La «teoría de las ventanas rotas» surgida en los años 80 resume la importancia del contexto en el vandalismo y la criminalidad. Cualquier lector o lectora lo habrá comprobado en su entorno: si un vehículo aparcado amanece con una ventana rota y no se repara en unos días, pronto alguien le romperá otra, pinchará o desmontará las ruedas, robará las piezas del motor... hasta deshacer el coche. Si esa ventana es reparada, en cambio, todo lo posterior se evitará.

Este ejemplo resume la dicotomía entre dos modelos policiales: el securócrata, autoritario y meramente represivo y el basado en la prevención, la restauración y la implicación con la comunidad. Y de esta teoría parte el séptimo número de la revista ‘Erria’ de la Fundación Iratzar para realizar un amplio y profundo análisis de la realidad policial en Euskal Herria. Una realidad con un modelo hegemónico que se resume en las proclamas de los últimos alcaldes de Bilbo («guerra al navajero» de Iñaki Azkuna o «el que la hace la paga» de Juan Mari Aburto) y en las posiciones de la Ertzaintza.

En este trabajo de 60 páginas sobresale el análisis de la apuesta de la Ertzaintza por dejar ventanas rotas con políticas cortoplacistas que a larga generan nuevos problemas. Quizás por ello, pese a tener una tasa de criminalidad baja, «Euskal Herria mantiene uno de los ratios policiales mayores de Europa, 7 policías por 1.000 habitantes, detrás de Montenegro (8,8)», apunta ‘Erria’. Aplicando los ratios habituales en el norte de Europa, este país no debería tener 20.000 uniformados sino que le bastarían 6.000.

Selección de la Ertzaintza

Entrando en detalles sobre la Ertzaintza, uno de los motivos por los que el cuerpo «no es un reflejo de la ciudadanía vasca» estriba en el proceso de selección. En la parte sicotécnica hay pruebas que miden la inteligencia y la personalidad, pero al respecto «la falta de transparencia es enorme: nunca se ha explicado qué perfil se busca ni en función de qué criterio se eligen agentes. La más polémica, con todo, es la prueba denominada ‘sociograma’», apostilla.

Según detalla el estudio, esta parte del examen «está basada en el modelo de academia y su base es ser chivato». Y es que las opiniones de los compañeros de formación tienen un peso desmesurado, al preguntárseles con quién querrían compartir patrulla o con quién no quisieran enfrentar una situación de riesgo. El sociograma crea «alianzas perversas» –denuncian voces críticas de la Ertzaintza–, fomenta el corporativismo y lleva a casos como la calificación de no aptas de dos mujeres por ser lesbianas, revelado hace unos meses. También, cómo no, facilita la discriminación por motivos políticos.

Otro punto interesante del estudio es el alejamiento progresivo de la ciudadanía, pese a que el plan estratégico 2013-2016 de la consejera Estefanía Beltrán de Heredia decía propugnar lo contrario. Por ejemplo, se han disuelto los consejos de seguridad locales en los que podían participar ciudadanos para expresar sus reclamaciones. Y se han potenciado los macrocuarteles que fomentan también esa lejanía.

Como elementos estructurales perniciosos se añaden la cuestión de los destinos y la del euskara. Sobre la primera, ‘Erria’ explica que «la mayoría de quienes se inscriben en las convocatorias de Arkaute sobre jóvenes del ‘gran Bilbo’. Una vez convertidos en policías, pueden elegir dónde quieren ir como ertzaina o policía local. La mayoría escoge Bilbo primero, y como segunda opción otras localidades grandes (Getxo, Durango, Gasteiz...) Las plazas de pueblos pequeños nunca se cubren».

En cuanto al euskara, en la Ertzaintza para la mitad de las plazas aproximadamente se reclama el perfil B2, pero no para el resto, aunque saber euskara dé algunos puntos. Peor es la situación en Nafarroa con la Policía Foral, matiza ‘Erria’.

Militarización y elementos ultras

Aunque apenas haya entrado en el debate político, la cuestión de las armas de fuego es ilustrativa también. Mientras en otros países europeos se impone la tendencia a limitarlas, todos los ertzainas la llevan y desde 2012 está abierta la puerta a que también hagan lo mismo las policías locales (hay un decreto de Lakua en preparación sobre este aspecto).

Similar es lo que ocurre con la Brigada Móvil. Escocia, Quebec o Irlanda no tienen o han disuelto sus unidades antidisturbios y otros países las han reducido significativamente, apostando por resolver conflictos a través de la mediación y la palabra o no a pelotazos y porrazos. Está a la vista que no es el caso de la policía del Gobierno Urkullu. La Brigada Móvil no solo no se ha reducido sino que tampoco se ha depurado tras la inercias del conflicto, cuando ya ha pasado una década del fin de la lucha armada de ETA.

Los resultados sindicales en la Ertzaintza son elocuentes, y más aún teniendo en cuenta que en 2017 votó el 88% del censo (en los Mossos lo hizo la mitad, el 44%): ErNE ganó con el 38%, ESAN obtuvo el 27%, ELA el 12%, Euspel el 9%, SIPE el 7% y CCOO el 2,5%. Dicho de otro modo, sindicatos corporativos captan más de la mitad del voto y ‘Erria’ explica que «quieren mantener el actual statu quo de oscurantismo y nula fiscalidad externa hacia las malas prácticas o hacia los excesos policiales». ErNE y ESAN compiten en agresividad con la izquierda abertzale mientras ELA ha levantado recientemente la voz en denuncia del modelo vigente.

Al margen del ámbito puramente sindical ha surgido la asociación Mila Esker, que ‘Erria’ califica como «cercana a la ideología ultra» y que está organizando homenajes a víctimas de ETA al margen del Departamento. También se ha creado desde otro sector más vinculado al ala abertzale del PNV Ertzain Abertzaleen Elkartea, que se presentó en la emblemática Gernika y participó en la Korrika de 2019 con pancarta propia. Ello da fe de la colisión existente entre quienes quieren recuperar una Ertzaintza original muy ligada al PNV y un sector mayoritario más españolista y a menudo ultraderechista.

POLICÍA FORAL, NI SIQUIERA INTEGRAL

La Ertzaintza no deja de ser una de las seis policías (locales al margen) concurrentes en esta Euskal Herria dividida en tres administraciones. Pese a que se presente como «policía integral», lo cierto es que está muy lejos de tener el control absoluto sobre su territorio. Aunque bastante menores aún son las competencias de la Policía Foral.

‘Erria’ hace hincapié en que cuestiones especializadas que cada vez tienen más peso –como la prevención de delitos medioambientales, informáticos o económicos– siguen casi exclusivamente en manos de Guardia Civil y Policía española.

En Nafarroa el dominio de los cuerpos españoles es aplastante en términos numéricos: hay 1.080 policías forales frente a 1.700 guardias civiles y 700 policías españoles. Sin olvidar que en el ámbito local únicamente 15 de las 270 localidades navarras cuentan con cuerpos municipales, por lo que la Guardia Civil ocupa muchas veces esa función, repartida con la Policía Foral.

El estudio recuerda cómo en 2011 se acordó subir el número de forales a 2.000 y cómo el Gobierno del cambio de 2015 (con Uxue Barkos como lehendakari) reclamó al Estado la competencia exclusiva sobre tráfico, seguridad ciudadana, espectáculos públicos o medio ambiente. Nada se ha materializado aún y, al igual que en la CAV, «la invasión competencial por parte del Estado es incesante».