Etxerat ha valorado positivamente la transferencia de prisiones al Gobierno de Lakua y reclama que aborde «una política carcelaria acorde con el tiempo actual, sobre criterios de humanización del sistema carcelario», según ha señalado la portavoz de este grupo, Patricia Vélez, en una comparecencia en Donostia este viernes. En este sentido, destaca que Lakua ha abogado por un modelo penitenciario caracterizado por el cumplimiento en régimen de semilibertad y considera que debe aplicarse a los presos políticos vascos.

Actualmente, hay 63 presos políticos vascos en las cárceles de la CAV o en prisión domiciliaria supervisada por una de estas prisiones. Quince están en Basauri, otros quince en Martutene, 26 en Zaballa, dos en hospitales dependientes de Zaballa y cinco más en prisión domiciliaria. Tan solo ocho de todos ellos se encuentran en tercer grado. El resto, salvo dos preventivas, deberían poder acceder a permisos tras superar los tres cuartos de la condena. Asimismo, 44 de los 53 clasificados en segundo grado han cumplido la mitad de la condena y deberían ser progresados a tercer grado, accediendo al régimen de semilibertad en las secciones abiertas.

Ante esta situación, Etxerat ha pedido al Gobierno de Lakua que «no mantenga las medidas de excepción que se han venido aplicando desde hace más de 30 años, que posibilite que continúen su recorrido jurídico-penitenciario y que proceda a acelerar la aplicación de las opciones que la ley y el reglamento penitenciario contemplan para la pronta reintegración de todas y todos».

Traslados

En la misma línea solicita al Gobierno español que traslade inmediatamente a las cárceles de la CAV a los 99 presos que se encuentran en prisiones de fuera de Euskal Herria. Otros trece presos se encuentran en la cárcel de Iruñea, dependiente de Madrid, y hay 18 navarros que están en cárceles de fuera de Euskal Herria. Asimismo, piden a Lakua que reclame a Madrid el acercamiento a la CAV de estos presos.

Junto a ello, reclama al Gobierno español y a Instituciones Penitenciarias que clasifique en tercer grado a los 71 presos que ya deberían haber accedido al mismo debido al tiempo de condena cumplido. Es más, Etxerat considera que 26 de ellos deberían estar en condiciones de acceder al expediente de libertad condicional por haber rebasado los tres cuartos del cumplimiento de condena.

«Queremos manifestar, por otra parte, nuestra preocupación por el paso atrás que, consideramos, se ha producido en los últimos meses en el camino que la sociedad vasca hace hacia la convivencia y la paz. No podemos permitirnos retrocesos por razón de determinados intereses políticos, o el mantenimiento de un discurso que se sigue sustentando en la venganza o la negación de los derechos humanos», ha señalado Vélez, que ha recordado que «tras la cifra de 197 presos y presas hay otras tantas personas con nombres y apellidos, con sus respectivos entornos familiares y sociales, todas ellas sujetas de derecho, que han cumplido con creces largas condenas, en condiciones de aislamiento y restricciones extremas».

«No se puede seguir poniendo obstáculos para avanzar hacia la sociedad sin presos, garantía imprescindible para el logro de la convivencia. No podemos seguir otras tres décadas bajo políticas y medidas de excepción aplicadas por los estados español y francés, por sus gobiernos, tribunales e instituciones penitenciarias. Diez años después del fin del ciclo de violencia, ha transcurrido el suficiente tiempo para afrontar la desactivación del régimen de excepcionalidad que bloquea el camino de la convivencia y el del recorrido de nuestros familiares hacia la reintegración y la libertad», ha añadido.

Trabas a los permisos

Actualmente, casi la totalidad de los presos políticos vascos se encuentran en segundo grado, lo que, a juicio de la abogada Onintza Ostolaza, es un avance, al igual que los acercamientos, pero lamenta que se sigue manteniendo la excepcionalidad. De este modo, estando en segundo grado la mayoría de los presos políticos vascos cumplen las condiciones legales para tener permisos de salida. Es decir, han cumplido una cuarta parte de la condena y tienen lo que se denomina «buena conducta penitenciaria». Pese a ello, el 95% de las juntas de tratamiento de las cárceles de fuera de Euskal Herria se han posicionado en contra.

En el caso de que estas juntas de tratamiento tengan una postura favorables a los permisos, según ha explicado Ostolaza, el obstáculo es el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Actualmente tiene expedientes de permisos que afectan a 22 presos con propuestas favorables de las juntas de tratamiento, pero que se están demorando en el tiempo. La Fiscalía se opone sistemáticamente a estos expedientes, por lo que el Juzgado Central decide no concederlos. Esta año ha emitido nueve autos contrarios a los permisos. Son dos a Santi Aragón, dos a Joseba Borde, dos a Oskarbi Jauregi, uno a Álvaro Arri, uno a Egoitz Coto y uno a Jon Crespo).

Una situación similar se vive en lo que respecta a la progresión del segundo a tercer grado. Las condiciones legales para ello son haber cumplido la mitad de la condena y mostrar la voluntad de pagar la responsabilidad civil impuesta en sentencia. Pero durante 2021, Instituciones Penitenciarias solo ha progresado de grado a seis presos políticos vascos. Se trata de apenas el 4,9%.

El caso de Mikel Arrieta

Tras recordar el caso de Unai Fano, del que como su abogada ha destacado que la dirección de la cárcel de Basauri y los juristas, educadores y sicólogos que le atienden están muy soprendidos por la decisión de la Audiencia Nacional española, Ostoloza ha denunciado la situación de Mikel Arrieta, preso enfermo que se encuentra en Martutene.

Nada más llegar a la prisión, los médicos de Osakidetza que le atendieron plasmaron en un informe que tiene una enfermedad crónica grave e incurable que es incompatible con la prisión. Por ello, la dirección de la cárcel puso en marcha un expediente de libertad condicional que sigue en la mesa del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria desde julio, a pesar de que estos procedimientos, por sus caracterísiticas, deben ser urgentes.

Esta demora se atribuye a la excepcionalidad que siguen padeciendo los presos políticos vascos. De este modo, Ostolaza ha relatado que un preso social que se encontraba en unas situaciones similares, le fue concedido la libertad condicional. En este caso, por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbo. En el caso de Arrieta, al verse su caso en un juzgado especial en Madrid, el proceso se demora. «Mikel Arrieta sigue en prisión por estos obstáculos judiciales», ha destacado. 

«Pedimos que se aplique la legislación ordinaria, la misma legislación que se aplia a toda la población reclusa. De una vez por todas se debe terminar con la excepcionalidad. Se deben derogar leyes como la LO 7/2003 y la LO 5/2003, y terminar con la competencia que a día de hoy mantienen el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, la Audiencia Nacional y la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los temas penitenciarios y de los y las presas políticas vascas. Es la única forma de garantizar el mandato que la propia Constitución Española recoge en su artículo 25.2, el del derecho a reeducación y reinserción social de todos y todas las presas», ha añadido Ostolaza.