El Parlamento Europeo ha presentado este viernes ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) una demanda contra la Comisión Europea (CE) por no haber comenzado a aplicar las nuevas normas que condicionan la entrega de fondos comunitarios al respeto de los valores del Estado de derecho pese a estar en vigor desde principios de año.

«Como se solicitó en resoluciones parlamentarias, nuestro servicio legal ha iniciado hoy acciones ante el Tribunal de Justicia contra la Comisión Europea por no aplicar la regulación de condicionalidad», ha indicado en un comunicado el presidente de la Eurocámara, David Sassoli.

El Parlamento ha cumplido así con la advertencia que venía haciendo desde hace meses a la Comisión para que aplicase este mecanismo, que permite por primera vez paralizar el desembolso de fondos comunitarios cuando se detecten violaciones de principios del Estado de derecho –como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes– que afecten al buen uso de los mismos.

Máxima tensión con Varsovia y Budapest

La decisión, respaldada por los grupos parlamentarios y la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, llega en un momento de máxima tensión entre Bruselas y Polonia por la sentencia del Tribunal Constitucional de ese país que rechaza la primacía del Derecho comunitario.

Algunos partidos europeos consideran este motivo suficiente para estrenar las normas con Polonia, que junto con Hungría son los socios de la UE que más problemas tienen desde hace años con la Comisión Europea en este ámbito.

Varsovia y Budapest siempre se han opuesto a este mecanismo, que consideran políticamente motivado y dirigido contra ellos. Por este motivo, a finales del año pasado llegaron a bloquear temporalmente la aprobación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y el fondo de recuperación pospandemia.

Finalmente levantaron el veto, pero recurrieron al TJUE para pedir la anulación de esta norma. Pese a que está en vigor desde el pasado 1 de enero, la Comisión Europea quiere esperar a tener el veredicto del tribunal para activarla, aunque asegura que, mientras tanto, ya se están estudiando posibles violaciones del Estado de derecho susceptibles de ser penalizadas.

Pero esto no es suficiente para la Eurocámara, que considera que el Ejecutivo comunitario no está cumpliendo con lo que le exigen los tratados.

Además, el TJUE impuso este miércoles una multa de un millón de euros diarios a Polonia por incumplir la sentencia anterior que le obliga a suspender la aplicación del régimen disciplinario que impone a los jueces del país y que la UE considera una amenaza para la independencia judicial.

Un diálogo que no fructifica

Las demandas para utilizar el mecanismo se incrementaron ya este verano a raíz de la aprobación en Hungría de una ley que limita los derechos de las personas LGTBQI con medidas como prohibir hablar de homosexualidad en los colegios, a lo que se ha sumado recientemente el órdago judicial polaco.

En su cumbre de la semana pasada, los líderes de la UE abogaron por el diálogo con Varsovia para buscar una solución, pero no descartaron sancionar a Polonia, que como Hungría tiene abierto desde hace años un expediente comunitario por sus problemas con el Estado de derecho.

De momento, la Comisión Europea ha postergado la aprobación de los planes de recuperación pospandemia de ambos países hasta resolver dudas a este respecto.