![Los siete presos del procés que se encontraban en Lledoners posan con tras salir de la cárcel. (Josep LAGO/AFP)](/media/asset_publics/resources/000/809/821/article_main_landscape/presos.jpg)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «deplora» que el Consejo de Europa haya hecho recomendaciones a los jueces españoles sobre los procesos penales abiertos a independentistas que obvian «los principios de legalidad, separación de poderes, independencia judicial e igualdad en la aplicación de la ley».
Tras la resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la comisión permanente del CGPJ ha emitido este miércoles un comunicado aprobado por unanimidad para criticar lo que considera una injerencia en el trabajo de la justicia española y subrayar además que los indultados no fueron condenados «por sus ideas políticas y por la libre expresión de las mismas», sino que «fueron condenados después de un juicio público y con todas las garantías procesales por delitos de sedición y de malversación de caudales públicos».
El inusual comunicado del CGPJ tiene lugar después de que la Asamblea del Consejo de Europa aprobara este lunes una resolución en favor de los indultos en la que se pedía al Estado español reformar los delitos de rebelión y sedición, abandonar los procesos en curso contra independentistas relacionados con el 1-O y considerar poner fin a los procesos de extradición.
El CPGJ ha querido dejar claro que «las condenas en ningún caso se impusieron por la expresión de opiniones», ni por ejercer el derecho de reunión y manifestación en apoyo de sus creencias y convicciones, como señaló el propio Tribunal Supremo en su sentencia y también el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota de prensa emitida a principios de junio, cuando se preparaba la resolución.
El órgano de gobierno de los jueces considera que la Asamblea del Consejo de Europa también se contradice cuando subraya su respeto por los tribunales españoles y, al mismo tiempo, invita a la autoridades a dejar sin efecto las peticiones de extradición contra los exiliados y a abandonar el resto de los procedimientos penales en los que están incursos funcionarios de menor rango implicados en el referéndum.
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