La elección de José Luis Bilbao como miembro del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en junio de 2015, cuando todavía era diputado general de Bizkaia en funciones a la espera de que Unai Rementeria cogiera su relevo al frente del ente foral, no sentó bien en una buena parte de la opinión pública. Los grupos de la oposición registraron entonces una proposición de ley para garantizar que, al menos, se establecieran un tiempo de varios años de carencia entre dejar un cargo público o político y que la elección de miembros respetara la proporcionalidad de representación del Parlamento. Esos intentos de reforma legal decayeron al adelantarse el final de la legislatura.

Al inicio de esta legislatura, EH Bildu y PP+Cs retomaron sus intentos de reforma. La formación independentista recogía que «no podrán ser designados miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas quienes en los dos años inmediatamente anteriores hayan tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del Sector Público Vasco ni quienes hayas sido perceptores de subvenciones o beneficiarios de avales o exenciones». Por su parte, el PP+Cs ampliaba este plazo a los seis años y lo extendía a todo tipo de cargos parlamentarios. En sus enmiendas, Elkarrekin Podemos-IU fijaba esa carencia en tres años.

Pero los partidos del gobierno, PNV y PSE, que cuentan con mayoría absoluta, dejaron clara su oposición a que se establezca cualquier tiempo de paréntesis entre dejar un cargo y formar parte del TVCP. En sus enmiendas preveía la eliminación de los artículos de las proposiciones de ley que establecían la carencia.

La ley ha estado debatiéndose durante un año en el Parlamento y finalmente el PP ha dado su brazo a torcer y finalmente se ha aprobado (o no) una ley que seguirá permitiendo más casos como el de José Luis Bilbao. La explicación oficial del PNV es que no debe instalarse el principio de sospecha, sino el de inocencia y que ya hay instrumentos para evitar o corregir si se da algún tipo de actuación irregular.

Por contra, David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, ha recordado que el principio de carencia está recogido en las leyes de regulación de numerosos tribunales y órganos similares de otras comunidades y estados europeos. En su opinión, el PNV lo hubiera admitido si no existiera el precedente del ex diputado general de Bizkaia. Lo que los jeltzales no quieren es «admitir que lo de José Luis Bilbao nunca debía haber pasado».

Mayoría de tres quintos

Hasta ahora la elección de los miembros del TVCP exigía el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara. A partir de la aprobación (o no) de esta ley, esa mayoría habrá de ser de tres quintos, es decir 45 de los 75 escaños. Esto ha sido recibido como una mejora por todos los grupos, aunque hay algunas reticencias sobre la proporción elegida.

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha recordado que hay otros organismos, como el consejo de EiTB o el Consejo Social de la UPV, para los que se requieren dos tercios del Parlamento, lo que son 50 escaños. Ha propuesto hacer cuentas y ver cuánto suman PNV, PSE y PP. Son 47 representantes, lo que supera los tres quintos pero no llega a los dos tercios. De esta forma, estos partidos tendrán la llave para la elección de los siete miembros.

Según se ha publicado en varios medios, el acuerdo entre PNV, PSE y PP+Cs conllevará que los tres grupos se repartirán entre ellos 6 de los 7 miembros del TVCP. De ellos, 3 serían para los jeltzales (31 escaños), 2 para el PSE (10 escaños) y 1 para la coalición derechista (6 escaños). Esto puede llevar a entender por qué el PP ha buscado el acuerdo con los grupos del Gobierno dejando de lado la reivindicación de la carencia. Luis Ignacio Gordillo ha dicho en el pleno que lo han hecho en aras del consenso y por las mejoras habidas en otros artículos.

En cualquier caso, la práctica se está encargando de demostrar que los mínimos para la elección de cargos no garantizan su idoneidad, sino la capacidad de los partidos para llegar a componendas. El reciente acuerdo entre PSOE y PP que permite que Concepción Espejel acceda al Tribunal Constitucional es un buen ejemplo de ello.

El lío de la votación

Durante las votaciones para la aprobación (o no) de la reforma legal se ha producido un hecho muy llamativo. Se habían rechazado ya las enmiendas reservadas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, cuando la presidenta ha puesto a votación el texto de los artículos de la ponencia que habían sido enmendados. Para que la ley saliera adelante, tenían que ser aprobados. Sin embargo, todos los parlamentarios han votado en contra. Es decir, había sido rechazada la parte más importante de la ley. Al parecer, los de PNV, PSE y PP se habían equivocado.

Mientras durante el tiempo de votación se iban viendo los datos en la pantalla, crecía el bullicio en la Cámara. Pero el resultado estaba claro. Unanimidad. En medio de la confusión, la presidenta ha ordenado la repetición de la votación, sin ni siquiera explicar por qué. Ha habido otra segunda votación también suspendida, Bakartxo Tejeria ha ordenado otra repetición y a la tercera ha sido la vencida. Por fin PNV, PSE y PP votaban sí sumando 47 escaños.

Como protesta, EH Bildu ha dejado de participar en las siguientes votaciones de otros puntos de la misma ley. Su portavoz, Nerea Kortajarena, ha asegurado durante el pleno que «esto no tiene un pase», que ha habido un error de parlamentarios que no tiene que conllevar la repetición de la votación y ha asegurado que su grupo pedirá un informe de los letrados de la Cámara.

Después, en rueda de prensa, Kortajarena ha anunciado que presentará una reclamación a la Mesa demandando que esa votación sea anulada. Existen precedentes de que incluso ha habido presupuestos aprobados por un error en la votación. La propia Bakartxo Tejeria admitió en 2013 un resultado que le era favorable al PNV aunque el PSE hizo constar que había habido un fallo.

En opinión de EH Bildu, lo ocurrido es «inaceptable y una falta de respeto al Parlamento que su grupo no va a aceptar».