«Impunidad de facto». Así es como califican los familiares de las víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad británicas el plan del Gobierno de Londres de poner fin a todos los enjuiciamientos penales por crímenes que ocurrieron con anterioridad a la firma del Acuerdo de Viernes Santo –abril de 1998– en el marco del conflicto político norirlandés.

La decisión de Boris Johnson ha conseguido unir a unionistas/lealistas y republicanos, así como a las víctimas de la violencia política en ambas comunidades, en su repulsa a esta propuesta de amnistía encubierta, que se siente como un punto final a cualquier esperanza de justicia y rendición de cuentas de las víctimas o sus familiares.

El líder del DUP, Jeffrey Donaldson, dijo que las propuestas del Gobierno británico serían rechazadas por todos en el norte de Irlanda, y llevó al líder del SDLP a usar su privilegio parlamentario para identificar con nombre y apellido al «soldado F», uno de los militares reconocido como responsable de la masacre de catorce civiles ocurrida en Derry, en 1972, durante el conocido como Domingo Sangriento (Bloody Sunday).

«Total desprecio»

El Ejecutivo irlandés manifestó su frustración ante el anuncio de Londres, al considerar que debería haber sido negociado con Dublín, mientras que Michelle O’Neil, viceprimer ministra norirlandesa y vicepresidenta de Sinn Féin, acusó al Gobierno de Johnson de mostrar «su total desprecio por la gente del norte, por las víctimas del conflicto, por nuestro proceso de paz y por sus acuerdos».

Una vez más, Johnson dejó en manos del ministro británico para el norte de Irlanda, Brandon Lewis, la declaración institucional sobre el plan ante la Cámara de los Comunes, donde intentó justificar la legislación llamada «limitación estatutaria», que el Ejecutivo tiene previsto tramitar en otoño, como una oportunidad «para la justicia». Sostuvo que, aunque el asunto es «complejo», es »la mejor y única manera» de zanjar el legado de crímenes no resueltos del conflicto.

Sin embargo, el objetivo claro del plan es proteger a los soldados del Ejército británico y otras fuerzas de seguridad ante investigaciones sobre sus actuaciones durante el conflicto político norirlandés, ya que el establishment político conservador y las instituciones militares consideran que los requerimientos judiciales de los familiares de las víctimas en su búsqueda de la verdad es un trato «vejatorio» para los individuos responsables de esos crímenes.

La ley prohibiría a la Policía norirlandesa (PSNI) y al defensor del pueblo investigar incidentes relacionados con el conflicto y significaría el fin de toda la actividad judicial sobre crimines históricos ocurridos durante esos treinta años, incluyendo investigaciones judiciales y acciones civiles y criminales contra los autores.
No obstante, esta amnistía para las fuerzas de seguridad sólo puede hacerse realidad si se extiende a las organizaciones paramilitares realistas y al IRA.

«Obsceno e interesado»

Precisamente, familiares de las víctimas del IRA en el conflicto norirlandés han calificado el plan de Johnson como «obsceno e interesado», ya que estiman que el líder conservador está sacrificando el dolor de las familias en aras de su propio interés político.

«Está separando la idea de ley y orden con un bolígrafo. No le importa lo que piense la gente de Irlanda del Norte y nosotros tenemos que recoger los pedazos. Crea un grupo de personas que se sienten totalmente privadas de sus derechos y que no tienen a dónde ir», acusó Shane Laverty, cuyo hermano Robert, un agente de policía de 18 años, murió víctima de un tiroteo en 1972.

De aproximadamente 3.600 homicidios ocurridos durante el conflicto político, que comenzó en 1969, más de 3.000 siguen sin resolverse y solo se ha producido un puñado de enjuiciamientos.

Mark Thompson, cuyo hermano Peter resultó muerto a tiros por soldados británicos en Belfast en 1990 y que trabaja con el grupo Familiares por la Justicia, subrayó que el Gobierno estaba desechando el acuerdo de Stormont (2014), que trazaba un camino hacia la verdad y la reconciliación, para proteger a las fuerzas de seguridad.

«Nos dieron lecciones durante el conflicto sobre el Estado de derecho. Ahora vemos que cuando se les juzga a ellos sucede todo lo contrario… Este es un Gobierno al que no le importan los derechos humanos ni el Estado de derecho», sostuvo.