Militante de la UDB bretona, Nil Caouissin acude a las universidades de verano de EH Bai, este fin se semana, en Uztaritze para trasladar la idea de que «el estatuto de residente, junto a otros mecanismos como la regulación de alquileres, la limitación de los pisos turísticos o la protección de las tierras agrícolas, permitiría atajar la crisis social generada por la proliferación de viviendas secundarias».

¿Qué le llevó a decantarse por ese estatus de residente como mecanismo para afrontar la crisis de la vivienda?

En Bretaña existe un grave problema, o mejor dicho toda una serie de problemas, en relación a la vivienda. La primera cuestión a tener en cuenta es que Bretaña es un país en pleno crecimiento demográfico. Ganamos habitantes cada año y además tenemos muchas residencias secundarias, lo que genera una tensión inmobiliaria insoportable.

¿El aumento de las residencias secundarias se circunscribe a un territorio de por sí tensionado, en la costa, o se extiende hacia el interior, como ocurre en Ipar Euskal Herria?

Hablamos de un 13% del parque inmobiliario y de un total de unas 330.000 residencias secundarias que están ocupadas de media tres meses al año. Para hacerse una idea de la dimensión del problema. Hay zonas de costa más afectadas, pero en razón de la extensión de los alquileres cortos, vía Airbnb, el problema se agudiza en las ciudades y se deja sentir ya en las zonas de interior, impidiendo acceder a una vivienda a las personas que viven y trabajan todo el año en Bretaña.

Los impactos sociales y ecológicos forman parte de la ecuación.

El resultado de esa situación es que cada vez hay más personas con dificultades para acceder a la vivienda, no ya en la costa o en ciudades, donde el problema viene de más atrás, sino también en zonas más alejadas, porque a ese panorama ya complejo se ha sumado la crisis sanitaria y el fenómeno de adquirir un espacio para respirar.

Su propuesta se centra en la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad. Sin embargo, la presión de las segundas residencias temporales impacta también en el alquiler y en la pérdida de tierras agrícolas.

La cuestión es clara. Personas que querrían acceder a la vivienda en propiedad no pueden hacerlo por lo que optan por un alquiler al que, en principio, no estaban abocadas, con lo que digamos que limitan indirectamente las opciones de las personas que, por diferentes razones, optan por el alquiler, como los jóvenes. Los electos tratan de capear la demanda mediante la construcción de nuevas viviendas, sin garantías de que no vayan a parar a residentes temporales, y debiendo buscar para ello cada vez más terrenos urbanizables, con el impacto correspondiente en la pérdida de terrenos agrícolas. Por no hablar de ese alejamiento entre vivienda y lugar de vida, que obliga a multiplicar los desplazamientos. Hablamos de una crisis con múltiples impactos.

Uno de los aspectos poco conocidos es el impacto en la desertificación de los servicios. Trabajadores o profesionales que no se instalan en un lugar por no poder asumir el costo de la vivienda o de un local.

Hay muchos profesionales que no pueden instalarse por ese alto costo o que, en otros casos, deben soportar largos desplazamientos cotidianos, con el gasto suplementario que ello supone, y el consecuente impacto ecológico. Esa situación se traduce también en una pérdida de servicios de proximidad contra la que pelean cada día muchos electos locales.

Y se opta por construir más, a costa de perder espacio natural y agrícola, con la esperanza de rebajar la tensión inmobiliaria que, sin embargo, no deja de crecer.

Sin olvidar la paradoja que implica decidir que se construyan más y más viviendas cuando se tiene al lado un enorme parque de viviendas vacías casi todo el año.

En su manifiesto propone un mecanismo alternativo para solventar el dilema: la puesta en marcha de un estatuto de residente. ¿En qué ayudaría esa fórmula?

La propuesta parte de la idea de priorizar el uso anual de la vivienda frente al disfrute esporádico. La idea es que para poder adquirir una vivienda el comprador deba acreditar que lleva viviendo en el territorio, en nuestro caso en Bretaña, al menos un año. Ello con el objetivo de rebajar la demanda de residencias secundarias y más precisamente las adquisiciones especulativas, ya que a esos compradores potenciales no les interesan ese tipo de condicionantes. Así, un 95% de esas inversiones en segunda residencia desaparecerían, con el consiguiente impacto positivo en los precios, lo que ayudaría a que residencias secundarias fueran adquiridas, a futuro, por personas que viven de forma estable en el país. Ese es el gran objetivo del estatuto de residente.

Hay quien tacha la propuesta de «nacionalista» o «excluyente», pero recientemente el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, evocaba una moratoria de dos años en la compra de vivienda por extranjeros.

Y hay precedentes y formulaciones perfectamente legales incluso en el marco europeo, caso de las islas Aland, bajo soberanía finlandesa, o de la provincia de Bolzano (Italia), lo que quiere decir que no hay impedimentos en el derecho europeo. Tampoco hay ningún articulo en la Constitución francesa que impida adoptar en un territorio concreto tal medida. Haría falta una ley para ponerla en marcha. Evidentemente habrá un debate político, porque hay electos que no aceptan ninguna intervención en la materia, pero no hay obstáculos jurídicos. Yo digo; demos esa batalla.

Berlín abordará, por referéndum, el 26 de setiembre, si se rescata mediante la expropiación viviendas adquiridas por un fondo de inversiones. El derecho a la vivienda es un elemento clave en la agenda ciudadana. ¿También en la política?

Creo que estamos ante un problema europeo y mundial. Nueva Zelanda ha adoptado también medidas. Se que el debate que abordamos en Bretaña también está presente en Euskal Herria, y en Corsica, que ya pidió ese estatuto de residente que le fue negado por el Gobierno de Emmanuel Macron. También es objeto de debate en Gales y Escocia.

En las universidades de verano de EH Bai el panel en que usted participa se fija en lo avanzado en Corsica y Bretaña en la cuestión.

Creo que el estatuto de residente es un mecanismo, que no excluye otros como las políticas de regulación de alquileres, de limitación de alquileres turísticos y de protección más efectiva de los terrenos agrícolas, entre otras. A Uztaritze llevo esa idea de que estamos ante una cuestión esencial, en la que se juega el bienestar de las personas, y por la que merece hacer una alianza de diferentes pueblos, también de Francia a Europa, para crear una red de intercambio y de apoyo mutuo que permita hacer avanzar el debate sobre los bienes esenciales. Esa unidad nos permitiría ganar en fuerza cara a conseguir resultados en un combate que es urgente para todos.