La Asamblea Nacional francesa ha aprobado esta madrugada en primera lectura el proyecto de ley que debe imponer el certificado covid para muchos actos corrientes de la vida social, como utilizar el transporte público de largo recorrido o tomar algo en un bar o un restaurante.

Un total de 117 diputados se pronunciaron a favor del texto, que apenas cambió con respecto al que había enviado el Gobierno, y 86 en contra, al término de un debate que comenzó el miércoles.

Ahora el proyecto de ley, que además de extender el uso del certificado sanitario establece la obligación de vacunarse para el personal sanitario y todos los profesionales que tratan cotidianamente con personas vulnerables, va a continuar su tramitación parlamentaria en el Senado.

El objetivo del Ejecutivo de Emmanuel Macron es que la adopción definitiva pueda conseguirse durante el fin de semana, con vistas a que el certificado covid pueda generalizarse desde comienzos de agosto.

Esa generalización del pasaporte sanitario es la forma por la que se decantó Macron, cuando anunció públicamente sus intenciones el lunes de la semana pasada, para forzar en la práctica a que se vacunen muchos franceses que hasta entonces eran reticentes, cuando no directamente refractarios.

El ministro de Sanidad, Olivier Véran, había insistido a los diputados de la necesidad de que esta ley fuese aprobada ante «la gravedad de la situación». Cerca de 22.000 caso se han detectado en 24 horas, según cifras de la Sanidad pública francesa, que se sitúan en las cotas más altas desde el 5 de mayo.

«Estamos en una carrera contra el reloj. Frente a esta situación, es indispensable que se adapte nuestro dispositivo», ha declaró el líder de los diputados de LREM, Christophe Castaner.