Los tres responsables de la empresa Verter Recycling han aceptado una condena de seis meses de prisión por la muerte de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldibar, que colapsó en febrero de 2020.

Según ha informado el grupo Vocento y confirmado fuentes de la empresa propietaria, los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y las familias para evitar entrar en prisión. Dicho acuerdo, en el que aceptan ser autores de un delito contra la seguridad de los trabajadores y de dos «homicidios por imprudencia grave», deberá ser ratificado en sede judicial.

El dueño de la empresa, José Ignacio Barinaga, la gerente, María Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Elosegui Etxeberria, también aceptan indemnizar a las familias de las víctimas.

Cabe señalar que hay un segundo proceso judicial contra los responsables de Verter, un proceso que continúa en fase de instrucción y que está relacionado con los delitos medioambientales.

El Gobierno de Lakua dio por concluidos el pasado 31 de agosto los trabajos de estabilización y adecuación del vertedero de Zaldibar, 18 meses después del derrumbe.

EH Bildu y Podemos piden responsabilidades políticas

Tras conocerse el acuerdo, EH Bildu y Podemos han pedido responsabilidades políticas por lo ocurrido en Zaldibar. En el caso de la coalición soberanista, su parlamentario Mikel Otero ha advertido de que ese pacto «no puede servir para esconder la responsabilidad del Gobierno Vasco en el desastre de Zaldibar».

En opinión de Otero, «los delitos que ahora reconoce la empresa fueron posibles porque los controles de la Administración en el vertedero fallaron estrepitosamente, y eso requiere la depuración de las correspondientes responsabilidades políticas. Los procesos judiciales en marcha no pueden cerrarse, por lo tanto, sin aclarar y depurar las responsabilidades del Gobierno Urkullu. Es una cuestión de pura justicia».

En el mismo sentido se ha expresado Podemos Ahal Dugu, que ha señalado que «respeta» el acuerdo, pero ha exigido que se depuren las responsabilidades políticas por el derrumbe del vertedero de Zaldibar.

«El acuerdo alcanzado supone la aceptación de la comisión de un delito y eso tiene su valor. Las familias, principales afectadas por las muertes de los trabajadores, lo han decidido así y solo podemos respetar su decisión», ha señalado en un comunicado.

La formación morada ha agregado que «otra cosa es que el contexto de negligencia política que propició el desastre de Zaldibar quede sin abordar». Ha considerado que el Gobierno de Lakua «sigue sin asumir cualquier responsabilidad política por el derrumbe, escurre el bulto por su nefasta gestión y vuelca toda la culpa de la catástrofe en la empresa Verter Recycling».

«El que ha sido uno de los mayores desastres ecológicos y medioambientales de la historia del País Vasco tiene mucho que ver con una apuesta por el modelo de privatización de gestión de los residuos que rebaja el control público y la inspección, y prima los beneficios privados por encima del bien comunitario», por lo que Podemos ha reclamado «un cambio radical en el modelo de gestión de residuos que han promovido el PNV y el PSOE en las últimas décadas».

Sospechas de la acusación popular

La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria y Zaldibar Argitu, que conforman la acusación popular, han asegurado también que «depurarán todas las responsabilidades, también las políticas».

Ambas plataformas, constituidas por sindicatos y movimientos sociales, han opinado a través de un comunicado sobre el pacto alcanzado entre las diversas partes en relación a este derrumbe. Tras asegurar que «respetan y entienden» la decisión de pactar de las familias, ambas plataformas recuerdan que también se presentaron como acusación popular en ese proceso y no los aceptaron, lo que consideran «sospechoso» de que se quería evitar su presencia en la negociación del acuerdo.

«En apenas un mes se ha cerrado un caso en los juzgados, estaba todo bien organizado para hacerlo rápido y, además, durante las vacaciones. Esta suele ser una artimaña muy utilizada por el Gobierno Vasco cuando no le interesa hacer mucho ruido», se afirma en el comunicado.

Remarcan que aún queda el juicio por un delito medioambiental y en este procedimiento «se aclarará lo ocurrido en Zaldibar».