativa habitacional, pero se trataba de un tercer piso sin ascensor y, dada mi enfermedad, no puedo vivir ahí. Yo les expuse mis pegas, pero no me han contestado».

Los años pasaron sin que lograra una solución adecuada. El Obispado no le ha cobrado ningún alquiler, pero cada cierto tiempo le recordaba que se tenía que ir de la vivienda. Volvió a trabajar de intérprete en diferentes sitios, pero con la pandemia de la covid-19 se quedó sin ofertas de trabajo.

Demanda de desahucio

Ya en 2020, la letrada del Obispado volvió a ponerse en contacto con él para decirle que se fuese «o que, si no, procederían por medios judiciales». «Me reuní otra vez con la abogada y me dijo que nos reuniríamos después de navidades en el Obispado», cuenta.

En diciembre pasado, el Obispado vendió por 1.716.000 euros al Gobierno de Lakua 14 de los pisos que tenía en el edificio. El piso de Carlos no entró en esa operación. «Algo muy extraño», comenta. Lakua dijo que los pisos serían incluidos en el católogo de viviendas protegidas destinadas al alquiler a través de Alokabide.

Como recuerda Carlos, la reunión en el Obispado nunca no tuvo lugar y, en vez de eso, al de unos meses recibió una demanda de desahucio.

Ha intentado ponerse en contacto con el obispo por diferentes medios para comunicarle su situación. Finalmente pudo hablar por teléfono con el secretario general de la Diócesis y después de eso recibió la visita de la fundación católica Eguzkilore, que le presentó posibles alternativas. «Todas ellas pasaban por compartir una vivienda con personas impuestas por ellos y bajo los precios del libre mercado, algo que no veo viable», señala.

La vista sobre el desahucio está prevista para el 15 de julio. Carlos solicitó la justicia gratuita, se la aceptaron debido a su situación económica y le asignaron un abogado de oficio. También está en contacto con el sindicato de inquilinos Maizterrak Bilbo y ahora está pendiente de algún movimiento por parte del Obispado.

«Para mí, la buena solución sería poder seguir viviendo en mi casa, que reúne las condiciones para cubrir mis necesidades debidas a mi estado de salud. Claro está, regularizando mi situación en base a mi estado de vulnerabilidad; por ejemplo, con un contrato de alquiler social. Hay que tener en cuenta que el propietario es la Iglesia católica, no un fondo buitre».

Desde la Diócesis de Bilbo aseguran que siguen en contacto con Carlos y que están trabajando para ofrecerle una alternativa habitacional.