Los consejeros de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, y de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, han defendido este martes en comisión del Parlamento de Nafarroa el proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética.

Gómez ha señalado que el proyecto «ha sido participado» porque fue expuesto a información pública en dos ocasiones y el segundo proceso se saldó con 527 aportaciones de grupos ecologistas, ayuntamientos, ONG, empresas y particulares.

Es «ambicioso», ha afirmado, porque remite a la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Nafarroa (KLINa), que fija el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el 45% en 2030 respecto a 2005 y en el 26% respecto a 1990, cuando la ley estatal aprobada recientemente deja ese objetivo en el 23%.

Ha resaltado que, además, incluye un régimen sancionador y contempla la creación de un fondo climático, y no va dirigido solo a la Administración, sino que obliga también a la ciudadanía y a las empresas.

Y es un proyecto «concreto» porque, según ha indicado, no es solo una propuesta «declarativa», sino que también «resuelve cuestiones y no las deja a un desarrollo posterior».

El modelo actual, «sucio y caro»

Irujo, por su parte, ha hecho hincapié en que el sistema energético actual «es ineficiente, sucio y caro». Aunque ha recordado que Nafarroa es pionera en energías renovables, ha señalado que, «aun así, casi el 80% de la energía total que consumimos proviene aún de combustibles fósiles. Eso no puede seguir así».

«Actualmente, uno de cada diez euros que gastamos en Navarra lo utilizamos para comprar fuentes de energía fósil contaminante. Ello nos hace tremendamente dependientes», ha agregado.

El consejero ha comentado que, teniendo en cuenta que el precio del gas ha sufrido un incremento de más de un 250% en lo que va de año, «no hablamos solo de una dependencia tremendamente costosa, sino que también pone en serio riesgo la competitividad de nuestras empresas y ahonda la preocupación por la llamada pobreza energética».

Del proyecto de ley, ha destacado la creación de la Agencia de Transición Energética, «un organismo capaz de dotar a la Administración de una flexibilidad necesaria que permita afrontar gran parte de los retos a los que nos enfrentamos».

Además, las administraciones locales de más de 5.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible y aquellas de más de 25.000 habitantes, planes de reducción de emisiones.