ONG como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Caminando Fronteras y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han mostrado su rechazo a la devolución colectiva de menores en Ceuta al considerar que viola los derechos de la infancia.

La Policía Nacional ha activado a primera hora de la tarde de este viernes un operativo para repatriar a los cerca de 800 menores marroquíes no acompañados acogidos en Ceuta desde mediados de mayo.

Unicef ha alertado de que entre los menores que llegaron en mayo a Ceuta y que Interior ha comenzado a devolver a Marruecos hay niñas vendidas como trabajadoras domésticas, otras que iban a obligar a casar y niños perseguidos por su condición sexual.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha instado al Defensor del Pueblo y del Menor a que proceda a actuar contra el Ministerio del Interior tras hacerse pública la operación para la deportación de los menores.

La Red señala que esta actuación es contraria a las convenciones del menor y, por tanto, «ontraviene la normativa nacional e internacional de infancia».

Además, ha reclamado a la ministra competente en materia de infancia, la responsable de Derechos Sociales, Ione Belarra,  que «no permita que el primer aniversario de la ley de infancia recién impulsada por su Gobierno se celebre expulsando a más de 800 niños cuyo país de origen ni siquiera está seguro que sea Marruecos».

El Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior el cese de estas devoluciones y ha abierto actuaciones de oficio.
 
Prohibidas por la ONU

También la ONG Caminando Fronteras ha denunciado la «violación de derechos de la infancia sin precedentes» y pide al Gobierno que paralice esta operación de repatriación colectiva de menores.

«Estas devoluciones colectivas van en contra de los derechos humanos y han sido prohibidas por la ONU», ha recordado.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha lamentado  que estas repatriaciones se hayan puesto en marcha a pesar del recordatorio de varias organizaciones sobre la ilegalidad de esta práctica.

También ha mostrado su repulsa Unicef, Save The Children y Plataforma de Infancia a través de un comunicado conjunto en el que han señalado que, según las normas españolas, europeas e internacionales, un retorno solo se puede contemplar cuando «sea en el interés superior del niño», cuando «la reintegración segura de los niños en su país de origen esté garantizada» y si el retorno es voluntario, siempre que el menor sea escuchado a lo largo del proceso.

El primer grupo está ya en Marruecos

El primer grupo de quince menores expulsados ya están en el Centro de Asistencia Social de Martil, localidad marroquí situada a unos 30 kilómetros al sur de Castillejos en la región de Tánger-Tetuán.

El dispositivo de devolución, sobre el que el Ministerio del Interior marroquí no ha hecho ningún comentario, se ha puesto en marcha en Ceuta por indicación de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior español, que en un escrito indica textualmente: «Rogamos se proceda a ejecutar las previsiones recogidas en el artículo 5 del Acuerdo entre el Reino de España y Marruecos de 2007 sobre la cooperación en el ámbito de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado».

La Fiscalía investiga

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía de Ceuta han decidido abrir diligencias de investigación para conocer las condiciones en las que se está produciendo la devolución.

Ambas fiscalías desconocen desde el plan puesto en marcha por el Ministerio del Interior hasta los detalles ya que solo habrían recibido una comunicación genérica que no decía ni cuántos, ni quiénes ni cuándo iban a empezar.