El cuarto monográfico de Behatokia, entidad del Foro Social Permanente, pone el foco sobre los «escollos en los itinerarios de reintegración» de las personas presas y más en concreto sobre la Audiencia Nacional, en la que percibe «un intento de bloqueo de los avances. No se trata de una situación que se haya instalado de manera definitiva, pero el riesgo de bloqueo a corto y medio plazo no es desdeñable».

Los juristas que expresan esta «preocupación» indican en las conclusiones de su trabajo que «se observan claras posiciones involucionistas, verdaderas marcha atrás en algunos temas que hace menos de dos años no parecía que iban a enredarse así. Y se detectan posiciones muy ideologizadas, perfectamente identificables con posiciones políticas definidas en contra de los nuevos tiempos».

Por el momento esta actitud «ha acarreado una suerte de parón de casi seis meses» en los que una docena larga de personas no han podido acceder a permismos, otras no han logrado llegar al tercer grado o la libertad condicional y «unas cuentas han visto perdidas, de manera irreversible, redenciones extraordinarias que les permitirían ir recortando el tiempo de condena. El daño ocasionado no tiene arreglo posible».

Tres instancias

Entrando en detalles, el informe analiza la actitud de tres instancias dentro de la Audiencia Nacional: el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP), la Fiscalía y la Sección Primera de la Sala de lo Penal (SPSP). Para entender el papel de cada una, un ejemplo válido es la tramitación de la solicitud de permiso de salida de un preso o presa vasca: cuando la Junta de Tratamiento de la cárcel correspondiente lo plantea, llega al JCVP, que solicita criterio al Ministerio Fiscal, y su resolución posterior puede ser recurrida igualmente por la Fiscalía ante el SPSP, que es por tanto quien tiene la última palabra.

Conviene por tanto reparar primero en qué está haciendo la Sala de lo Penal. Behatokia constata que desde 2020 está instalando en sus resoluciones como «elemento argumental clave» la «necesidad de que, para cualquier avance o mejora en sus condiciones de vida o expectativas de salida, la persona presa se encuentre ‘arrepentida’, como expresión general». Así, se está escudando para denegar solicitudes en que «la persona presa utiliza una determinada terminología (‘conflicto político’, ‘consecuencias’...) que la Sección Primera entiende como ‘atisbos justificativos’».

La involución es evidente en el caso de las redenciones extraordinarias, certifican estos juristas. Pero llega también a las denegaciones de permisos, terceros grados o libertades condicionales.

Además de la «falta de arrepentimiento» la Sala argumenta puntualmente que estas medidas deben tener en cuenta el tiempo de condena impuesta y no el máximo de cumplimiento legal, de lo que se pasa a concluir que conceder permisos a alguien que lleva 20 años preso «resultaría prematuro y difícil de entender socialmente». También se aferra a que el «principio retributivo (‘el que la hace la paga’) es de tanta importancia como el principio de resocialización».

La Fiscalía también esta teniendo un papel capital en estos escollos. El estudio advierte una «tendencia asentada en 2021» que se traduce en que el Ministerio Público «se viene posicionando en contra de toda propuesta de redenciones extraordinarias, permisos, progresiones a tercer grado». Se da algún caso en que ha pasado de apoyar el permiso a un preso a denegarlo «sin que haya cambiado nada relevante».

Para ello, en ocasiones la Fiscalía se enfrenta a los informes técnicos de las Juntas de Tratamiento de las cárceles, aseverando que los escritos de las personas presas «carecen de sinceridad» u obviando las observaciones de estos educadores, sicólogos, trabajadoras sociales...

Especialmente grave consideran estos juristas que la Fiscalía esté rechazando permisos de salidas utilizando para ello las exigencias legales previstas para otro supuesto mayor: el tercer grado. Y llegando a «señalar como posible que la persona presa pueda revertir su aparente posición y volver a delinquir en ETA o a huir».

En cuanto al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, primera instancia en la AN, Behatokia admite que hay resoluciones que efectivamente se atienen a lo planteado por las Juntas de Tratamiento, pero luego se da pie a la Fiscalía para bloquearlas. Así, cuando el Ministerio Público rechaza los avances, el JCVP encarga nuevos informes o solicita un nuevo escrito a la persona presa, con el efecto práctico de parar o dilatar mucho el proceso.

El resultado de todo ello es que cinco propuestas de libertad condicional por parte de diferentes cárceles siguen en trámite y otras se han denegado, aprobándose únicamente una que está pendiente ahora del recurso de la Fiscalía. Solo ha habido tres progresiones a tercer grado y hay dos más en trámite. Y se acumulan las peticiones de permisos denegadas o no resueltas, alguna de ellas incluso con posicionamiento favorable (inhabitual) de la Fiscalía.

«Anular las tendencias vindicativas»

La alerta de Behatokia hace hincapié en que «dependerá de diferentes factores que este bloqueo llegue a afianzarse o, por el contrario, se deshaga». Por su parte, plantea que «de lo que se trata ahora es de que impere el sentido común, se anulen las tendencias vindicativas o revanchistas, el derecho a la reintegración se superponga y se abran las vías para que las personas presas vascas condenadas por delitos de motivación política puedan abordar de manera natural el retorno a sus casas».