ELA ha reclamado este viernes a la Fiscalía y a las fuerzas políticas con representación en los parlamentos de Gasteiz e Iruñea la apertura de una investigación penal y política sobre el envío de cartas-bomba a cargos abertzale en 1989.

«El joven de Errenteria José Antonio Cardosa perdió la vida al estallar uno de estos envíos. Los documentos publicados ofrecen indicios claros de que tras el asesinato de Cardosa y del envío de al menos otros tres paquetes-bomba a miembros de HB estuvo José Luis Corcuera, ministro de Interior entre 1988 y 1993. Y apuntan a que los aparatos del Estado quisieron cubrir lo sucedido atribuyendo a ETA la responsabilidad de los hechos», ha señalado el sindicato en un comunicado.

Y ha mostrado su sorpresa ante «el silencio de la mayoría de los responsables políticos y partidos de Euskal Herria, especialmente el de los gobiernos de Lakua y Pamplona, así como el de muchos medios de comunicación».

«Para ELA llama la atención la firmeza con la que se exigen suelos éticos o la exigencia de condena contra la violencia y el silencio que se está guardando ante los hechos publicados. Más grave aún teniendo en cuenta que los principales responsables políticos de lo sucedido eran miembros del PSOE, principal partido del Gobierno de Navarra y miembro de la coalición de Gobierno en Lakua», ha apuntado la central.