La juez Ángela Murillo ha rechazado la solicitud de la representación de los enjuiciados en el sumario 13/13 de que sus defendidos no pueden ser objeto de procesamiento debido a las distintas irregularidades que se se han registrado en el procedimiento, por lo que la vista sigue adelante.

En principio, la próxima sesión será este martes, pero depende de la reacción de una de las integrantes del tribunal a la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus que le han inoculado. Según ha explicado Murillo, dependiendo de su reacción la mañana del martes, se celebrará la segunda sesión o se aplazará al miércoles. En esa segunda sesión se tomará declaración a los acusados comenzando por Arantza Zulueta.

Jone Goirizelaia, abogada de Naia Zurriarain, ha alegado en las cuestiones previas que se están planteando al inicio de la vista que su representada no puede volver a ser juzgada por unos hechos por las que ya fue condenada en junio de 2018. La ruptura del concepto de ‘non bis idem’, el no volver a juzgar a una persona de nuevo por unos hechos en más de una ocasión es uno de los elementos que se han destacado entre las irregularidades de este procedimiento.

La abogada ha subrayado que el escrito de acusación y la condena previa se refieren a los mismos hechos, calificado como un delito de «integración en organización terrorista». Durante su estancia en prisión fue clasificada como FIES, tal y como se hace con los condenados por esta causa.

Alfonso Zenón, abogado de Arantza Zulueta y Jon Enparantza, ha planteado hasta seis cuestiones para pedir la nulidad del procedimiento. De este modo, ha pedido la recusación del tribunal porque participó en el juicio contra Gestoras/Askatasuna, que analizó el llamado «frente de makos» y el papel de los abogados, una cuestión que centra la actual causa, sustituyendo al «frente de makos» por la organización Halboka.

Asimismo, ha puesto sobre la mesa la intervención del CNI en el procedimiento, que los registros se realizaron sin presencia de los acusados ni de su representación legal. Junto a ello, ha puesto en cuestión la validez de la identificación de David Pla en las diligencias por parte de la Guardia Civil, ya que en el momento de la supuesta identificación se encontraba en prisión. Todos estos elementos inciden en la indefensión de sus representados en este procedimiento.

Aiert Larrarte ha recurrido a la falta de tutela judicial efectiva por la intervención del CNI sin cobertura legal y sin control jurisdicional en el caso de Iker Sarriegi y al de la cosa ya juzgada en el de Julen Zelarain.

Sin acuerdo

La Fiscalía no ha querido llegar a un acuerdo con la representación de los encausados, lo que hubiera supuesto una conformidad de las penas y que el juicio no se celebrase, tal y como ha ocurrido en otras causas.

Fuentes de la Fiscalía señalan que el acuerdo no ha sido posible porque las acusaciones particulares en nombre de colectivos de víctimas no han querido, aunque desde la parte de la defensa se señala que el Ministerio Público no ha tenido receptividad hacia este posibilidad hasta el punto de que ha sido imposible mantener siquiera una reunión para negociar la cuestión.