En el año 2020, los agentes de la Policía española y la Guardia Civil destinados en Euskal Herria cobraron 39,5 millones de euros en concepto de plus de peligrosidad. Este es un complemento que se fijó en 1984 como desarrollo del Plan ZEN, una batería de líneas estratégicas en la lucha contra ETA que incluía, según indica su preámbulo, «conseguir la permanencia en la Zona Especial del personal de los Cuerpos de Seguridad del Estado y darle la adecuada formación para que cumplan su misión con eficacia, proporcionándole los medios materiales y técnicos para tal fin».

No todos los agentes cobran lo mismo. El complemento mínimo, que puede percibir un trabajador de oficina destinado a Interior, está en 99 euros al mes. En el otro extremo estarían agentes de la Policía española que pueden alcanzar los 695 euros mensuales de complemento salarial. Por otra parte, el plus no es solo económico, sino que implica alguna que otra ventaja laboral, como más días de vacaciones, etc. 

El plus de peligrosidad no se toca. Según respondió el Ministerio al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu en 2019, en estos diez años sin lucha armada se ha seguido pagando religiosamente (incluso sus cuantías han llegado a ampliarse ligeramente) e Interior «no se plantea la posibilidad de supresión de dicho incentivo en el futuro».

Independientemente de la respuesta, la justificación que pudo tener el plus en origen ya no existe. Por eso agrupaciones de guardias civiles y sindicatos policiales persiguen una nueva denominación: las Zonas de Especial Singularidad, las ZES. 

El debate está abierto ahora. ¿Qué puede implicar que una zona del Estado español se convierta en ZES? Una justificación puede estar en la propia peligrosidad de un lugar. Así, se ha hablado mucho de la posibilidad de que el Campo de Gibraltar, un territorio con gran presencia de narcotráfico, sea una de las nuevas ZES. 

No obstante, esta no sería la única justificación. Los sindicatos y agrupaciones están peleando por que se conviertan en ZES las zonas donde la presencia de independentistas sea importante, debido a  «la presión que ejercen determinados sectores independentistas de crispación y odio hacia el colectivo de la Guardia Civil», en palabras de la AUGC, que renovó ayer su petición para que toda Catalunya se convierta automáticamente en ZES. 

Ya puestos, también para «la España vaciada»

Quienes defienden los ZES no piden quitar el plus de peligrosidad, sino extender el modelo. La AUGC, en concreto, plantea que sea un incentivo que ayude a hacer más atractivos los destinos que menos gustan a agentes de la Guardia Civil. Plantea un ZES para toda la «España vaciada». 

El debate por los ZES no es nuevo. Ahora se reactiva porque sacarlos adelante de forma inmediata requiere de que la consignación económica se contemple en los presupuestos. Vox es el abanderado de que los incentivos para las FSE se multipliquen, sin una reflexión profunda del porqué. Básicamente, Vox defiende los intereses de los suyos. Esto le ha llevado a algún choque con el PP en el Senado. 

La aplicación de un ZES para lugares con una determinada presencia independentista, sin embargo, supone dar por bueno el relato de que efectivamente existe ese «hostigamiento» hacia los FCSE. Y sin embargo, los datos no avalan ese relato. 

Los delitos de atentado contra la autoridad (y agredir un policía o un guardia tiene esta tipificación penal esté de uniforme o no, si el motivo de la agresión es su profesión) son menores en Euskal Herria que en el resto de provincias del Estado, siendo principalmente las zonas de costa y de marcha nocturna las que despuntan por estos delitos. 

Esto no quita para que no pueda ser real que los policías y los guardias civiles que están destinados en Catalunya o Euskal Herria no acaben marchándose, tal y como reivindican estos sindicatos, como el SUP, y agrupaciones como la AUGC. Pero su menor nivel de permanencia puede estar perfectamente justificado por un choque de expectativas, por el hecho de que su forma de pensar, sentir y concebir la realidad sea muy distinto –lógicamente– al de los vecinos de poblaciones con mayor presencia independentista o donde el relato del papel que juegan las FSE es muy distinto del discurso oficial. Simplemente no encajan de la misma manera que en otras partes. De ahí no cabe deducir un hostigamiento. 

La admisión de ZES por, simplemente, la presencia de independentistas en determinadas zonas, además de habilitar una perpetuación del plus peligrosidad más allá del peligro, puede acentuar el sesgo ideológico en los policías y guardias civiles que eligen esos destinos.