El juicio militar contra la trabajadora humanitaria española que tiene estrecha relación con Euskal Herria, Juana Ruiz Sánchez, acusada por Israel de pertenencia a organización ilegal entre otros cargos, ha comenzado este martes después de tres aplazamientos en Cisjordania ocupada.

«El caso contra nuestra cliente Juana Ruiz es infundado y es parte del esfuerzo de Israel para criminalizar toda actividad y organización humanitaria externa en los territorios ocupados (palestinos)», ha subrayado su abogado, Avigdor Fledman, antes de la vista convocada a las 7.00 GMT.

Ruiz Sánchez, de 62 años, entró hoy esposada y visiblemente cansada en la sala de la cárcel militar de Ofer, en Cisjordania ocupada, donde estaba su marido y dos representantes del Consulado español en Jerusalén.

Detenida desde el pasado 13 de abril, Ruiz Sánchez trabajaba como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, y hasta mayo no fue acusada formalmente por la Justicia militar.

Está siendo juzgada por cinco cargos, entre ellos, «pertenencia a una organización ilegal», «participación en actividades de una organización ilegal» y «formar parte de la junta directiva de una organización ilegal».

Israel considera que la entidad donde está empleada desviaba fondos a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), al que considera «terrorista», al igual que la UE o Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores israelí denunció que el FPLP estaría operando una red de organizaciones humanitarias en Cisjordania, entre las que destacó a los Comités de Trabajo para la Salud, cuya directora, Satha Odeh, también fue detenida en julio.

Estas ONG desviarían fondos que países europeos donan como cooperación internacional a través de un mecanismo de fraude, falsificación y tergiversación de documentos.

En los cuatro meses que lleva en la cárcel Juana Ruiz ha recibido importantes muestras de solidaridad, también en Euskal Herria.