El presidente del Parlamento de Nafarroa, Unai Hualde, ha recibido este martes a una representación del Foro Social Permanente integrada por Juanje Soria y Teresa Toda, responsables de Behatokia.

En el transcurso del encuentro los representantes del Foro han presentado a Hualde el cuarto informe monográfico en torno a los escollos en los itinerarios de reintegración de los presos vascos y, a ese respecto, han puesto el acento en la actitud obstruccionista de la Audiencia Nacional.

A ese respecto Soria y Toda han informado a Hualde sobre las iniciativas que tienen pensado desarrollar desde Behatokia para «dar a conocer este nuevo nudo y generar los consensos necesarios para encontrar una solución».

«Tras el acercamiento de la totalidad de las personas presas a cárceles vascas y de Navarra y comunidades periféricas, la cuestión de definir un itinerario de reintegración de estas, con su evolución de grados y permisos correspondientes, se ha convertido en una cuestión nuclear para profundizar en el cambio de política penitenciaria», ha valorado Soria.

En estos momentos, en Nafarroa hay 30 personas presas por delitos de motivación política, de las que cuatro son mujeres. El 24% de estas personas se encuentra en la cárcel de Iruñea y el 8% en cárceles de la CAV. Un 60% está en las cárceles periféricas, mientras que el 8% cumplen condena en cárceles a más de 400 kilómetros.

A los grupos y sesión de trabajo

Sobre las «posiciones involucionistas» con las que se encuentran, Toda ha explicado que «cabe hablar de posiciones muy ideologizadas, alentadas desde posiciones políticas definidas en contra de la apertura de nuevos tiempos, que buscan frenar procesos que se derivan de una aplicación normalizada de la legislación penitenciaria ordinaria». Además, ha señalado estos «tropiezos» en ocasiones «se apoyan en cuestiones jurídicamente interpretables, pero en otros casos resulta evidente que se construyen sobre ciertas interpretaciones de las normas jurídicas que aparecen contrarias a Derecho».

Por su parte, Unai Hualde se ha comprometido a trasladar al conjunto de grupos parlamentarios de la Cámara el informe, así como la petición para celebrar una sesión de trabajo en la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento con el Foro Social Permanente en la que se trasladarán las conclusiones de este estudio.