Las calles de Guatemala se han vuelto a llenar de indignación, tal como sucedió en 2015, para exigir de nuevo la renuncia del presidente, esta vez Alejandro Giammattei. La novedad es que ahora miles de personas también reclaman la dimisión de la fiscal general, Consuelo Porras, tras atreverse a destituir al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien se había convertido en el látigo contra la corrupción al enviar a prisión a decenas de funcionarios públicos. Porras arguye que Sandoval se dedicó a aplicar una justicia «selectiva» beneficiando a personas sindicadas, argumento que es compartido por el propio Giammattei, pese a que dice respetar la separación de poderes. Sin embargo, quien lideraba la investigación de los casos de corrupción en el país centroamericano da otras razones para su destitución: sus pesquisas estaban afectando a personas cercanas al actual Gobierno e incluso la fiscal general le había tenido «maniatado» para evitar avances y «paralizar investigaciones a conveniencia».

Sandoval, al igual que sucediera con la ex fiscal general Thelma Aldana, abandonó Guatemala nada más conocerse su despido con rumbo a El Salvador para garantizar su seguridad, teniendo en cuenta que era una de las personas más odiadas en los círculos de poder amenazados por sus investigaciones, que tenían en la diana a políticos, empresarios e incluso jueces. Después partió rumbo a Washington y allí ya se ha reunido con su exjefa Aldana, quien hace más de un año también se «exilió» de Guatemala, donde tiene pendientes dos órdenes de detención por sendos casos de corrupción por los que ha sido acusada y que ella asegura que son falsos.

Espaldarazo incondicional

El destituido fiscal ha tenido el inmediato apoyo de EEUU, que se ha traducido en el anuncio por parte de la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, de que paralizará «temporalmente» la cooperación con la Fiscalía de Guatemala. La funcionaria advirtió de que el Gobierno de Joe Biden «ha perdido la confianza» en la fiscal general Porras, a quien acusó de «falta de compromiso con el Estado de derecho y con procesos judiciales y fiscales independientes». En la misma línea, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, denunció que el despido de Sandoval «socava el Estado de derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad».

La comunidad internacional ha querido dar un espaldarazo incondicional a Sandoval dejando solos a Giammattei y Porras. Así, siete Estados (EEUU, Canadá, Estado francés, Alemania, Gran Bretaña, Suecia y Suiza) han emitido un comunicado en el que lamentan la destitución del fiscal y lo perciben como «parte de un patrón de inestabilidad y debilitamiento institucional que afecta al estado de derecho en Guatemala». Por el contrario, la Embajada de España no se ha pronunciado en ningún momento en apoyo al exjefe de la FECI, pese a formar parte del Grupo de Países Donantes G13 que históricamente había respaldado la labor del fiscal.

La soledad en la que ha quedado Giammattei, quien lamentó que la decisión de Washington de suspender temporalmente el apoyo a la Fiscalía «resulta contraproducente», le ha obligado a promover la «cooperación de organizaciones internacionales y países amigos» en busca de apoyo económico para la Fiscalía. Entre esos «países amigos» podría encontrarse el Estado español, con el que está organizando la celebración del bicentenario de la independencia el 15 de setiembre