El pasado 29 de abril, 97 S&F Consultans se hizo con un contrato de 18.090 euros de Álava Agencia de Desarrollo para desarrollar un estudio preliminar sobre la situación económica de Aiaraldea. Semanas después renunció al mismo y se presentó a un concurso público que tenía por objeto la elaboración de un Plan de Acción Inmediata y un Plan Estratégico para la comarca de Aiaraldea. El 8 de junio la empresa se hizo con el contrato, por un valor de 98.600 euros.

Entre esas dos fechas ocurrieron dos cosas: el 12 de mayo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso multas por 6,3 millones de euros a 22 firmas de consultoría, entre las mismas figuraba 97 S&F Consultans, y a varios de sus directivos por manipular licitaciones públicas durante al menos 10 años. La consultora debe abonar una sanción de 69.667 euros, y su CEO, Leandro Ardanza, debe pagar 55.000 euros.

Además, este recibió a finales de mayo una carta firmada por el director gerente de Álava Agencia de Desarrollo, Julio Guinea, que le solicitó, «en confirmación de lo indicado en nuestra conversación telefónica que nos confirméis formalmente la disposición de S&F Consultans a renunciar a la adjudicación mencionada atendiendo a estas circunstancias imprevistas –en alusión a la convocatoria del nuevo concurso por parte de la Diputación, en manos de PNV y PSE–».

«Esperamos sinceramente que tengáis la oportunidad de participar en el nuevo proyecto en proceso de contratación», añadió Guinea, que utiliza un tono distendido en la misiva y tutea al director de la firma, Iñaki Larreina.

A juicio de EH Bildu «esto es un despropósito que demuestra la connivencia y el amiguitos entre ciertas instituciones y ciertas empresas». «¿Dónde se ha visto que una empresa renuncie por teléfono a un contrato y no pida indemnizaciones?», ha aseverado el procurador de EH Bildu, Iñaki Ullibarri, quien ha censurado «la tendencia cada vez mayor de PNV y PSE a recurrir a consultorías externas para realizar cualquier tipo de plan.

En opinión del grupo soberanista resulta «inadecuado, e incluso peligroso, dejar el diseño e implementación de decisiones estratégicas de calado en manos de empresas privadas, muy cercanas en algunos casos a determinadas sensibilidades políticas y en el punto de mira judicial y administrativo por comportamientos poco éticos y manifiestamente irregulares».

Ha denunciado que la forma de gobernar del Gabinete de Ramiro González «amenaza con llevar la privatización de la Administración Pública hasta el mismo centro neurálgico de la toma de decisiones estratégicas»; y ha anunciado que EH Bildu ha solicitado el expediente completo de la licitación en las Juntas Generales de Araba, así como la comparecencia del diputado general para que dé explicaciones sobre esta contratación.

Retraso de la ponencia parlamentaria

Cabe señalar que se trata de un tema que afecta Aiaraldea, una comarca que atraviesa una grave situación económica, y de cuyo futuro se está debatiendo en el Parlamento de Gasteiz, donde se ha constituido una ponencia. Sin embargo, el parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño, ha advertido de que Lakua ha optado por tomar decisiones sin esperar a conocer las conclusiones de este grupo de trabajo, que analiza como reactivar nueve municipios, cinco alabeases y cuatro vizcaínos.

En este sentido, Fernández de Betoño ha criticado que la presidenta de la ponencia, Alaitz Zabala, ha retrasado a setiembre la última reunión, prevista para el mes de julio, en la que se ponencia avanzar en la elaboración del informe de conclusiones que debe dar Piedades a la elaboración de un plan de choque y un plan

«Lamentamos que se haya tomado esta decisión y creemos además que se está gestionando este tema de forma caótica. La situación de Aiaraldea no ha ido a mejor y por eso, seguimos convencidos de que hay que acelerar los trabajos», ha manifestado el parlamentario, que el pasado mes de abril alertó de que los contratos menores del Gobierno de Lakua esconden «un clientelismo de baja intensidad».

Y el pasado mes de febrero adelantó ante notario, junto al parlamentario Josu Estarrona, que la empresa Euskal Trenbide Sarea acabaría contratando a la firma Sener para el «servicio de apoyo para la redacción del Estudio de la Red Ferroviaria del País Vasco». La licitación tenía un presupuesto de 1,3 millones de euros, sin IVA, y en los metadatos del PDF del ‘Pliego de prescripciones técnicas particulares’, y con fecha del 21 de enero de 2021, figura el título ‘Contrato Sener’.

Sobre este asunto parece que no hay ninguna novedad, permanecen a la espera de que el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, dirigido por Iñaki Arriola, ofrezca una «explicación técnica».

Respuesta de la Diputación foral de Araba

La Diputación foral de Araba ha negado que el contrato «haya sido adjudicado». «En primer lugar, es falso que este contrato haya sido adjudicado. Hemos licitado y abierto los pliegos. A partir de ahí se hace una propuesta de resolución», ha apuntado.

En ese sentido, ha recalcado que «nuestros servicios jurídicos llevan, desde entonces, contrastando que la posible adjudicataria tenga la capacidad de ser contratada, al tratarse de una de las consultoras sancionadas por la CNMC». Ha indicado que «se ha consultado al registro contratista del Gobierno Vasco, al Ministerio de Hacienda y al Rolece (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado), entre otros entes».

No obstante, ha reconocido que «en la valoración técnica, que es la parte subjetiva», la propuesta de 97 S&F Consultans es la tercera; «pero en la parte no subjetiva, la económica, era la primera. Y esa parte tiene un peso del 51%».