Cinco organizaciones francesas que trabajan en la defensa de las personas migrantes ha hecho público este miércoles su informe correspondiente a 2020 en el que se constata que, pese a la situación de pandemia, los centros de retención administrativa (CRA) como el existente en Hendaia, que son la antesala de la expulsión al país de origen para las personas migrantes, siguieron funcionando a pleno rendimiento.

En marzo de 2020, las asociaciones autoras de ese diagnóstico sobre los centros de retención administrativa en los que se encierra a personas cuyo único delito es no tener la documentación exigida por las autoridades francesas, elevaron una petición al Gobierno de París pidiendo el cierre temporal de esas instalaciones.

Tal como señalaban las asociaciones, en esos centros resultaba muy complejo cumplir las normas sanitarias y, además, el cierre de fronteras a escala mundial motivado por la pandemia hacía recomendable suspender los procedimientos de expulsión ante la imposibilidad de su materialización.

Según se constata en el informe, presentado por responsables de La Cimade en Baiona, el Gobierno de Emmanuel Macron hizo caso omiso a esa petición que las asociaciones de apoyo a migrantes volvieron a hacer patente en noviembre de 2020, «con lo que las personas retenidas en esos establecimientos quedaron expuestas al contagio como se demuestra por los numerosos brotes que se produjeron, en general, en los establecimientos para personas privadas de libertad».

En el Centro de Retención de Hendaia se declaró un brote de covid-19 el pasado otoño. En el origen, varios agentes de la brigada de Policía. Lograron frenar la cadena de contagios, pero ello no derivó en un aumento de medidas sanitarias. De hecho, a diciembre de 2020 estaban ocupadas 18 de las 24 plazas disponibles de la sección de hombres, bien por encima de esa imitación de aforo del 50% planteada por motivos de covid-19.

Más tiempo de encierro

Si en el informe de 2019 las asociaciones expresaban su preocupación por la nueva ley migratoria adoptada por las autoridades francesas tendente a alargar hasta en 90 días el plazo máximo de estancia en un centro de retención administrativa, el balance de 2020 constata que, debido a la pandemia, el periodo medio de presencia de las persona en trámite de expulsión se ha alargado más si cabe el periodo de encierro, a la vista de las dificultades que planteaban numerosos países a la hora de autorizar operaciones de entrega.

Un alargamiento del periodo de retención que es causa de «grandes sufrimientos» y que ni siquiera se traduce en «cifras de resultados», ya que el porcentaje de personas expulsadas desde el Hexágono bajó del 49,4% registrado en 2019 al 40,4% marcado en el informe de 2020. Pandemia obliga.

Ese encierro prolongado, sumado a la supresión de visitas o a las dificultades en la asistencia letrada a los migrantes, llevó a situaciones extremas a personas «que no pueden entender» que sean objeto de un trato inhumano, lo que deriva en intentos de fuga o de suicidio o en actos de automutilación.

En el centro de retención de Hendaia que, tras un breve periodo de cierre temporal motivado por el confinamiento, volvió a entrar en funcionamiento el 22 de junio de 2020, se vivió meses atrás un episodio especialmente grave, protagonizado por M.G., un ciudadano de 34 años y de origen tunecino que cuando llevaba 63 días de encierro optó por coserse los labios en señal de protesta por su situación.

Casado con una mujer de nacionalidad francesa y encargado del cuidado de la hija de ésta, de profesión enfermera y, por tanto, personal de primera línea en tiempo de pandemia, esta persona trató de regularizar su situación.

Como ocurre tantas veces fue al acudir a una cita en la comisaría de la localidad francesa de Tulle. Esta persona llegó el 18 de febrero de 2021 al CRA de Hendaia, y el 19 de abril le comunicaron en el Tribunal de Baiona que en unos días se ejecutaría la orden de expulsión.

El 22 de abril La Cimade daba a conocer que esta persona se había cosido los labios en denuncia de la decisión destinada a alejarle de su familia. Se negó a hacerse el test de PCR, preceptivo para proceder a la expulsión.

El juez le condenó el 26 de abril a dos meses de cárcel por negarse a hacer esa prueba y retrasar con ello su salida de territorio francés.

Ese caso, que se recogerá sin duda en el informe del año próximo, remite a una práctica, la del castigo al migrante que se niega a realizar el PCR, que ya estrenó el Tribunal de Baiona el año pasado, cuando condenó a un ciudadano marfileño a dos meses de cárcel.

En todo caso, el episodio más grave que se reporta en el informe 2020 en Hendaia hace referencia a la fuga de cinco personas magrebíes recluidas en el centro y que escaparon en noviembre de 2019.

Ese episodio, que dio lugar a la detención y encarcelamiento en la prisión de Baiona de estas cinco personas terminó de forma trágica para una de ellas que optó por quitarse la vida, en febrero de 2020, en su celda.

Este hecho llevó a las asociaciones a trasladar su protesta a las puertas de la vetusta prisión, sita en el barrio de Saint-Esprit de la capital labortana.

La «muga racista», la otra plaga

El cierre férreo de la muga interna de Euskal Herria se ha traducido en una situación de mayor indefensión si cabe para las personas migrantes, como quedó en evidencia con la primera muerte en el Bidasoa de una persona a la que se impidió seguir su camino.

Fue el pasado 22 de mayo cuando las aguas del río se tragaron la vida y los sueños de Yaya Karamoko, de 28 años de edad y natural de Mankono (Costa de Marfil).

Apenas unas semanas antes en las inmediaciones del polideportivo irundarra de Azken Portu aparecía ahorcado otro joven africano, en este caso de origen eritreo.

Dos vidas quebradas en una parte del territorio vasco por la que transitan mensualmente entre 600 y un millar de personas buscando seguir ruta, según las estimaciones aportadas por colectivos como Etorkinekin e Irungo Harrera Sarea.

Las asociaciones denuncia de forma recurrente las inhumanas consecuencias que se derivan de la política de migración de la UE y en particular de esa ‘Operation Sentinelle’ que obliga a los migrantes a buscar accesos cada vez más peligrosos al estar los puentes que unen al norte y sur de Euskal Herria ocupados por la Policía.

La compleja situación en la muga ha acrecentado los problemas para los migrantes y convertido en tristemente habituales las entregas en caliente.

En lo que respecta al CRA de Hendaia, la estadística dista mucho de esos 358 ingresos de 2018. En 2020 pasaron por esas instalaciones un total de 163 personas.

Las asociaciones solo disponen de datos fiables de los centros en los que intervienen, ya que la administración francesa les niega a aportar las estadísticas necesarias para monitorizar unos espacios cada vez más opacos.

Más de 2.000 menores encerrados en Mayotte

El informe presentado hoy habla de unas 28.000 personas recluidas en 2020 en centros de retención. La cifra se desgranaría en 13.011 retenidos en CRA situados en el Hexágono y 14.906 en centros de retención situados en «territorios de ultramar» denominación amable que da el Estado francés a sus vestigios coloniales.

En Guyana, Guadalupe o Mayotte, donde el covid-19 ha golpeado con especial virulencia, la situación de las personas migrantes apenas aflora a los medios de comunicación.

Especialmente lacerante es el encierro de familias con hijos menores. Las protestas parecen surtir algún efecto en los centros sitos en la Metrópoli. Con todo, en 2020 122 niños-as pasaron por centros de retención hexagonal. El informe recoge un 1,6% de órdenes de encierro familiar en el caso del Departamento de Pirineos Atlánticos. 

La situación es del todo inhumana en el caso de los centros para migrantes en los territorios coloniales. En Mayotte, 2.044 menores fueron recluidos en esas «prisiones» para migrantes.

Nada indica que la alerta de las asociaciones y las escasas victorias judiciales –La Cimade recuerda que un migrante debió ser excarcelado en 2020 al probarse en el Tribunal de Pau la ilegalidad del procedimiento– vayan a hacer cambiar al Estado francés en esa «vocación de encerrar más y expulsar cueste lo que cueste» de la que habla el informe.

Así lo confirma la decisión materializada en, 2020, en pleno periodo de pandemia, de la apertura de cuatro nuevos centros de detención. El más próximo a Euskal Herria se sitúa en Burdeos, que ha ganado con esa ampliación 140 plazas de retención suplementarias.