El uso de la tortura para extraer pruebas o inculpaciones o la tergiversación de acciones políticas públicas son características comunes de los procesos del «todo es ETA». Este 13/13 suma otras vulneraciones y llega a juicio cuando la organización ni existe.  

CNI

«Toda la investigación de la Guardia Civil `cuelga' de la interceptación de comunicaciones hecha por el Centro Nacional de Inteligencia». Lo reconoció nada menos que el que fue jefe de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y supone una ilegalidad palmaria ya  que el servicio de espionaje no está facultado para actuar como policía judicial, al contrario que Guardia Civil, Policía española o Ertzaintza. Por este motivo ya se reclamó la nulidad en la instrucción y el asunto seguirá sobre la mesa el lunes.

«Cosa juzgada»

De los ocho acusados, la mitad han sido juzgados y condenados por hechos análogos y, más aún, han cumplido íntegramente sus condenas. Tres lo fueron en el proceso contra el colectivo Herrira y otro más en el caso de Gestoras-Askatasuna. El principio jurídico «non vis in idem» les debería asistir.

Torturas

El testimonio de Naia Zuriarrain difundido estos días certifica la aplicación de esta lacra para obtener inculpaciones. Con dos agravantes añadidas.

Una, el juez de guardia en la redada de 2010 estableció unas cautelas que luego dejó sin efecto el instructor y hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (siete de cuyas operaciones han acabado en condenas europeas).

Y dos, consta un documento de directrices para el operativo de 2010 (llamado ‘Distribución H-Alboka’) en que la Guardia Civil estipula dar un «trato exquisito» a los abogados y por contra «tratar de obtener una manifestación que ratifique las imputaciones» a través de los restantes detenidos, como es el caso de Zuriarrain. Mientras los primeros refirieron trato correcto, quienes no eran letrados desvelaron todo tipo de presiones, incluso de índole sexual en el caso de las mujeres, junto a sesiones de tortura con métodos como «la bolsa».

El detalle de Pla

El que fue representante de ETA para el proceso de resolución David Pla llegó a estar imputado en este procedimiento. De hecho, la operación policial se desencadenó tras una supuesta cita suya en 2008 en el Estado francés, pero resultó que esto era falso: ese día estaba en una cárcel visitando a una persona presa. Así que David Pla no estará finalmente en el banquillo, pero el proceso ha seguido a partir de esa patraña operativa.

Registros

La redada en las sedes de abogados de Hernani y Bilbo arrampló con todo, circunstancia que fue denunciada ante los colegios profesionales. «Se llevaron todo lo que quisieron del despacho de abogados, les daba igual qué sumario fuera», recordó en una mesa redonda este jueves Arantza Zulueta.

Dilaciones

La operación policial (con diez arrestos) tuvo lugar el 14 de abril de 2010, por lo que han pasado más de once años desde que se activó el sumario. Ello no solo muestra dilaciones judiciales, sino que convierte el momento político y social en totalmente extemporáneo. En aquel tiempo ETA todavía atentaba y hoy ya hace tres años de su disolución. Solo para los acusados hay una línea temporal continua, puesto que llevan más de 4.000 días con esta acusación sobre sus espaldas. Y purgaron prisión provisional de casi un año al inicio.

Delitos menos graves

2015 marcó un punto de inflexión en estos procesos del «todo es ETA» por la reforma del Código Penal que introdujo rebajas de grado en las condenas para los llamados «delitos menos graves» (para entendernos, en los que no se hubieran utilizado armas o explosivos, como es el caso).

El logro de acuerdos que evitan o reducen ingresos en prisión tiene terreno abonado con ello, pero en este caso la Fiscalía no ha dado ningún paso: «Nos hemos encontrado con que su voluntad es nula, no ya para llegar a acuerdos, sino simplemente para reunirse», confirmaba en estas páginas Julen Zelarain.