El comité de empresa de PCB-ITP Aero ha recordado que la dirección impuso el pasado mes de abril un ERTE hasta finales del año 2022 a los trabajadores de taller que «no lleva ningún tipo de acompañamiento económico ni social», pues «se aplica según lo establecido en la reforma laboral del año 2012».

Ha denunciado que la plantilla lleva meses «soportando un ERTE que la dirección no fue capaz de justificar correctamente» y que, pese a las sentencias contrarias al ERTE del año 2020 y al ERE de este mismo año, la empresa «no ha variado su forma de afrontar estos procesos».

Ha asegurado que la dirección «volvió a establecer el periodo de negociación en términos de chantaje e imposición, cerrando la posibilidad de alcanzar un acuerdo consensuado que permitiera proteger a la plantilla y blindar el futuro de las plantas de PCB-ITP».

Las secciones sindicales de CCOO, LAB y ELA presentaron una demanda de impugnación por la que se celebrará un juicio este jueves a las 11.45 en los Juzgados de lo Social, por lo que los trabajadores se concentrarán a partir de las 11.00.

En esa concentración reclamarán «la nulidad» del ERTE y «recuperar la senda del diálogo entre ambas partes» para «garantizar el empleo y porvenir» de las plantas de PCB-ITP, así como que la empresa retire en recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anuló el ERE.

Beneficios

El comité, que ha destacado que el grupo ITP ha presentado beneficios el primer semestre de este año, ha denunciado que la dirección mantiene fuera de los centros de trabajo, cobrando la nómina mensual, a los trabajadores que estaban afectados por el ERE.

Ha considerado que ha habido un intento del grupo Rolls-Royce de «aprovecharse de la crisis sanitaria» para vender el grupo ITP, «con la macabra intención» de que fuesen los trabajadores quienes pagaran «sus fatales consecuencias».

Ha señalado que está asistiendo al proceso de venta «desde la barrera, ya que la dirección no nos transmite absolutamente nada sobre el mismo» y ha criticado haberse enterado por los medios de que el Gobierno de Lakua lleva más de un año participando «en este circo sin que haya aclarado absolutamente nada de sus intenciones».

Para el comité, el Ejecutivo debería conocer «la intención del grupo de realizar despidos colectivos» si desde hace más de un año «participa en esta operación», porque «sería una irresponsabilidad por su parte invertir en una operación sin conocer profundamente su situación».

«Tal vez esto sirva para entender cómo es posible que tras la sentencia favorable a los trabajadores del TSJPV ningún mandatario del Gobierno Vasco haya sido capaz de salir a exigir el cumplimiento de lo dictado por los tribunales, algo que sí hubiera ocurrido si la razón hubiera sido de parte de la empresa».