La ‘Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales en Euskadi 2020’ señala que la pobreza real, que afecta sobre todo a familias de origen extranjero con menores y sin estudios cualificados, ha caído del 6,1% al 5,6% entre 2018 y 2020, el nivel más bajo desde 2014, aunque ha subido en el caso de las familias monoparentales (sobre todo en las monomarentales) y de las que tienen menores a su cargo.

De hecho, la pobreza infantil afecta ahora al 11,7% de los menores de 14 años, la tasa más alta desde el 7,3% de 2008, y se relaciona con el acceso a comida proteínica y a frutas y verduras.

Otra de las conclusiones es el incremento de la desigualdad. Según el informe, se aprecia un aumento de la desigualdad social, aunque «no por el empobrecimiento de las personas más desfavorecidas, sino porque las personas más favorecidas se han enriquecido más».

En cuanto al aumento de la pobreza infantil durante la crisis de la covid-19 «pone de manifiesto la inadaptación del actual sistema de cuantías de la RGI basado en un sistema de topes que perjudica de forma notable a las familias con dos o más hijo», advierte el informe que también aboga por «adaptar las AES para poder hacer frente a las situaciones de pobreza que afectan a esta población».

A pesar de ese alza de la pobreza infantil, en términos generales mejoran los indicadores sobre alimentación (los problemas graves bajan del 5,7% en 2018 a 3,7% en 2020), cortes de suministro (del 1,4 al 0,8%), los impagos o atrasos (del 6,5 al 5,6%), necesidad de recurrir a prendas de segunda mano (del 8,6 al 4,7% y a pasar frío en casa en invierno (del 9,3 al 6,9%).

Esta evolución positiva supone una ruptura del empeoramiento prácticamente continuado hasta 2018, que se notaba sobre todo en la pobreza energética y en el acceso a vestido y calzado adecuado.

Además hay un «fuerte» descenso de los problemas relativos al equipamiento e instalaciones en la vivienda (electrodomésticos básicos, televisión, teléfono).

Mejora en los gastos básicos

En coherencia con la mejora de los indicadores, baja el porcentaje de hogares que no cubren los gastos básicos del 5,6% en 2018 al 4,8% en 2020 y también descienden las familias que se consideran pobres o muy pobres del 2,7 al 2,1%.

Los hogares que no pueden afrontar un gasto extraordinario (situado en 900 euros) cae de un 23,1% al 16,3% y, en paralelo, la proporción de hogares sin ahorro alcanza su mínimo: el 19,2% en 2020, es decir 9,3 puntos porcentuales menos que en 2008.

El informe alerta además de algunas «tendencias negativas» como el «ligero» aumento de los embargos de bienes y el incremento de personas que gastan por encima de sus ingresos y que tienen un «riesgo grave endeudamiento» porque no tienen ahorros a los que recurrir.

«Situación de bienestar»

El estudio, de carácter bianual, y que ha sido presentado por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, refleja que un 90% de la población de la CAV vive en situación de bienestar «a pesar de que la encuesta se hizo en plena pandemia» y constata que los servicios y programas de protección social «han servido de muro de contención y han paliado los efectos económicos» de la crisis sanitaria.

«Esta encuesta demuestra que el sistema ha funcionado y ha mitigado las dificultades de los colectivos más vulnerables. Fuimos capaces de parar el golpe" con medidas como los complementos a los ERTE, la flexibilización en el pago de la RGI, el aumento de las AES y la puesta en marcha de programas sociales contra la pandemia», ha valorado la consejera.