Las protestas, que se saldaron con más de 550 muertos y 20.000 heridos desde octubre de 2019 hasta principios de 2020 –la pandemia fue una bendición para el poder por la desmovilización que siguió a la legislación de excepción– evidenciaron el malestar, sobre todo de la juventud, que representa dos tercios de la población, con la clase política por la corrupción, el estado catastrófico de los servicios públicos y la crisis económica galopante en Irak.

Decenas de miles de manifestantes --conocidos como 'tishrins', nombre en árabe del mes de octubre-- salieron a la calle para denunciar la falta de legitimidad de las autoridades y exigir una refundación política que lleve al país hacia una democratización y el fin del dominio de las milicias y de la estructuración sectaria de la política y la sociedad, paradójicamente auspiciada por Washington e impulsada por Teherán.

Con la minoría suní sojuzgada y criminalizada por los años del califato del Estado Islámico (ISIS), que estableció su capital en Mosul, y con los kurdos debilitados por su pérdida de Kirkuk y otros territorios pero decididos a mantener su autonomía, las protestas se circunscribieron a la capital y al sur chií del país.

Fue la primera vez desde la ocupación en la que chiíes –etnia mayoritaria que en su día nutrió las filas del Partido Comunista de Ira– protestaban y se sumaban a una reivindicación política en clave nacional, y no sectaria o religiosa.

Eso era algo intolerable para las milicias chiíes confesionales y proiraníes coligadas en las Fuerzas de Movilización Popular (Hachd al-Chaabi), reforzadas tras haber protagonizado la derrota del ISIS en Irak. Las milicias reprimieron las protestas, abiertamente y desde la sombra, con francotiradores disparando a los manifestantes y con detenciones, desapariciones y asesinatos selectivos de líderes de las protestas y defensores de los derechos humanos. Estas no han cesado desde entonces y en los últimos meses han dejado un saldo de una treintena de muertos, según datos de la ONU, que denuncia una campaña para silenciar a las voces críticas.

Esta persistencia de la represión es una muestra del alcance de los cambios prometidos por el régimen, que decidió soltar lastre y destituir al denostado primer ministro,  Adel Abdul Mahdi.

Este movimiento gatopardista o lampedusiano (cambiar todo para que nada cambie) llevó en mayo de 2020 al nombramiento de Mustaphah al Kazemi –hasta entonces jefe de los servicios de Inteligencia– como nuevo primer ministro, en una suerte de equilibrio entre los intereses de EEUU y  de Irán en el país, nunca con la vista puesta en los de la población.

Al Kazemi convocó los comicios anticipados de hoy, en virtud de la modificación de la ley electoral aprobada en diciembre de 2019.

La nueva ley incluye el aumento exponencial de circunscripciones (de 18 a 83) y la reducción del tamaño de las circunscripciones, lo que favorece, en teoría, a candidatos de proximidad, pero que, realmente, y atendiendo a la sociología del país, primará a notables locales y a dignatarios tribales.

De igual manera, el escrutinio será uninominal, y no por listas, como hasta ahora, lo que abrirá la puerta a los independientes. Así consta en las papeletas de la mayoría de ellos, aunque la población no olvida las pasadas, y hoy ocultas, afiliaciones políticas de muchos de ellos.

En definitiva, estamos ante una maniobra electoral en la que participan prácticamente todos los partidos que, al amparar por detrás a muchos independientes, intentan un lavado de imagen, un demarque de la corrupción y de la mala gestión.  

No es extraño que los partidos y movimientos que participaron en la revuelta de octubre hayan llamado a boicotear las elecciones, como ocurrió por otro lado en Argelia con el movimiento Hirak. Los analistas pronostican un alto nivel de abstención.

El problema, como ocurrió en el país norteafricano el año pasado, es que esa baja participación puede jugar a favor de los grandes partidos, afianzando en el poder a las élites políticas y económicas.

Un sistema de reparto sectario del poder (primer ministro chií, presidente del Parlamento chií y presidente kurdo), que los EEUU ocupantes implantaron, siguiendo el hoy también denostado modelo libanés– y que ha sido efectivo para impedir la emergencia de un poder unipersonal como el de Saddam Hussein, pero que ha impulsado el clientelismo y la corrupción hasta límites intolerables.

Los principales actores internacionales  y los líderes religiosos no hacen sino apuntalar, cada uno con sus justificaciones, el sistema corrupto, heredero además, como en Afganistán, de la lógica impuesta por la ocupación.

Así, tras cada elección los partidos mayoritarios se compinchan para repartir entre los suyos y sus redes el maná petrolero. Eso explica que, en un país que nada en crudo, con los precios actualmente disparados, la luz funcione solo unas horas al día.

Las sextas elecciones desde la caída en 2003 del régimen de Saddam Hussein tras la invasión estadounidense, no serán una excepción.

El gran favorito vuelve a ser el movimiento chií liderado por el clérigo Moqtada al-Sadr, la corriente más numerosa en el Parlamento saliente. El movimiento, que en un comienzo contemporizó con las protestas pero que finalmente se distanció amenazando incluso con ponerles fin a golpes, juega como siempre a varias bandas y ha exacerbado en campaña su perfil nacionalista iraquí y la denuncia de la injerencia de Irán. Otra cosa será el día después.

La coalición de milicias chiíes pro-iraníes podría mantener la segunda posición, aunque esta vez afronta disensiones internas por el vacío en el liderazgo tras la muerte del general iraní Qasem Soleimani y al número dos de Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes, en un ataque selectivo con dron en Bagdad a principios de 2020.

Con todo, es probable que esa presentación de distintas candidaturas   desde las milicias que componen esa coalición responda, finalmente, a las maniobras electoralistas arriba mencionadas.

Mohamed, joven de 23 años que participó en la revuelta de octubre, resume la situación:  «Estas elecciones no llevan a ninguna parte. Están organizadas por el mismo Gobierno que nos mató».

En otras palabras, las de Lahib Higel, analista en el International Crisis Group: «Si el nuevo Parlamento demuestra ser tan reacio a hacer avanzar la agenda de reformas como el actual, parece inevitable que haya nuevas protestas en los próximos años».