El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona y el de Elkarrekin Podemos-IU David Soto han cuestionado hoy al lehendakari sobre qué medidas está dispuesto a adoptar para evitar las «puertas giratorias» o cómo contempla los conflictos de intereses a los que pueden dar lugar.

Iñigo Urkullu ha respondido que la cuestión de las «puertas giratorias» y de los conflictos de intereses está resuelta en su Gobierno a través del Código Ético aprobado en 2013, la ley aprobada en 2014 y el decreto de 2016 que lo regula. Dicha normativa, como ha leído el lehendakari a la Cámara, establece que «el personal cargo público, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrá iniciar relación laboral o mercantil con empresas, sociedades o cualquier otra entidad de naturaleza privada con las que hubiera tenido relación directa debido al desempeño de las funciones propias del cargo público».

Sin embargo también en este caso podría decirse que «hecha la ley hecha la trampa», pues existe la posibilidad de que la propia Administración levante esa incompatibilidad. Y, de esa forma, el exconsejero de Salud Jon Darpón dimitió en marzo de 2019 por el fraude en las OPE de Osakidetza y, en mes y medio, el 4 de mayo, era ya el responsable para Eurasia y responsable de operaciones del grupo Keralty Health. Más rápidos fueron los saltos de la exviceconsejera de Administración Fátima Ansotegi y la subdirectora de Calidad Mayte Bacigalupe, que estaban dadas de alta en la firma a las 48 horas de su cese.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, afirmó el 26 de marzo ante el Parlamento que en todos los casos mencionados los afectados hicieron la pertinente petición que cumplía los requisitos para que se les aceptara el paso a la empresa privada. Lo llamativo es que el órgano encargado de estimar la posibilidad de compatibilizar un trabajo privado con la condición de ex alto cargo público tiene un plazo de un mes para pronunciarse. En los casos de Ansotegi y Bacigalupe la decisión estaba tomada en 48 horas: el cese se produjo el 8 de setiembre y contrato privado el día 10.

Keralty Health es una multinacional con sede en Gasteiz, antes denominada Sanitas Internacional, cuyo administrador único desde el 13 de julio de 2016 es Joseba Grajales, habitual en los listados de mayores fortunas del Estado español, empresario alavés y afín al PNV. La relación entre el Departamento de Salud y dicha empresa es notoria.

El caso de Juan Diego

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha recordado al lehendakari el caso de Juan Diego, el hombre de su confianza que Iñigo Urkullu puso a dirigir Osakidetza en 2018 tras dimisiones por las OPE, que dejó el cargo en noviembre de 2020 y en febrero de 2021 ya estaba frente de una firma que depende de Repsol.

En este caso, la consejera Olatz Garamendi no ha querido mojarse. A preguntas realizadas por el propio Estarrona, se ha escudado en que su puesto de presidenta de la Comisión Ética Pública «no es compatible con la emisión de opiniones personales», aunque asegura que esto no supone «menoscabo alguno a la legítima y necesaria labor de control al Gobierno que ejercen los grupos parlamentarios».

Urkullu: «Facilitar la ida y vuelta»

Durante su intervención, el lehendakari ha señalado que no es partidario de la endogamia entre políticos, y por ello considera positivo que personas de la universidad, la empresa, asociaciones o el tercer sector asuman responsabilidades en las instituciones y que luego puedan volver a la actividad privada. Urkullu ha defendido que «hay que facilitar ese camino».

Sin embargo, desde la oposición no se habían cuestionado tanto estos casos, sino que se han expuesto los casos de cargos públicos y de partido que de su función política pasan a consejos de administración de empresas energéticas, con las que no habían tenido anteriormente ninguna relación profesional.

Relaciones con Iberdrola o Repsol

Tanto Estarrona como Soto han apuntado que esa relación entre partidos como el PNV y empresas como Iberdrola y Repsol, donde han encontrado acomodo algunos cargos públicos al dejar sus responsabilidades, influyen en la posición de ese partido sobre el actual conflicto con las eléctricas y sus beneficios ilegítimos u otros casos de cierto favoritismo.

En su respuesta, Iñigo Urkullu también ha recurrido a la definición legal de «conflicto de intereses» e invitado, en el caso de David Soto, a que si tenía constancia de algún caso acudiera a los tribunales. Le ha pedido «rigor» a la hora de dar nombres, como los de Juan María Atutxa, Mario Fernández o Joseba Aurrekoetxa, avisándole de que primero «mire en su propia casa». Según el lehendakari, la estrategia de Elkarrekin Podemos ha sido la de «calumnia que algo queda». Soto le ha pedido el listado de miembros de la órbita política morada en consejos de administración, a lo que Urkullu ha respondido que «usted ha nombrado personas y le pido a usted que haga memoria».

Al parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona le ha propuesto que si no le gustan las normas que están en vigor puede hacer propuestas al respecto. Este ha puesto sobre la mesa que cuando lo han hecho, como la proposición de ley de creación de una Oficina Anticorrupción, ni siquiera fue admitida a trámite porque PNV y PSE se sumaron al criterio del Gobierno negativo a su debate.