Golpe de Estado o segunda revolución
En diciembre de 2014, la periodista italiana Patrizia Mancini y el autor de este artículo entrevistamos a un oscuro jurista, experto en derecho constitucional, que había contribuido de manera marginal a la redacción de la Constitución, con cuyo contenido, estaba disconforme.
![Kais Saied, presidente de Túnez. (Fethi BELAID/AFP)](/media/asset_publics/resources/000/830/214/article_main_landscape/TUNEZ.jpg)
Se trataba de Kais Saied, profesor universitario nacido en 1958, al que el gran público no conocía entonces y que se mostraba muy crítico con la transición democrática tunecina, su deriva partitocrática y la traición institucional a los valores revolucionarios de 2011. Defensor de la democracia participativa y de la descentralización –según el modelo italiano–, aseguraba haberse «sentido por primera vez en su vida ciudadano» al lado de los jóvenes que derribaron el Gobierno de Ben Ali, y haberse sentido también con ellos decepcionado tras el «secuestro» del proceso por un consenso elitista entre partidos.
Pues bien, contra todo pronóstico, Kais Saied ganó cinco años después las elecciones presidenciales, barriendo en la segunda vuelta, con un 73% de los votos, al corrupto empresario «berlusconiano» Nabil Karaoui.
Hombre muy conservador y, sin embargo, enfrentado a los posislamistas de Ennahda, había hecho toda su campaña en árabe clásico, sin financiación ni partido, siempre en los barrios y entre jóvenes, atrayéndose el apoyo de una población desencantada que había dado la espalda a los «partidos tradicionales» y tenía que decidir entre dos formas de populismo.
El pasado 25 de julio, Kais Saied, enfrentado al Parlamento, donde no contaba con ningún apoyo, dio un golpe de Estado e, invocando el artículo 80 de la Constitución, disolvió la Asamblea legislativa, retiró la inmunidad a sus miembros, destituyó al primer ministro y concentró todos los poderes.
Naturalmente, un hombre sin partido no podía dar este paso sin un previo acuerdo con el ejército y el «Estado profundo» que tanto había criticado y sin el apoyo, desde el exterior, de Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos; pero no podía dar este paso sin el apoyo, sobre todo, de la mayor parte de la población. Según una encuesta, el 87% de los tunecinos celebran el golpe de Saied contra el Parlamento, lo que incluye tanto a los nostálgicos del ancien régime, reunidos en torno a Abir Moussi, como a los más jóvenes y más desfavorecidos, nostálgicos –digamos– de la revolución.
El artículo 80, que obliga a mantener la Asamblea en sesión permanente, permite al presidente «tomar todas las medidas» en caso de «peligro inminente» durante un mes, que solo puede ser prolongado por el propio Parlamento. En ausencia de Tribunal Constitucional, cuya creación se ha visto obstaculizada durante siete años, y con el Parlamento disuelto, a nadie ha podido extrañar que el 26 de agosto, concluido el período de excepción, Saied decidiera retener todos los poderes por un tiempo indefinido.
En todo caso, ¿cómo ha conseguido Saied tan amplio consenso? ¿Estaba Túnez en una situación de «peligro inminente»? La segunda pregunta sólo puede responderse afirmativamente. A la apocalíptica crisis económica y el colapso sanitario –con la mayor incidencia y mortalidad de África por covid– se unía la parálisis institucional, responsabilidad en parte del propio presidente, que se había negado a aceptar la última remodelación ministerial, so pretexto de que entre los nuevos miembros del Gobierno se encontraban políticos acusados de corrupción.
La corrupción, es uno de los problemas que llevó a la revolución de 2011 y que la transición democrática no sólo no ha sabido atajar sino que, a través de nuevas alianzas entre las élites, ha hinchado hasta dimensiones cada vez más obscenas –en medio de la pobreza y la penuria rampantes–.
Pero este consenso se explica también por el descrédito del partido posislamista Ennahda, que conservaba, pese a su vertiginoso descenso, la mayoría parlamentaria. El golpe de Estado de Saied –conviene llamarlo así, incluso si aceptáramos que su proyecto es bienintencionado o viable y pese al carácter incruento de la operación– ha estado dirigido, en efecto, contra los islamistas y contra Rachid Ghanouchi, líder de Ennahda y hasta el 25 de julio presidente del Parlamento, lo que explica el alborozo de Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos.
Aprendiz de brujo, Saied ha creído, como antes otros tantas veces, que desde el «estado de excepción» y con ambición mesiánica se puede alcanzar la emancipación colectiva. La próxima decepción del pueblo tunecino será terrible.
La historia vuelve, como en el resto del mundo árabe, de una manera inquietante. El golpe que Ennahda evitó en 2013, en la estela del pronunciamiento egipcio contra Mursi, se ha aplazado siete años y ha llegado de un modo inesperado y con un protagonista inesperado.
Las diferencias entre Egipto y Túnez, hay que decirlo enseguida, son abismales. Ghanouchi no se parece a Mursi porque siempre ha evitado gobernar en solitario el país, ha buscado una y otra vez consensos y alianzas y ha mostrado una cintura y disciplina encomiables, pero esto mismo –que ha salvado varias veces la frágil democracia– lo ha convertido en un traidor para sus partidarios más radicales y en un conspirador siniestro para sus enemigos de derechas y de izquierdas. Como Mursi, al final se ha quedado completamente aislado incluso de sus propias bases, por no hablar de un sector ya mayoritario de la población. La islamofobia alimentada por las dos dictaduras y apoyada desde Europa durante 50 años vence la partida en un momento de «peligro inminente» asociado a la podredumbre económica, sanitaria e institucional.
Tampoco el Ejército egipcio tiene nada que ver con el tunecino, una institución que tanto Bourguiba como Ben Ali mantuvieron al margen de la política y de la gestión económica del país y que en 2011 se enfrentó a la Policía, el verdadero fulcro del «Estado profundo» tunecino. Y, por supuesto, no puede haber dos figuras más distantes que Sisi y Saied, un militar inculto y un fino constitucionalista, un represor al servicio de Israel y un delirante Robespierre, incorruptible y populista, que conjuga una visión muy conservadora de la sociedad con un concepto muy radical de la política. Tanto su programa, vago, retórico y sin cristalizar en una «hoja de ruta» (que le demanda el sindicato UGTT), como su apoyo sin mediaciones en «el pueblo», justifican sin duda que Gilbert Achcar, el conocido politólogo libanés, lo haya comparado con Gadafi.
Más allá de las diferencias entre dos procesos y dos países inasimilables, este sorprendente «golpe aplazado» alinea repentinamente el país con el resto del mundo árabe; cualquiera que sea el proyecto de Saied, puede decirse que la frágil y quizás insostenible transición democrática tunecina se ha acabado. El debate entre los ciudadanos es grande y a veces tenso. Para algunos se trata de una «segunda revolución» o de la «consumación de la primera»; para otros de una «restauración del Estado»; otros, como el sindicato UGTT o la Liga de DDHH, aceptan con resignación más o menos vigilante o complacida los hechos. Solo Ennahda, obviamente, alerta contra los peligros de involución.
Saied, lo quiera o no, ha tenido que apoyarse y tendrá que apoyarse en fuerzas locales y potencias internacionales que querían acabar con la «democracia representativa» para volver al pasado –o a versiones más retrógradas del islam– y no para establecer una «democracia participativa», y ello en un momento en el que el yihadismo y el autoritarismo retoñan con fuerza en la región.
Aprendiz de brujo, Saied ha creído, como antes otros tantas veces, que desde el «estado de excepción» y con ambición mesiánica se puede alcanzar la emancipación colectiva. La economía, que no está en sus manos, decidirá su destino. También la Policía, que sigue reprimiendo manifestaciones. La próxima decepción del pueblo tunecino será terrible.
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